

Por: Bache3000
La historia de la estación de servicio fantasma comenzó mucho antes de que existiera. En 2005, la empresa Navtour pidió por primera vez una habilitación comercial para operar en San Carlos de Bariloche. En 2009 consiguió su primera licencia, que renovó en 2014. Cuando esta expiró en diciembre de 2016, los directivos solicitaron una segunda renovación. Para entonces, el fantasma ya rondaba: el establecimiento no funcionaba, no expendía combustible, no había actividad comercial.
Dos años después, en agosto de 2018, la Dirección de Inspección General de la Municipalidad decidió dar de baja la habilitación y cancelar el trámite de renovación. La empresa reclamó, pero la municipalidad se mantuvo firme.
—No estaban operando —me dice un funcionario municipal que prefiere no ser identificado—. No se puede mantener una habilitación indefinidamente sin actividad comercial.
Hasta aquí, todo parecía seguir los cauces normales de la burocracia municipal argentina: papeles, sellos, firmas, esperas, rechazos. Pero entonces aparecieron los abogados.
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El estudio AyC es conocido en Bariloche. Primero llevó el caso de Navtour en la instancia administrativa. Los socios Mike Domínguez y Damián Vila argumentaron que la municipalidad no había notificado correctamente a la empresa sobre las decisiones tomadas. Cuando fracasaron en sede administrativa, decidieron ir a la justicia.
Primer acto: la Cámara de Apelaciones rechaza la demanda por extemporánea. Los abogados no se rindieron.
Segundo acto: cambian de estrategia. Entra en escena Luciano Stella, bisnieto de una de las fundadoras de Bariloche (Luisa Capraro) y amigo íntimo de Mike Domínguez. Son vecinos en el mismo country, uno frente al otro. Viven a 200 metros, mucho más cerca que lo que la ley permite para dos estaciones de servicio.
Tercer acto: los abogados Domínguez, Vila y Verónica Oviedo —los tres socios de AyC— ya no representan a Navtour. Ahora son testigos en el juicio, declarando que nunca fueron notificados correctamente. El caso da un giro inesperado.
La Cámara de Apelaciones, que antes había rechazado la demanda, ahora admite que se continúe con el reclamo. No le da la razón, simplemente deja que se vuelva al debate. Y más tarde, en noviembre de 2023, falla a favor de Navtour: la municipalidad debe continuar el trámite de renovación donde había quedado.
Pero hay un problema: mientras tanto, se había instalado otra estación de servicio frente al predio de Navtour. Y la normativa municipal es clara: no pueden estar una al lado de la otra.
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Diciembre de 2023. Walter Cortés gana las elecciones municipales. Mike Domínguez, aunque sin cargo oficial, comienza a tener influencia en el municipio como asesor del sindicato de comercio. Envía cartas documento, da órdenes dentro del edificio municipal. La defensa del municipio en el caso Navtour comienza a desmoronarse.
—Es como si hubieran tirado los papeles a la basura —me cuenta otro funcionario municipal—. Dejaron caer la defensa deliberadamente.
Octubre de 2024. Navtour reclama 2.635.565,61 dólares por daños y perjuicios. El municipio, en lugar de apelar o cuestionar semejante cifra, va a mediación y ofrece pagar 900.000 dólares más 90.000 en costas. Casi un millón de dólares de dinero público.
Nadie sabe exactamente cómo calcularon esa cifra. No hubo peritos. No hubo evaluaciones técnicas. Sólo un ofrecimiento, como quien ofrece comprar un terreno o una casa.
En la mediación: del lado de la empresa, Luciano Stella, el amigo de Domínguez. Del lado del municipio... aún no está claro quién estuvo presente. Pero es seguro que Mike Dominguez coordina todas las actuaciones del municipio, y las habla con el intendente. Todos los días el abogado está en los pasillos del municipio, dando órdenes. Hasta sale por los medios opinando sin cargo, de los asuntos municipales. Manda Cartas Docuementos.
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La normativa establece que los municipios sólo pueden pagar indemnizaciones por daños y perjuicios cuando están determinadas por un fallo judicial. Aquí no hubo tal determinación. Sólo un acuerdo extraño entre amigos.
El acuerdo debía pasar por la Comisión de Transacciones. ¿Quiénes la integran? El intendente Walter Cortés, el presidente del Concejo Deliberante Gerardo del Río (también vinculado al sindicato de comercio), y el representante del Tribunal de Cuentas.
¿Y quién es el representante del Tribunal de Cuentas, el organismo que debe controlar que todo esté en regla? Damián Vila. El mismo que es socio de Mike Domínguez en AyC. El mismo que fue testigo a favor de Navtour en el juicio.
—Es un escándalo —me dice un concejal de la oposición—. Es como si el árbitro fuera hermano del dueño de uno de los equipos.
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La resolución N° 586-I-2025 del 8 de abril de 2025 ratifica el acuerdo. La municipalidad pagará casi un millón de dólares a Navtour y a su abogado, en ocho cuotas mensuales.
El Intendente dio su aval. La Asesora Letrada (Presidenta del Colegio de Abogados), dio su aval. El presidente del Concejo también, y no lo informó al Concejo Deliberante. Vila, también dio su aval, cuando se trató en el Tribunal de Cuentas.
¿Los procedimientos incluyen ser juez y parte? ¿Incluyen que los mismos abogados pasen de una función a otra, como actores que cambian de vestuario entre escena y escena?
Mientras tanto, en el terreno de Navtour sigue sin haber una estación de servicio. No hay surtidores, no hay empleados, no hay combustible. Solo hay un millón de dólares de dinero público fluyendo hacia arcas privadas.
Y en Bariloche, la nieve seguirá cayendo este invierno. Los turistas seguirán llegando. Y los negocios, esos que ocurren en los despachos municipales y en las casas de los countries, seguirán prosperando.
Este caso huele a combustible. Pero sobre todo, huele a otra cosa.