Por: Bache3000

En una acalorada sesión del Concejo Deliberante, la concejal Julieta Wallace denunció graves irregularidades en el acuerdo por el cual el municipio pagará un millón de dólares a la empresa Naptur, calificando el proceso como "poco transparente" y advirtiendo sobre posibles responsabilidades penales. "Me la juego a que la comisión que cobraron los abogados se la estan repartiendo", disparó.

La edil cuestionó duramente que la administración actual dejara caer una apelación iniciada por la gestión anterior, permitiendo que quedara firme una sentencia del Contencioso Administrativo que, según enfatizó, "de ninguna manera implicaba un prejuzgamiento condenatorio para la municipalidad". "Dejaron caer la causa", señaló, ya que la apelación no se realizó en diciembre, justo después que asumiera Walter Cortés al municipio.

"¿Qué gestión acuerda un pago de un millón de dólares sobre la base de una sentencia de la gestión anterior sin tener un reclamo judicial firme? Ninguna, salvo que esté metido en el medio que cobren algo", disparó Wallace durante su intervención.

Entre las irregularidades señaladas destaca que parte de los honorarios profesionales, unos 90.000 dólares, serían para un estudio jurídico vinculado al Dr. Vila, quien habría sido previamente asesor de Navtur e incluso testigo de la empresa en el proceso administrativo.

"Se apresuraron a decir que es ventajoso generar un acuerdo de un millón de dólares para el Estado municipal sin siquiera tener una sentencia firme", señaló la concejal, quien exigió conocer cómo se conformó el monto reclamado originalmente de 2.635.000 dólares.

Wallace responsabilizó directamente al presidente del Concejo y al intendente por prestar conformidad al acuerdo y solicitó formalmente la suspensión de los pagos establecidos en la resolución 586/2025 hasta tanto el cuerpo deliberativo defina acciones al respecto.

"Esto va a traer consecuencias. Vamos a pedir la reconsideración de esta resolución en el ámbito administrativo pertinente", anticipó la concejal, dejando entrever posibles acciones judiciales contra los funcionarios involucrados.