Por: Bache3000

El dinero público tiene una cualidad sorprendente: a veces, desaparece sin dejar rastro. Otras veces, deja un rastro tan evidente que resulta casi obsceno.

En San Carlos de Bariloche, ciudad de paisajes dignos de postal, los millones de dólares comienzan a volar como copos de nieve. En octubre de 2024 —hace apenas unos días— el intendente Walter Cortés firmó la Resolución Nº 00001963-I-2024. Un número frío para una transferencia caliente: 367.500 dólares que saldrán de las arcas municipales rumbo a los bolsillos de PowerLink SRL y su abogado.

La excusa oficial es impecable en su vaguedad: "indemnización por incumplimiento" y "a fin de evitar un proceso judicial". No hay sentencia que determine el monto. No hay peritaje que calcule el daño. No hay juez que valide la cifra. Solo un acuerdo en el CIMARC —Centro Integral de Mediación y Arbitraje de Río Negro— y un intendente con firma rápida.

La historia se repite. Como en un déjà vu institucional, hace apenas unas semanas, otra empresa —Navtour SA— se llevó un millón de dólares por el mismo mecanismo: un recurso que el municipio "dejó caer", una negociación express y un cheque generoso. Total acumulado: 1.367.500 dólares.

Dos casos, una coincidencia: el mismo estudio jurídico.

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PowerLink SRL tenía la concesión del Puerto San Carlos, sus amarres y un playón de estacionamiento. Según ellos, invirtieron 350.000 dólares en obras. Luego, el municipio rescindió el contrato. Ahora, por arte de magia jurídica, esa misma cifra —350.000 dólares— es exactamente lo que el municipio considera justo pagarles. Más 17.500 dólares para su abogado, el Dr. Leandro Martínez, que aparece como abogado de la emrpesa. Martínez, también es íntimo de los dos abogados de AyC. El mismo mecanismo que Navtour, pero con distinto nombre.

La matemática municipal tiene esa elegancia: lo que invirtieron es lo que reciben. Como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera habido uso y goce de la concesión, como si las obras hubieran sido entregadas ayer mismo. Y todo a ojo. Nada de jueces que digan si efectivamente hubo daño, y de cuánto.

El texto de la resolución dice que PowerLink reclamaba 424.710 dólares. El municipio les dará 350.000. Alguien, en algún despacho, lo consideró un buen negocio.

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Pero los millones no vuelan solos. Tienen cómplices. Tienen firmas. Tienen respaldo institucional.

Cada uno de estos pagos astronómicos recibe el visto bueno de una entidad llamada "Comisión de Transacciones". Un nombre burocrático que esconde un poder absoluto: decidir cuánto dinero público se entrega sin juicio de por medio.

La comisión tiene un elenco estable: el intendente Walter Cortés, el presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Estanislao Cazaux. Tres hombres con lapiceras poderosas. Tres firmas que valen millones.

Es la misma comisión que aprobó el pago a Navtour SA. La misma que ahora bendice el acuerdo con PowerLink. La misma que, casualmente, nunca parece encontrar reparos en estos pagos millonarios.

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En la terminal de ómnibus de Bariloche, los turistas bajan cargados de expectativas. A pocas cuadras, en el edificio municipal, los fondos públicos suben a vehículos desconocidos.

La coincidencia tiene nombre y apellido: Damián Vila. Abogado. Socio del estudio AyC, que comparte con Mike Domínguez, quien a su vez es el abogado personal del intendente Walter Cortés. Y —aquí viene lo extraordinario— Vila es también vocal del Tribunal de Cuentas del municipio.

Sí, leyó bien: el organismo que debe controlar el uso de los fondos públicos tiene como vocal a un abogado vinculado a las empresas que reciben millonarios pagos sin juicio mediante.

El conflicto de interés es tan evidente que duele a la vista. Como mirar el sol de frente en esas tardes límpidas del Nahuel Huapi.

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El Tribunal de Cuentas tiene en su escritorio varios casos sin resolver: la compra de una hormigonera, maquinarias adquiridas en remate, y "varias investigaciones más que no han tenido resolución y que involucran al intendente y su entorno". Las comillas no son casuales: son las palabras exactas que circulan en los pasillos municipales.

Mientras tanto, los millones vuelan. Seis cuotas de 58.333,33 dólares para PowerLink. La cotización será la del día del pago efectivo. Banco Nación, vendedor, dólar billete.

La precisión para pagar contrasta con la vaguedad para justificar.

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En Bariloche, ciudad partida entre el turismo de lujo y los barrios sin pavimento o gas, los 1.367.500 dólares que el municipio ha decidido entregar a estas empresas —todas vinculadas al mismo estudio jurídico— podrían haber construido viviendas, mejorado los servicios, pavimentado calles. Es más del 1% del preupuesto total del municipio. Un dineral.

En cambio, se esfuman en "acuerdos" que evitan juicios que nadie sabe si se hubieran perdido, por montos que nadie puede explicar cómo se calcularon.

La pregunta flota en el aire frío de la montaña: ¿quién controla al controlador? ¿Quién vigila a la Comisión de Transacciones?

Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, alguien prepara el próximo expediente, la próxima resolución, el próximo pago millonario. La fábrica sigue funcionando.

Y los barilochenses, como siempre, pagan la cuenta.