Por: Bache3000

Suele pasar: no lo vemos aunque esté ahí, delante. Así son las tramas del poder en las ciudades pequeñas. Se tejen despacio, con hilos invisibles, hasta que forman un tejido asfixiante. En Bariloche los hilos tienen nombres, apellidos, vínculos familiares, contratos municipales, y ahora, candidaturas al Colegio de Abogados.

La historia es vieja como el tiempo. O, al menos, tan vieja como la política municipal: un intendente coloca a sus fichas en los espacios clave. Nada nuevo bajo el sol patagónico. Pero hay detalles, siempre hay detalles.

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El intendente pone fichas en lugares clave: claro. Hoy, por ejemplo, Cortés tiene a la presidenta del Colegio de Abogados, Yanina Sánchez, como asesora legal del municipio. La misma que dejó caer una apelación en el caso Navtour —curioso descuido— para luego firmar ella misma el acuerdo millonario con esa empresa. Dinero público que cambia de manos sin que un juez lo ordene. La magia de las mediaciones.

Los números tienen esa frialdad implacable. No mienten. Yanina Sánchez: Secretaria Legal y Técnica municipal. Presidenta del Colegio de Abogados. Designación política.

Todos los acuerdos millonarios, con el aval del Tribunal de Cuentas (el intendente y el Presidente del Concejo), donde dos abogados del mismo estudio —AyC, esas letras otra vez— no objetan nada. Y del lado del ejecutivo, Mike Domínguez, también de AyC, cierra el círculo perfecto. Una trama que va del ejecutivo al control, del control al Colegio de Abogados, y de ahí, de vuelta al principio.

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Los nombres se suceden en las resoluciones municipales como en un desfile. Nombres que se repiten en la Lista Blanca del colegio de abogados, casi como espejo:

Mauro Darío Lezcano: intengrante de la Asesoría Municipal.

Claudia Soledad López: Integrante de la Asesoría Letrada

Pablo Nicolás Guerrero:  Integrante de la Asesoría Letrada municipal. 

Mariano Martín Muñoz: Contratado por la asesoría letrada municipal.

Martín Omar Contreras: Contratado por la asesoría letrada municipal.

Un millón y medio de pesos mensuales, en promedio. Multipliquemos: once abogados. Dieciséis millones y medio de pesos mensuales. Casi doscientos millones al año. Dinero de todos los barilochenses para pagar abogados que, luego, no defienden los intereses de esos mismos contribuyentes sino que acuerdan pagar —sin resistencia, sin pelea jurídica— un millón y medio de dólares a empresas que, casualmente, son clientes de abogados que también trabajan en la municipalidad.

La lógica del negocio es perfecta: cobrar del Estado para no defenderlo. Cobrar del privado para ayudar a que demande. Y en el medio, acuerdos millonarios que fluyen como agua entre las manos. 

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Walter Cortés gobierna Bariloche y sus abogados —los mismos que cobran del erario público, los mismos que deciden sobre conflictos que involucran dinero de todos— quieren ahora controlar también el organismo que debería vigilarlos. La Lista Blanca en las elecciones del Colegio de Abogados es, en realidad, un brazo extendido del municipio. Una paradoja: los controlados quieren ser controladores.

Martín "Mike" Domínguez, candidato a revisor de cuentas: abogado del sindicato de comercio y del propio Cortés. También presidente en funciones del EAMCEC. También, socio del estudio AyC —esas iniciales que aparecen una y otra vez. El mismo estudio que cobra cifras astronómicas del municipio por representar a empresas que ni siquiera iniciaron juicios. Dinero público que se esfuma entre papeles legales. La magia del derecho administrativo.

Las conexiones familiares y de amistad: Gonzalo Pérez Cavanagh, hermano de Leandro Lescano, hombre de la mesa de Juntos Somos Río Negro. Lucas Jankovic Correa, del Tribunal de Cuentas y —otra vez— socio de AyC.

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¿Y ahora quieren el Colegio de Abogados?

La pregunta es inevitable, casi obscena en su simplicidad: si uno de estos abogados contratados por el municipio, trabajando para Cortés, cometiera un ilícito o una falta ética, ¿quién lo controlaría? ¿Sánchez, quien ya está en ambos lados del mostrador? ¿O la lista de abogados que armaron con Cortés? ¿Estos abogados se animarían a ir contra su jefa o jefes?

El perro que se muerde la cola. El controlador que se controla a sí mismo. La justicia que se hace justicia.

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En una ciudad como Bariloche —donde todos se conocen, donde las calles se estrechan hacia el centro igual que los vínculos del poder— el riesgo es evidente. Si los mismos que cobran del municipio controlan a quienes deberían vigilar la ética profesional, ¿quién vigilará a los vigilantes?

Hay algo obsceno en esta pretensión de control total. Algo que recuerda a esos feudos donde el señor era juez, parte y dueño de vidas y haciendas. 

Las elecciones del 30 de abril no son solo por cargos en un colegio profesional. Son por la independencia —esa palabra tan manoseada— de quienes deben garantizar que la justicia no sea solo un nombre vacío.

Mientras tanto, en oficinas con aire acondicionado, los papeles se siguen firmando. Resoluciones municipales que autorizan pagos, contratos, designaciones. La rueda sigue girando y el dinero fluye. Siempre fluye, aunque la ciudad tenga problemas más urgentes que resolver.

¿Alguien se sorprende? Quizás no. Y esa es, tal vez, la mayor tragedia en esta historia de abogados, poder y dinero público: que ya no nos sorprenda.