Por: Bache3000

Hay una técnica antigua: ante un escándalo, organizar una conferencia de prensa. Mostrar papeles. Usar palabras técnicas. Hablar rápido. Mezclar conceptos. Confundir al oyente. Y esperar que el tiempo diluya todo.

Eso hicieron el intendente Cortés y su asesora letrada Yanina Sánchez. Tenían que explicar por qué decidieron pagar casi más un millón de dólares a una empresa sin que existiera un juicio que determinara ese daño. No pudieron.

Vamos por partes:

El juicio que sí existió

Navtour SA, una estación de servicio, presentó un reclamo administrativo contra la Municipalidad de Bariloche por haberle revocado una habilitación. La Cámara de Apelaciones falló que la empresa podía continuar con su reclamo administrativo. Nada más. No determinó daños. No estableció montos indemnizatorios. Simplemente dijo: "Usted puede seguir reclamando". 

Es como si te dieran permiso para presentar un formulario en un mostrador. Nada más que eso.

La confusión deliberada

"El municipio perdió un juicio por daños", afirmó Cortés. Primera gran mentira. El fallo que mostró ante las cámaras solo se refería a un reclamo administrativo. El tribunal simplemente le permitía a la empresa Navtour continuar con su reclamo ante la municipalidad. Nada más. No establecía montos. No determinaba daños. No obligaba a pagar ni un peso.

Un fallo que dice "usted puede reclamar" no es lo mismo que un fallo que dice "usted debe pagar un millón de dólares". Pero para Cortés y Sánchez, parecen ser lo mismo.

El juicio que nunca existió

Aquí está la trampa: el juicio por daños y perjuicios, ese que debería haber determinado si correspondía pagar algo y cuánto, nunca existió. Nunca hubo un proceso judicial donde un magistrado evaluara los supuestos daños, analizara pruebas y determinara montos.

Sin embargo, el municipio fue directo a mediación y pagó 990 mil dólares a Navtour. Y, con el mismo mecanismo, otros 360 mil dólares a Powerlink.

"Pagamos menos de lo que pedía la empresa", fue la segunda afirmación. Técnicamente cierto, tramposo en el fondo. Sin juicio que determinara daño alguno, sin que la municipalidad diera batalla legal, el municipio fue directamente a una mediación y acordó pagar un más de millón de dólares.

Es como si un desconocido te parara en la calle, te dijera que le debes diez millones y vos, sin verificar nada, le pagaras cinco millones "porque te está haciendo un descuento".

La apelación fantasma

"La apelación la dejó caer el gobierno anterior", sostuvo Sánchez. Falso. La fecha de apelación final era el 12 de diciembre, ya con la nueva gestión que había asumido el 8. Hay constancias de la entrega de expedientes de los juicios. Pero esto es, en realidad, irrelevante: el fallo solo permitía el reclamo administrativo, no determinaba daños.

Es como discutir si cerraste bien la puerta mientras te están robando por la ventana. Además, si la gestión anterior hubiera dejado "caer" la apelación, aun así no se justifica el pago millonario, sin juicio mediante.

El abogado invisible

"Damián Vila no figura en ningún lado como apoderado de Navtour", afirmó Sánchez. Aquí la mentira es flagrante. Existen videos donde el propio Vila declara como testigo a favor de Navtour y reconoce haber sido apoderado. Además, figura como apoderado de Powerlink en la Resolución N°00001447-I-2022, otra empresa que —¡casualidad!— también cobró 350 mil dólares en circunstancias similares.

Lo más llamativo: ¿por qué el Ejecutivo sale a defender a un miembro de otro poder? ¿A qué vino esa defensa no solicitada?

El juicio fantasma

"La municipalidad perdió un juicio por daños", insistieron. Pero no existe tal juicio. El fallo que mostraron se refiere a un reclamo administrativo, no a una sentencia por daños y perjuicios.

El pago de 900 mil dólares —más 90 mil al abogado— fue simplemente algo que la Comisión de Transacciones decidió pagar. Sin tasación independiente. Sin valoración judicial. Sin peritaje.

Lo que no dijeron

Ni Cortés ni Sánchez mencionaron que Mike Domínguez, abogado del intendente, tiene como socio a Damián Vila, quien casualmente es abogado de las dos únicas empresas que obtuvieron estas "mediaciones exprés" para cobrar sumas millonarias en dólares.

Tampoco explicaron por qué el municipio no esperó a que un juez determinara si efectivamente existía un daño y cuál era su monto —algo obligatorio para tener una referencia objetiva y no de amiguismo.

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Cuando una administración decide pagar un millón de dólares sin juicio mediante, sin tasación independiente, y con tantas conexiones personales, la palabra "sospecha" queda corta. Más aún cuando se intenta justificar con mentiras envueltas en lenguaje técnico.

Los barilochenses tendrán que pagar esos dólares. Los amigos del poder ya los cobraron.