Por: Bache3000

"Nueva modalidad que hay en Bariloche", dice el concejal Costa Brutten, y define: "El juicio exprés significa que sin ir a juicio, el particular obtiene el beneficio directamente a través de un grupo de abogados".

La escena se desarrolla en el recinto del Concejo Deliberante, donde a pedido de los concejales opositores, la doctora Yanina Sánchez —asesora letrada del Ejecutivo— comparece para intentar explicar lo inexplicable: por qué la Municipalidad decidió pagarle un millón de dólares a la empresa Navtour sin que existiera un juicio por daños y perjuicios ni una sentencia condenatoria.

El debate se vuelve un ping-pong de evasivas.

—Teniendo un equipo de abogados y en este caso en vez de defender con ese equipo de abogados al Estado, ¿por qué no se utilizó para este caso específico? —insiste Costa Brutten.

La doctora Sánchez se escabulle: "Si usted considera que defender al Estado es llevar adelante todo un proceso para que la municipalidad pague el triple de lo que nos estaban pidiendo, bueno, son criterios, doctor".

Criterios. La palabra flota en el aire como si fuera suficiente para justificar un millón de dólares.

---

El intendente no está. Nunca está cuando hay que dar explicaciones. Ha enviado a su asesora letrada como escudo. Detrás del escudo, un entramado de abogados, contactos y millones. Delante, los concejales opositores que exigen respuestas.

"¿Por qué usted que es asesora letrada del municipio permite sentado al lado del intendente que asegure que el municipio había perdido un juicio por daños y perjuicios, lo cual le pido si usted ratifica o no?", dispara Costa Brutten.

La respuesta es un reconocimiento velado: "Lo que quiso decir es una mediación extrajudicial". No hay juicio. No hay sentencia. Hay un acuerdo express con empresas vinculadas —casualmente— a Mike Domínguez, abogado personal del intendente Walter Cortés, y a Damián Vila, miembro del Tribunal de Cuentas que debería controlar este tipo de operaciones.

El presidente del Concejo, Gerardo Del Río, intenta defender lo indefendible: "Con estos antecedentes y viendo la posibilidad de que no avance un juicio, porque acá, a ver, es fácil decir 'sí, que vaya a juicio' y con los antecedentes que tenemos, lo más probable es que se pierda."

---

La concejal Julieta Wallace no se conforma con discursos políticos. Quiere técnica, precisión, documentos: "Dígame, hablen con precisión, con exactitud. Estamos hablando que prestó la conformidad para el pago de un millón de dólares del erario público. Usted me tiene que decir: la empresa solicitó esto, adujo esto, así se conforma la liquidación".

Del Río no responde. Se escuda en la asesora letrada. La asesora letrada remite al expediente. El expediente, curiosamente, no estaba disponible hasta ese mismo día.

"Estamos depositando la voluntad del cuerpo legislativo en la asesora letrada del departamento Ejecutivo y eso atenta a uno de los principios básicos de la República, que es la división de poderes", sentencia Wallace.

---

Los hilos se tensan cuando Wallace pregunta directamente: "¿Usted tiene o no tiene el dictamen del artículo 10 de la Ordenanza 116?" El silencio del Presidente del Concejo es elocuente.

La doctora Sánchez intenta justificar lo injustificable con una perorata sobre plazos procesales, la transición de gobierno y 250 causas pendientes. "Cuando a nosotros nos elevan el único informe que tomamos conocimiento, apenas ingresamos, no nos dan ninguna indicación, nada".

Demasiadas coincidencias: una apelación que no se fundamenta justo en el cambio de gestión, una sentencia que no condena a pagar daños pero que se utiliza como excusa, un pago millonario que beneficia a un estudio vinculado al intendente y a quien debería controlar las cuentas públicas.

Pero Wallace retruca: la fecha que se dijo en los medios, es el 12 de diciembre, ustedes habían asumido el 8. Podrían haber presentado un recurso para tener más días. Y no lo hicieron. 

---

Hora y media después, el espectáculo se vuelve circular. La asesora letrada, Yanina Sánchez, repite una y otra vez los mismos argumentos gastados: que la gestión anterior dejó caer la apelación, que tuvieron poco tiempo para actuar. Un disco rayado de excusas que no convence a nadie.

"El plazo para fundar la apelación vencía el 11 de diciembre a las 9:30 de la mañana... nosotros teníamos dos primeras horas del día 11, 250 causas que no nos habían informado en forma previa".

Wallace no cede terreno: "¿Cómo le surge a usted o qué evidencia tiene? ¿O cómo puede probar usted que el Estado municipal le causó un daño a la empresa?" El silencio es la única respuesta. Porque, en definitva, no importa si Navtour ganaba ese juicio, porque simplemente lo habilitaba a seguir el trámite en la municipalidad. 

Costa Brutten va al corazón del asunto: "Lo que está iniciado o lo que había estado iniciado es una mediación extrajudicial. Y lo que usted considera, concejal, el juicio exprés, es donde un grupo de abogados genera un beneficio sin ir a juicio para un privado del Estado".

Gerardo del Río, desesperado, intenta que las explicaciones las den siempre las abogadas. Como director de orquesta de una sinfonía desafinada, desvía cada pregunta incómoda hacia el equipo jurídico. "A nosotros nos traen un expediente para analizar. Dentro de ese expediente se lleva adelante todo el análisis de la documentación presentada", repite como un mantra sin sustancia.

Wallace insiste en la división de poderes: "Nosotros como cuerpo necesitamos la explicación del Presidente junto al asesor letrada. ¿Por qué no podemos tener la documentación? ¿Y cómo se fundó la decisión de prestar esa conformidad?"

De pronto, sin aviso, la asesora letrada abandona su asiento. "Sale a tomar aire", murmuran algunos. Testigos la describen visiblemente impactada, nerviosa, temblorosa. Nunca regresa a la mesa. El interrogatorio queda trunco, las preguntas más incisivas, sin respuesta. La funcionaria que vino a dar explicaciones se esfuma como el dinero público que intentaba justificar.

En ningún momento de la extensa sesión, ni el presidente del Concejo ni los representantes del Ejecutivo pueden explicar o mostrar un solo papel que justifique por qué le pagaron un millón y medio de dólares a esas empresas —Navtour, Powerlink, o Rowing— mediante mediaciones exprés, sin que nadie determinara si realmente existió un perjuicio que justificara semejante desembolso. Y todo en dólares, claro.

---

Facudno Villalba, Natalia Almonacid, Roxana Ferreyra, y Samanta Echenique no pudieron hablar, ni preguntar. La silla y las explicaciones legales se habían ido. Villalba le preguntó a Gerardo del Río si estaba de acuerdo con la mentira del intendente, que el día anterior dijoen conferencia de prensa: el municipio perdió el juicio. Del Río, no sabía que responder, y respondió lo peor: no voy a opinar, dijo. 

Alomancid apuntó a Del Río. Le dijo: ¿si usted va en representación de este cuerpo, en qué momento pensó que nosotros íbamos a estar de acuerdo con aprobar estos pagos? El presidente del Concejo, dijo: se me olvidó, tengo muchas cosas. Bla, bla.

Mientras en el recinto siguen las explicaciones que no explican nada, afuera en las calles mojadas de Bariloche, la gente no sabe que acaba de perder un millón y medio de dólares. O tal vez ya lo sospecha, cansada de ver cómo se repite la historia una y otra vez, con distintos protagonistas pero el mismo desenlace: el dinero público que se esfuma en bolsillos privados.

La industria del juicio exprés acaba de nacer en Bariloche. Sus fundadores celebran en silencio.

La buena noticia: los concejales votaron para detener los pagos