Por: Bache3000

Siete concejales firmaron dos notas explosivas. Siete nombres que decidieron alzar la voz: Julieta Wallace, Leandro Costa Brutten, Facundo Villalba, Natalia Almonacid, Laura Totonelli, Juan Pablo Ferrari y Roxana Ferreyra. Los otros cuatro —tres del oficialismo (PUL) y Samanta Echenique (PRO)— prefirieron votar en contra. 

El motivo de la rebelión es un documento misterioso: el Dictamen 1/2025 de la Comisión General de Transacciones. Un papel que nadie vio pero que autoriza a transferir 900.000 dólares —más 90.000 en honorarios— a una empresa llamada NAVTOUR S.A. Casi un millón de dólares de los contribuyentes de Bariloche.

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Los concejales rebeldes se enteraron de la existencia del acuerdo el 16 de abril, casi por casualidad, al analizar una resolución publicada en el Boletín Oficial el día anterior. La resolución N° 586-I-2025 ratificaba un acuerdo celebrado en octubre de 2024 ante el CIMARC, un centro de mediación. Un acuerdo que nadie les había consultado.

"No existen fundamentos técnico legales para pagar un millón de dólares", escriben en su carta al intendente Walter Cortés. El presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, supuestamente los representaba en esa comisión de transacciones, pero actuó por su cuenta. O quizás no: ayer, en conferencia de prensa, el intendente Cortés y su asesora letrada Yanina Sánchez afirmaron lo contrario, sosteniendo que todo se hizo según las normas y con pleno conocimiento del Concejo.

Alguien miente. Los papeles dicen que la verdad está del lado de los siete concejales firmantes.

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En la nota dirigida al intendente, los ediles citan textualmente lo que dijo el presidente del Concejo: "Claramente mi representación dentro de transacciones es en representación del Cuerpo. El cuerpo hoy está haciendo una manifestación con respecto a esta resolución... Yo dentro de la Comisión de Transacciones estoy en representación del cuerpo, tengo que aceptar lo que el cuerpo determine".

El segundo documento, dirigido a Del Río, es más crudo: "ESTAMOS EN DESACUERDO del aval institucional que Usted brindó al acuerdo", escriben, exigiendo que manifieste públicamente ese desacuerdo ante la Comisión.

La resolución municipal ratifica un acuerdo surgido de una demanda de NAVTOUR contra el municipio. La empresa reclamaba 2.635.000 dólares por supuestos daños y perjuicios. Sorprendentemente, la sentencia judicial de esa causa no condenó al municipio a pagar un solo peso: solo ordenó continuar un procedimiento administrativo. Pero de algún modo, en el CIMARC, alguien decidió que el municipio debía pagar 900.000 dólares.

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Ahora viene lo más turbio: el estudio jurídico que representa a NAVTOUR tendría vínculos con el asesor jurídico personal del intendente. Y un integrante del Tribunal de Contralor, Damián Vila, fue apoderado de la empresa beneficiada y luego testigo en la causa contra el municipio.

"Confraternidad entre fiscalizadores y fiscalizados", diría mi abuela. O en criollo más directo: la misma persona que debería controlar al intendente estaría vinculada a quienes reciben un pago millonario de las arcas municipales.

Los concejales citan, además, un episodio inquietante: la secretaria legal y técnica del municipio "no fundó un recurso" en la causa judicial, lo que tuvo como consecuencia que se lo declarara "desierto". ¿Error o estrategia? ¿Negligencia o algo peor?

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El sol se pone sobre el Nahuel Huapi. Los turistas siguen comprando chocolates y tomando fotos del lago. La mayoría de los barilochenses probablemente ignora que casi un millón de dólares está por salir de las arcas municipales.

Siete concejales exigen explicaciones. Cuatro callan. Un presidente del Concejo que admite representar a todos y luego actúa en solitario. Un intendente y su asesora que ayer desmentían lo que hoy confirman los papeles.

Hay algo en el aire de Bariloche. Y no huele bien.