

Por: Bache3000
Fabio Sgagarbossa: Hay mucho para hablar sobre este tema con Navtour. ¿Qué es lo más preocupante de toda esta situación?
Marcela González Abdala: Lo preocupante y quizás lo novedoso para la gente, aunque nosotros lo venimos viendo y ustedes lo vienen resaltando en distintos temas, es el verdadero poder que aparece detrás de Walter Cortez. Este poder oscuro, este poder fantasma, casi como la estación de servicio, es quien está manejando las cuestiones del municipio por detrás de lo que uno ve, detrás de la asesora letrada, detrás del Intendente. Este poder que por supuesto no tiene cargos, con lo cual no tiene responsabilidad ante la comunidad, no se sienta en una conferencia de prensa a dar explicaciones, no va al Concejo tampoco. Y esto es un entramado muy preocupante para la ciudad de Bariloche.
Fabio Sgagarbossa: ¿Qué pasó ayer en el Concejo Municipal?
Marcela González Abdala: Lo que pasó ayer en el Concejo, esta falta de poder dar explicaciones... ¿Por qué la asesora letrada termina levantándose y yéndose del Concejo? Porque no puede explicar algo que verdaderamente es inexplicable. Tampoco lo puede hacer el presidente del Concejo. Si alguien miraba la expresión corporal de las personas que estuvieron ayer en ese Concejo, la verdad es que hablaban más que las palabras. El Presidente intentaba que alguna de las dos abogadas explicara lo que habían hecho y ninguna de las dos pudo hacerlo.
Hay que valorar lo que sucedió ayer en el Concejo Municipal. Para esto sirve la división de poderes, por eso es tan importante y por eso es tan atacada por el Intendente. Quiero resaltar la participación de todos los bloques: Leandro Costa Brutten fue muy agudo, Facundo Villalba con sus manifestaciones, Julieta Wallace estuvo excelente, cada uno con su estilo y fundamentación. Natalia Almonacid estuvo impecable explicando cómo se maneja una comisión de transacción. Todos los que participaron, incluyendo a Roxana Ferreira, cumplieron con su obligación de llevar la voz de los vecinos.
Fabio Sgagarbossa: Hay mucha confusión sobre la sentencia de la Cámara Civil. ¿Podría aclararnos este punto?
Marcela González Abdala: La sentencia se refiere puntualmente al acto administrativo sobre habilitación comercial. Recordemos que acá estamos hablando de una habilitación comercial que cayó allá por 2018 que la empresa reclama. Ese es el principio del conflicto. Lo que dice la Cámara es que ese proceso no fue correcto y que debe revisarse, pero no falla sobre la cuestión de fondo.
La Cámara declara la nulidad del Acta 144, que era la que daba de baja de oficio la habilitación comercial. También hay que poner de manifiesto que Naptur adquiere esa propiedad en 2007 a través de una subasta. En el mismo edicto de subasta dice que allí hacía algunos años funcionaba una estación de servicio. Esta estación viene sin funcionar hace muchos años, no es desde 2018, ni desde el gobierno de Gennuso, ni siquiera desde el gobierno de Martín.
Lo que estaban tratando de hacer era confundir. El contencioso administrativo tiene como objeto solamente el acto administrativo de la baja de la habilitación y en cuanto a temas de notificación, porque había un ardid en la empresa: cambiaban constantemente los domicilios para no poder ser notificados. Tuvieron al menos 4 o 5 domicilios diferentes.
Fabio Sgagarbossa: ¿Cómo se llegó a ese acuerdo por 900.000 dólares?
Marcela González Abdala: Ayer quedó en claro en el Concejo porque concejales muy preparados pudieron sostener todas las irregularidades que tuvo este proceso. ¿De qué manera el Ejecutivo, que es quien lleva la Comisión de Transacciones, y después el resto de los representantes de los otros poderes llegaron a 900.000 dólares? ¿Cómo lo demostraron, cómo llegaron a ese número si no había una pericia contable?
Le temblaba la voz a la asesora letrada del Concejo Municipal, no lo podía explicar. Estamos hablando de una empresa que, como quedó de manifiesto ayer, había tenido habilitación solamente por algunos meses del 2020. Cuando la asesora letrada arrancó su relato, dijo que el reclamo era desde 2016 al 2020. ¿Cómo demostraron el lucro cesante de una empresa que no estaba ni siquiera dada de alta, como lo dejó de manifiesto Natalia Almonacid? ¿Cómo probaron si era una empresa que no estaba de alta en AFIP, que no había tenido habilitación para funcionar, que estaba cerrada, que incluso el municipio estaba notificado de que si la estación de servicio comenzaba a funcionar, debían clausurarla?
Fabio Sgagarbossa: ¿Hay otra irregularidad en el acuerdo que quiera destacar?
Marcela González Abdala: En la propia resolución que dan a conocer el 8 de abril, dice que ese acuerdo había sido firmado en el CIMARC. El CIMARC es el centro de mediación, donde cuando uno inicia un juicio de daños y perjuicios o cualquier otro juicio ordinario, tiene la obligación de iniciar primero una mediación que es previa y obligatoria.
Pues bien, el acuerdo no fue finalizado en el CIMARC porque si uno tiene acceso a ese formulario, lo que dice es que la mediación fue cerrada sin acuerdo, con lo cual —y ayer también lo reconoció la asesora letrada— ese convenio que dice que está Navtour representado por el doctor Estela y que está el municipio representado por la doctora Yanina Sánchez, frente a una mediadora, no tiene la firma de la mediadora, no tiene intervención del CIMARC. Con lo cual ese acuerdo no fue firmado en el CIMARC. Es gravísimo, es un acuerdo nulo porque no es verdad lo que dice el propio acuerdo.
Fabio Sgagarbossa: Durante la conferencia de prensa del intendente se le atribuyó cierta responsabilidad a usted...
Marcela González Abdala: Yo escuchaba también a Yanina Sánchez en la conferencia de prensa intentando endilgarme algún tipo de responsabilidad. Ella manifestó que yo había hecho entrega de un informe en el mes de octubre a Mike Domínguez, donde yo decía que iba a salir una sentencia, pero que no indicaba que había que apelarla.
La verdad, no sé si reírme o llorar, porque realmente un abogado que se precie de tal no puede pedir que otro abogado haga futurismo y sepa cómo va a salir una sentencia. Pero además, va de suyo, sobre todo si uno es abogado del Estado, que no es lo mismo que ser abogado de un privado porque acá estamos manejando fondos públicos, que si la sentencia salía en contra del municipio, había que apelarla y había que sostener el recurso. Eso se hace siempre.
Fabio Sgagarbossa: Este caso parece tener una gravedad institucional mayor que otras polémicas de la gestión actual...
Marcela González Abdala: La verdad es que sí. Esto ha pasado todo tipo de límites. Y por eso yo digo que esta maniobra y esta forma que tiene el intendente de culpar a todas las personas, de amenazarnos con llevarnos a la justicia... Pero ojalá que lo haga. Estoy absolutamente tranquila de lo que estoy diciendo porque a mí me respalda la documentación, me respaldan las normas y me respalda una gestión que se llevó adelante de manera legal.
Fabio Sgagarbossa: Hay que mencionar que existe un estudio jurídico hoy en el gobierno que tuvo interés particular en esto...
Marcela González Abdala: Sí, y también Vila participó del proceso, aunque la doctora Sánchez dijo que no. Por más que él se declaró apoderado, lo hemos visto. En el proceso judicial él participa como testigo, no como abogado de parte. Pero sí, lo he dicho, él participó en las gestiones previas, en este ida y vuelta que uno tiene cuando está en el municipio con todos los actores de la comunidad. Quienes se acercaban a charlar conmigo en la Sala de Situación del Palacio eran eventualmente alguna vez Mike Domínguez, alguna vez Damián Vila.
Leo Carrizo: Muchas gracias por acercarse para poder esclarecer algunos datos más, especialmente porque la habían mencionado como responsable de que el gobierno no pudiera seguir adelante con su defensa. Y además porque hay una amenaza o advertencia del intendente de llevarla a la justicia.
Marcela González Abdala: Si me permiten un minuto más. Lo mismo que me ha pasado a mí es lo que le está pasando a la comunidad. El intendente intenta excusarse y culpar a todo el resto porque no puede demostrar una obra desde que ha iniciado. Las únicas obras que anuncia son las que nosotros hemos dejado: el puente del IPPV del barrio 150 viviendas, el puente de Wülders que lo dejamos comprado y no lo han terminado, el gimnasio del kilómetro 13 que tampoco han terminado. Incluso dicen que no lo quieren terminar aún para que la gente no se acuerde que esas obras las dejamos nosotros.
Y las únicas cosas que ha hecho, como comprar la hormigonera y las máquinas con sobreprecio, están teñidas o por lo menos sospechadas de corrupción. Entonces yo le pido lo mismo que le pedí ayer a través de mis redes sociales: que se ocupe de gobernar, que se ocupe de mejorar la calidad de vida de los barilochenses, que para eso está en el lugar que está. El municipio no está para favorecer negocios de los privados, está para favorecer a la comunidad.
Cuando él culpa a todo el mundo de sus males, yo lo que le pido es que deje de destruir todo, que deje de amenazar a todo el mundo. La gente tiene miedo, los comerciantes tienen miedo de hablar, los empresarios tienen miedo de hablar, los representantes de las instituciones tienen miedo de hablar. Yo no tengo miedo de hablar porque no tengo nada que ocultar. Estoy muy tranquila con todo mi actuar porque lo he hecho siempre de buena fe. Yo nací y me crié en esta ciudad y formé mi familia en esta ciudad. Mi mamá es antigua pobladora de la ciudad, yo camino con la frente en alto. Me emociono porque la verdad que amo a Bariloche, trabajo, me metí en política para cambiar la realidad de los barilochenses y no voy a ser cómplice de este gobierno y no voy a ser cómplice de nadie que quiera destruir a la ciudad.