Por: Bache3000

"Hay cuestiones de forma que hacen obviamente al contenido. Una de ellas es un expediente que no está foliado, lo cual no es menor porque cuando un expediente no está foliado se le pueden meter en el medio algunas cuestiones", advirtió Wallace durante su intervención.

Entre las irregularidades más graves señaladas por la concejal destaca que el dictamen de la Comisión General de Transacciones solo cuenta con la firma de la Secretaria Yanina Sánchez (Legal y Técnica Municipal), cuando debería tener la rúbrica de los tres representantes para ser válido.

"El dictamen número uno tiene la firma solo de Yanina Sánchez, es inválido. Tienen que tener la firma de los tres representantes", enfatizó Wallace, quien agregó que si bien existe un acta con las tres firmas fechada el 25 de febrero, el dictamen posterior del 3 de marzo carece de las firmas necesarias.

Reclamos por lucro cesante injustificados

Según explicó la concejal, el caso involucra un reclamo por parte de una empresa de combustibles por "lucro cesante" desde 2019 hasta 2023, incluyendo ventas de combustibles, lubricantes e ingresos por un Mini Shop.

"La empresa reclama lucro cesante, que es lo que hace el abultado número de 2.635.000 desde el 28 de agosto del 2018 al 6 de febrero del 2024", señaló Wallace, quien contrastó esta información con los datos oficiales.

Una de las inconsistencias más graves radica en que la empresa reclamó por pérdidas durante varios años, cuando la Secretaría de Energía, a través del Ministerio de Economía, certifica que "solo operaba o tenía la habilitación para la venta de combustibles líquidos desde el 18 de mayo del 2020 al 23 de diciembre del 2020".

"De ninguna manera debió tomarse como lucro cesante todos estos años que establece la estación de servicio porque no estaba habilitada para la venta de combustibles. Recordemos que la venta de combustibles no es la venta de cigarrillos en un kiosco, tiene sus especificaciones técnicas, hay cuestiones de seguridad, cuestiones ambientales y cuestiones que hacen a la posibilidad de tener stock", enfatizó.

Documentación incompleta y cuestionamientos sobre prioridades de pago

La concejal también denunció que el acuerdo del CIMARC (Centro Integral de Mediación y Arbitraje) no estaba inicialmente en el expediente y tuvo que solicitarlo a la asesora letrada. Al revisarlo, constató que "la única firma que consta son la de la doctora Sánchez y la del doctor Estela, no está la firma de la mediadora, que es la que da fe al acto de la mediación".

"Esto es nulo de nulo absoluto, tiene vicios de forma y de fondo que claramente no respetaron el procedimiento administrativo adecuado", sentenció Wallace.

Además, cuestionó duramente el criterio para dar prioridad a este pago: "Hoy ingresó una nota de los forestales donde le dicen: 'Hace un año que te estoy pidiendo que me pagues un contrato que tiene con proveedores del municipio, contrato en pesos, y la Comisión de Transacciones no le paga y sin embargo avanza en este acuerdo'".

"¿Cómo yo no voy a decir 'me están cargando otra vez'? ¿Cuál es el juicio razonable de valor que se hizo para establecer tirar todos los expedientes que vienen en la cola para el pago y poner este arriba de la mesa cuando uno advierte que está el doctor Domínguez en el medio, el doctor Stella, el doctor Vila, y el asesor del Estado del Tribunal de Contralor?", cuestionó.

Wallace dirigió fuertes críticas al presidente del Concejo Deliberante: "Yo realmente no puedo creer que su accionar haya sido de esa manera, porque usted podría haber convocado a los presidentes de bloque. Fue como caballito sin mirar acostado y estampó una firma en un acta, no en el dictamen. Entonces ahí usted sí tiene una salida para revisar este acuerdo".

La denuncia expone serias dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso que autorizó el millonario pago, mientras otros proveedores municipales continúan esperando el pago de sus servicios