Por: Bache3000

Leandro Costa Brutten fue contundente al señalar que "la estación de servicio nunca vendió un litro de nafta" y denunció que Navtour habría utilizado como base para su reclamo los ingresos de otra estación de servicio (Puma) para calcular supuestos daños por lucro cesante durante cinco años.

"Alegaron que la empresa AGIP comenzó a funcionar en enero de 2017, pero averiguamos que no había ninguna estación de servicio AGIP en todo el país en enero de 2017. La primera fue en julio de ese año y en Capital Federal", explicó Costa Brutten. El concejal calificó el procedimiento como "extraordinariamente grave" y adelantó que presentará una denuncia por actuación "con real malicia" contra la Secretaria de Hacienda, que según él "viene a consolidar este procedimiento que está denunciado".

"Lo que han hecho no solo es grave, sino que es indefendible. Pero es más escandaloso, señor Presidente, que continúen adelante con esta situación, que pretendan consolidar lo que han hecho", agregó el edil.

Julieta Wallace denunció que el pago de la primera cuota de $123.271.000 se realizó con inusual celeridad: "Se comprometió los fondos públicos el 18 de marzo, las resoluciones son del 8 de abril y dos días después, el 10 de abril, se hace efectivo el pago de la primera cuota".

La concejala señaló que la Secretaria de Hacienda, Carina Ondarcuhu, no esperó a la publicación en el Boletín Oficial de la resolución y por tanto a los 8 días de plazo que establece la normativa.

El punto más álgido de la sesión se produjo cuando Natalia Almonacid bajó al recinto para denunciar que el oficialismo le impedía acceder a los originales del expediente, que además no estaban foliados.

"Me dicen que puedo verlo pero no escanearlo. El expediente no está ni siquiera foliado, no tiene un solo folio, Presidente. Yo tengo que tomarme el trabajo de ver qué es lo que usted me quiere poner a disposición", reclamó Almonacid visiblemente molesta.

Costa Brutten también señaló vínculos entre la empresa Navtour y funcionarios actuales del municipio: "El doctor Damián Villa, integrante del Tribunal de Contralor, fue apoderado de Navtour, y el recientemente designado asesor del Intendente Walter Cortés, Martín Domínguez, actuó como testigo de Navtour".

Facundo Villalba expresó su indignación por la falta de respuestas: "Hace tres legislativas preguntando lo mismo y las respuestas no llegan". El concejal denunció irregularidades en el manejo del expediente: "Nos dieron un expediente diciendo que era el expediente y después el expediente era más grande, faltaban cosas, estamos viendo el expediente que no tiene folio, no está foliado, no sabes qué hoja es del expediente, cuál no está. Todo muy raro".

Villalba fue directo al cuestionar por qué "se le paga a una empresa sin juicio, sin fallo de daños y perjuicios, se arregla extrajudicialmente, cuando hay incontables casos de proveedores del Estado que habiendo incluso dado los servicios al estado municipal, no se le paga". El edil propuso citar al intendente Walter Cortés, único firmante del acta en representación de sí mismo, pero indicó que "ahí ya no estamos todos de acuerdo, ahí los votos no están".

Roxana Ferreyra, manifestó su preocupación por el monto involucrado: "Con un millón de dólares en esta ciudad, con tantas necesidades y tanta falta de infraestructura, estamos pagando acá un juicio que reconoce solo el intendente en una conferencia de prensa".

Juan Pablo Ferrari manifestó que "estamos hace 3 semanas en un dimes y diretes en el medio sumergido por falta de información" y agregó que "lo peor que nos puede pasar como representantes del pueblo es no poder dar explicación".

Por su parte, Samanta Echenique expresó que "si hay motivo para que se determine responsabilidad, que se determine y que después terminen además poniendo el dinero que corresponde poner".

Mientras la oposición exige respuestas, el oficialismo mantiene un hermético silencio, y el caso Navtour amenaza con convertirse en un escándalo judicial de proporciones mayores para la gestión municipal de Bariloche.