Por: Bache3000

Nunca hubo una gota de combustible. Nunca se encendió un surtidor. Nunca se vendió un chicle en el kiosco de la estación. Pero el municipio de Bariloche acaba de pagarle un millón de dólares a una empresa por las ganancias que no obtuvo con un negocio que nunca existió.

Todo esto, no es nada secreto. Está en el expediente que los concejales tuvieron que arrancarle al ejecutivo porque no quería entregarlo. Y luego, por suerte,un concejal lo leyó completo. Las inconsistencias en la presentación de Navtour, son increíbles. Y el ocultamiento del oficialismo para justificar el pago, llamativo.

Leandro Costa Brutten, muestra el expediente. Allí, acaba de dejar al desnudo un escándalo que combina lo más rancio de la política argentina: firmas falsas, cambios de domicilio sospechosos, funcionarios jugando a dos puntas y un pago millonario sin sentencia judicial mediante.

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"La actual gestión de Walter Cortés y la comisión de transacciones han dejado a los barilochenses indefensos ante una maniobra de extraordinaria gravedad que logró quedarse con un millón de dólares sin juicio ni defensa alguna", dice Leandro Costa Brutten. El concejal habla con la vehemencia de quien ha destapado una olla podrida. Los papeles se acumulan en su escritorio: expedientes, dictámenes, contratos truchos.

Lo que Costa Brutten denomina "la industria del juicio express en Bariloche" tiene en el caso NAVTOUR S.A. su ejemplo paradigmático. Un expediente plagado de irregularidades que, sin embargo, terminó con el municipio entregando novecientos mil dólares a la empresa, más otros noventa mil en concepto de honorarios al abogado Luciano Stella.

El caso tiene sus raíces en la gestión anterior, la del intendente Gustavo Gennuso, pero floreció —con frutos venenosos— en la actual administración de Walter Cortés. Y en el medio, una serie de personajes que aparecen y desaparecen, cambian de sombrero, firman donde no deben.

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La abogada municipal de la gestión Gennuso había advertido sobre las inconsistencias en las firmas presentadas en el expediente.

Además, se evidenció la existencia de tres firmas distintas de una misma persona: Miguel Ángel Ricchiardi, quien se había presentado ante el municipio como socio gerente de la estación de servicio. Todos, documentos que son la base legal del pedido de licencia.

También llamó la atención sobre una maniobra insólita: múltiples cambios de domicilio legal de NAVTOUR S.A., incluyendo el del estudio jurídico de Martín "Mike" Domínguez, actual asesor del intendente Cortés, y testigo en favor de la empresa. Y una cosa más: fue quien recibió el listado de juicios pendientes antes que Cortés asumiera. 

El expediente revela una estrategia sistemática: cada vez que el municipio rechazaba la habilitación de licencia para la estación de servicio, NAVTOUR S.A. cambiaba su domicilio legal y volvía a intentarlo. Como un camaleón administrativo, la empresa mutaba de dirección en dirección, dejando un rastro de papeles. En uno de esos documentos —precisamente cuando se rechazó la habilitación— aparece la firma de Damián Vila como abogado de la empresa. La misma persona que hoy integra el Tribunal de Cuentas municipal y que, según la asesora legal de Cortés, nunca representó a NAVTOUR. Las pruebas dicen lo contrario. En el expediente, su firma aparece clara como el agua del Nahuel Huapi: Vila defendía entonces los intereses de una empresa que después se llevaría un millón de dólares del municipio donde él ahora es funcionario.

El concejal Costa Brutten lo tiene documentado: Vila presentó una apelación en el procedimiento administrativo como "letrado apoderado" de NAVTOUR, algo que la actual asesora legal municipal (Yanina Sánchez) —mano derecha de Cortés— había negado ante el Concejo Deliberante y en conferencia de prensa, ante la mirada de toda la ciudad. Pero, al revisar el expediente, la firma y sello de Damián Vila, aparece al menos 17 veces. ¿Por qué el ejecutivo lo negó?

"He determinado la existencia de firmas falsas insertas en documentación del expediente administrativo y contratos de comodatos que han sido firmados por una empresa en quiebra, RUCA-CON S.A.", explica Costa Brutten mientras señala documentos donde las aclaraciones de firmas presentan errores groseros en los apellidos.

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La diferencia entre administraciones es tajante. Mientras la gestión Gennuso se negaba a pagar e iba ganando la discusión administrativa,  la actual dio un giro de 180 grados: no presentó apelación en tiempo y forma y terminó entregando el millón de dólares a través de la Comisión de Transacciones. Sin juicio mediante. Solamente un juicio por daños puede determinar si hubo daño, y de cuánto fue. En este caso, eso no existió.

"El abogado Luciano Stella reclamó sin fundamentos ni prueba alguna montos de dinero por daños y perjuicios, calculando desde enero de 2019", explica Costa Brutten, "a pesar de que la primera estación Gulf de Argentina recién comenzó a operar el 4 de julio de 2019 en Buenos Aires". Y agrega un detalle fundamental: para calcular la supuesta ganancia perdida por una estación que nunca vendió combustible, tomaron como referencia la recaudación de otra estación marca PUMA, "que sí ha funcionado pagando impuestos y sueldos de empleados con gastos".

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La trama se completa con un grupo de abogados "con intereses y ubicados a ambos lados del mostrador", según denuncia el concejal. Representan a una empresa y simultáneamente detentan cargos en el municipio de Bariloche.

En el expediente también aparece una contadora como apoderada de NAVTOUR para el trámite de habilitación comercial ante el municipio. Los hilos se conectan, las responsabilidades se diluyen, el dinero cambia de manos.

Un millón de dólares por una estación fantasma. Un millón que salió de las arcas municipales sin que mediara sentencia judicial. Un millón que podría haberse destinado a obras, servicios o el salario de empleados que sí trabajan.

En Bariloche, mientras tanto, la lluvia cae sobre el lago, sobre las calles con pozos. Los turistas sacan fotos. Y el negocio de los "juicios express" sigue funcionando a toda máquina.