Por: Bache3000

El dictamen, firmado por el procurador Jorge Crespo y respaldado por el STJ, determinó que la presentación no reunía los requisitos legales necesarios para proceder con este tipo de acción constitucional. Específicamente, el tribunal señaló que no se demostró "urgencia extrema", "daño irreparable" ni "ilegalidad manifiesta" en la negativa del gobierno a brindar la información solicitada.

La controversia se originó cuando el bloque legislativo Vamos con Todos, liderado por Berros, junto a los legisladores Patricia McKidd y Santiago Ibarrolaza, elevaron reiterados pedidos de informes dirigidos principalmente a la aseguradora estatal Horizonte, mediante la cual se habría concretado la contratación de Dienst Consulting.

"¿Qué esconde el gobierno provincial que mientras el ministro Gatti celebra la baja de las licencias de los estatales, se niegan a mostrar los números de cuánto nos cuesta la consultora y cómo se hizo la contratación?", había cuestionado Berros durante la presentación del pedido.

Según manifestaron los legisladores, las respuestas obtenidas hasta ahora solo incluyeron decretos de 1996 que crean la firma Horizonte y le otorgan facultad para el control del presentismo laboral, junto a normativa nacional sobre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. También se aportaron documentos de inscripción notarial de Dienst en Personas Jurídicas, nombres de directivos, actas de constitución de la Sociedad Anónima, inscripción en AFIP y un "listado poco exhaustivo" de controles realizados.

Sin embargo, los datos sobre el procedimiento de contratación, el monto total, plazos de ejecución y tareas específicas encomendadas a la empresa para el control del ausentismo permanecen sin revelar.

Fundamentos del rechazo

La Procuración General, en su dictamen adoptado por el STJ, reconoció que el legislador estaba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunían los requisitos formales exigidos por la normativa vigente. Especialmente, señaló que no se había demostrado un "rehusamiento expreso" por parte de los organismos interpelados.

El dictamen también destacó que parte de la información solicitada ya había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A. mediante informes previos cursados a la Legislatura, los cuales detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora.

Entre los puntos que el bloque opositor buscaba esclarecer figuraba si la empresa aparecía en un listado publicado por la AFIP en 2014, que incluía a compañías acusadas de utilizar facturación apócrifa. Los legisladores cuestionaban si una empresa con estos antecedentes podía ser proveedora del Estado provincial.

También solicitaban información sobre el perfil de los profesionales que componen el equipo de Dienst y la cantidad y ubicación de sus consultorios, ya que según Berros "llama la atención que las auditorías médicas, en lugar de realizarse de manera presencial en cada localidad de la provincia, se llevan a cabo en muchos casos a distancias considerables".

Contexto legal

La presentación se había basado en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa, invocando el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional. La acción buscaba que distintas áreas del Poder Ejecutivo —entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte— entregaran copia del contrato.

El STJ, sin embargo, determinó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional, dejando sin efecto el reclamo legislativo por el momento.

El caso pone de relieve las tensiones entre el gobierno provincial y la oposición respecto a la transparencia en las contrataciones públicas, particularmente en un área sensible como el control del ausentismo laboral de los empleados estatales.