Por: Bache3000

El tribunal, integrado por los jueces Jorge Serra, María de los Ángeles Pérez Pysny y Alejandra Paolino, desestimó completamente las pretensiones del Ejecutivo municipal, que había intentado consignar judicialmente los salarios correspondientes a diciembre de 2024 de los miembros de la Comisión Directiva del sindicato. Esta decisión, había sido del intendente, que hoy recibe un resulatdo brutal: además de pagar todos los sueldos adeudados, el municipio deberá afrontar las costas por 8 millones de pesos. 

El fallo, fechado el 6 de mayo, sostiene que no se configuraba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 904 del Código Civil y Comercial para justificar la consignación judicial de los haberes. "No se ha invocado que existiera mora imputable a los trabajadores para la percepción de los salarios consignados judicialmente", señala el documento.

Argumentos desestimados

La administración municipal argumentaba que los dirigentes sindicales no habían acreditado el cumplimiento de requisitos establecidos en el Estatuto del Empleado Municipal y citaba el artículo 9 de la Ley 23.551 para justificar la retención. Sin embargo, el tribunal determinó que los acreedores estaban perfectamente identificados y que no había "falta de certeza" sobre a quién debería efectuarse el pago.

El Dr. Jorge Serra, en su voto rector, aplicó la "teoría de los actos propios", destacando que la municipalidad había aplicado durante años la Ordenanza 137-C-88 que regula el régimen de licencias gremiales, y que no podía contradecir ahora su conducta anterior sin un acto administrativo formal.

"Siguiendo el principio de continuidad de la personalidad del Municipio como persona jurídica de derecho público, dicha norma que establece el régimen de licencias gremiales habría sido aplicada durante años por el Gobierno Municipal", señala el fallo, agregando que cualquier cambio de criterio debería haberse formalizado mediante los procedimientos administrativos correspondientes.

Como resultado del fallo adverso, el municipio deberá no sólo abonar los salarios retenidos correspondientes a diciembre de 2024 y meses subsiguientes, sino también afrontar las costas del proceso judicial, que incluyen honorarios profesionales por más de 8 millones de pesos.

El tribunal reguló los honorarios del Dr. Gonzalo Nicolás Ojeda, representante de los trabajadores, en $4.303.039, mientras que los de las Dras. Yanina Sánchez, Claudia Soledad López y el Dr. Pablo Guerrero, representantes municipales, fueron fijados en conjunto en $3.833.617. Todo, más IVA, lo que lleva la suma a unos 11 millones de pesos.

Aunque el SOYEM había solicitado que se aplicara una sanción por temeridad y malicia contra la municipalidad, el tribunal rechazó este pedido considerando que no se configuraban los extremos necesarios para tal sanción.

Fuentes cercanas a los trabajadores afectados indican que podrían iniciar acciones por daños causados durante los meses que estuvieron sin percibir sus haberes, lo que podría aumentar aún más el costo para las arcas municipales, gracias a la decisión del Intendente. 

Hace unos días atrás dijo que los daños al patrimonio serían pagados por los funcionarios con sus propios salarios. ¿Pagará los 8 millones?