Por: Bache3000

Una reciente encuesta realizada por Bache3000 entre 641 residentes de la ciudad pone en evidencia la grave crisis habitacional que atraviesa Bariloche. Los resultados son contundentes: un abrumador 87% de los encuestados destina la mitad o más de su salario mensual al pago del alquiler, muy por encima de lo que los especialistas consideran saludable para la economía familiar. Hace unos años, el porcentaje rodaba el 60% en la ciudad, como promedio.

El estudio muestra un panorama alarmante donde un 5% de los encuestados destina el 100% de su salario al alquiler; un 4% destina el 90%; un 12% destina el 80%; un 19% destina el 70%; un 22% destina el 60% y un 25% destina el 50%. En el otro extremo, apenas un 6% destina el 40% de sus ingresos, un 4% destina el 30%, un escaso 1% destina el 20% y solo un 2% logra destinar únicamente el 10% de sus ingresos a la vivienda.

Proyectando estos datos a la población total de Bariloche, estimada en 180.000 habitantes, podríamos estar hablando de aproximadamente 37 mil personas personas que viven con la mitad o más de sus ingresos comprometidos para mantener un techo. Particularmente grave es la situación de aquellos que destinan entre el 80% y 100% de sus salarios al alquiler, que en general son jovenes o jubilados.

Según los estándares internacionales en economía familiar, los gastos de vivienda no deberían superar el 30% de los ingresos del hogar para considerarse sostenibles. Sin embargo, en Bariloche, los datos revelan que apenas un 7% de los encuestados logra mantenerse dentro de este rango aconsejado. Cuando una familia destina más del 50% de sus ingresos al alquiler, inevitablemente debe recortar en otras necesidades básicas, lo que afecta significativamente su calidad de vida.

La inflación, el mercado turístico que reduce drásticamente la oferta de alquileres permanentes, la escasez de vivienda y los salarios estancados configuran un coctel explosivo para los residentes permanentes. Los datos revelan que el 40% de los encuestados destina entre el 70% y el 100% de sus ingresos al alquiler, una situación que hace virtualmente imposible cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud y educación.

La gestión de Cortés y la emergencia habitacional

Mientras los datos evidencian una crisis sin precedentes, la gestión del intendente Cortés ha demostrado una notable desconexión entre su discurso público y las acciones concretas implementadas para abordar el problema habitacional. Las declaraciones del mandatario municipal sobre la necesidad de que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza de emergencia habitacional contrastan con la verificada ausencia de impulso formal a la iniciativa desde el Ejecutivo.

Un análisis del trabajo legislativo revela que ni el propio intendente ha presentado un proyecto concreto para declarar la emergencia habitacional, ni sus tres concejales oficialistas han trabajado propuestas en las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante. Este vacío entre la retórica pública y las acciones institucionales alimenta la percepción de que las declaraciones sobre la crisis habitacional responden más a una estrategia comunicacional que a un genuino interés por resolver el problema.

El tema se ha complejizado además por las preocupaciones expresadas en el Concejo Deliberante sobre los verdaderos objetivos detrás de una eventual declaración de emergencia. Diversas fuentes del legislativo municipal han manifestado inquietud sobre la posibilidad de que el mecanismo de emergencia se utilice para facilitar la aprobación acelerada de proyectos urbanísticos vinculados a desarrolladores inmobiliarios con antecedentes problemáticos.

Las actas de sesiones recientes del Concejo evidencian que varios ediles han señalado los riesgos de aprobar medidas excepcionales que podrían beneficiar a empresarios que actualmente enfrentan causas en la justicia por incumplimientos en la entrega de lotes, deficiencias en la provisión de servicios básicos comprometidos y otras irregularidades que han perjudicado tanto a compradores particulares como al patrimonio municipal.

La controversia se agudiza al constatar que algunas de las zonas propuestas para nuevos desarrollos urbanísticos bajo el paraguas de la emergencia habitacional coinciden con terrenos en manos de empresas que ya han tenido conflictos con el municipio por incumplimientos contractuales previos.

Especialistas en política urbana y economía local coinciden en señalar que la actual gestión municipal ha desperdiciado valiosas oportunidades para implementar soluciones efectivas, como podría ser una regulación específica para equilibrar el mercado inmobiliario, incentivos fiscales para propietarios que ofrezcan alquileres permanentes, programas de créditos accesibles para la compra de vivienda o el desarrollo de planes habitacionales públicos transparentes. También, una política de control de viviendas de alquiler turístico informal, que existen en más de 5 mil.

El análisis de las ordenanzas aprobadas durante los últimos dos años apenas tres tienen relación con la problemática habitacional, y ninguna de ellas aborda de manera integral la crisis de acceso a la vivienda que afecta a la ciudad. Esta inacción legislativa, combinada con la falta de programas ejecutivos concretos, ha contribuido a profundizar una situación donde la gran mayoría de los barilochenses continúa destinando una proporción insostenible de sus ingresos al alquiler, en una ciudad donde el contraste entre el paraíso turístico y la realidad habitacional de sus residentes es cada día más evidente.