Por: Bache3000

El concejal Hercingonja explicó que el proyecto reformulado es una modificación del presentado en noviembre del año pasado. Entre las principales modificaciones se encuentran un aporte del 1% de la base imponible por parte de las aplicaciones al municipio, requisito de residencia de 3 años para los conductores, y categoría de licencia tipo 1, según sugerencia del Director de Transporte.

Carlos Di Franco, presidente de la Asociación de Taxis, manifestó su total oposición al proyecto, señalando varias preocupaciones: "Estamos en total oposición de extranjerizar el transporte en la ciudad," afirmó Di Franco, quien también cuestionó el porcentaje de aporte propuesto: "Ya bajó, porque la comisión pasada era del 2%. O sea, ya se quedó un punto en el camino."

Di Franco advirtió sobre el impacto económico que las plataformas causarían no solo al sector de taxis y remises, sino también al transporte urbano de pasajeros: "La competencia de estas aplicaciones empieza a ser tan baja con los premios que empieza a afectar al transporte urbano... sabemos que hay 200 personas que trabajan en el transporte urbano."

Utilizando una metáfora para ilustrar la situación económica, añadió: "Nosotros teníamos una pizza de 8 porciones para comer entre cuatro comensales. Hoy tenemos una pizza de cuatro porciones para comer entre 8 comensales."

La concejala Roxana Ferreyra cuestionó el enfoque del proyecto: "¿Por qué se busca regular las plataformas digitales y no el servicio de transporte privado de pasajeros?" También expresó dudas sobre el mecanismo de recaudación: "Me cuesta entender cómo Uber va a hacer una transferencia bancaria al municipio por ser una empresa radicada en el exterior."

Por su parte, la concejala Laura Totonelli señaló inconsistencias entre los fundamentos y el articulado del proyecto, y destacó que "el problema por el cual estas plataformas adquieren protagonismo es porque está fallando otro de los subsistemas" como el transporte público de pasajeros, especialmente en horarios nocturnos.

Natalia Almonacid, quien participó en el debate, señaló que actualmente las aplicaciones están prohibidas en Bariloche por una resolución del ex intendente Gustavo Gennuso, pero continúan operando debido a la falta de control. "Me parece que tenemos la obligación de avanzar en una regulación", expresó Almonacid, quien también mencionó un fallo de la ciudad de Córdoba donde se obligó a la Municipalidad a regularlas para evitar una competencia desleal.

Almonacid sugirió: "Para poder avanzar en una discusión seria, deberíamos tener documentación sobre si las plataformas como Uber, Cabify, Didi, que no son de índole local, están inscriptas y cuál es su situación fiscal tributaria en Argentina."

Julieta Wallace, otra de las participantes, cuestionó la redacción del proyecto respecto a las habilitaciones comerciales. "Este proyecto no busca regular plataformas digitales... busca crear una nueva categoría dentro del transporte urbano y me parece que eso es lo que hace tan difícil el debate", afirmó Wallace, añadiendo que "esto es un nuevo sistema de transporte con todas las letras. Si hoy ya tenemos esa regulación, y se llama taxis y remises."

Durante el debate también surgieron preocupaciones sobre la forma en que se implementaría el sistema de habilitaciones, dado que el proyecto hace referencia a la ordenanza 3018 (Código único de Habilitaciones) sin especificar qué aspectos de esa ordenanza aplicarían.

La Comisión acordó solicitar un informe a la asesora contable Lilian Barony sobre la situación fiscal-tributaria de las plataformas digitales, para conocer su inscripción a nivel nacional, provincial y municipal antes de continuar con el tratamiento del proyecto.

El debate continúa mostrando la tensión entre la necesidad de regular un servicio que ya opera de facto en la ciudad y las preocupaciones sobre el impacto económico en el sistema de transporte existente.