Por: Bache3000

A pesar de estar programada para iniciar operaciones el 1 de enero, la ATUR sigue sin arrancar a mediados de 2025. Contra todo pronóstico, no ha sido la burocracia estatal sino los propios empresarios quienes han obstaculizado su funcionamiento.

El gobernador Alberto Weretilneck estableció un directorio de 14 miembros que trabajan sin remuneración, compuesto por 10 empresarios del sector turístico provincial y 4 representantes del gobierno. Sin embargo, las tensiones emergieron incluso antes de conformarse esta estructura.

El principal punto de conflicto ha sido la designación del director ejecutivo. Aunque Weretilneck tenía la facultad de nombrarlo directamente, delegó esta responsabilidad al sector privado, desatando una batalla de intereses regionales.

Desde Bariloche propusieron a Diego Piquín, actual gerente de Emprotur con diez años de experiencia en el cargo, pero su candidatura generó resistencia en las otras regiones turísticas: la Estepa, el Valle y la Zona Atlántica.

El desacuerdo ha llevado a la decisión de realizar un concurso público, donde ya comienzan a surgir controversias en la definición de requisitos. Uno particularmente polémico exige residencia permanente en Río Negro, condición que parece diseñada específicamente para excluir a Piquín, quien divide su tiempo entre Bariloche y Buenos Aires.

El empresariado de Bariloche, que genera la mayor parte del ingreso turístico provincial, siente que está perdiendo relevancia en la nueva estructura. Esta percepción se intensificó cuando el gobernador incumplió su promesa de asignar la presidencia de la ATUR a un representante de Bariloche, designando en su lugar al cipoleño Fabián Gatti, ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo y persona de su extrema confianza.

La reciente designación de Marisol Martínez, ex secretaria de Turismo de Las Grutas, como subsecretaria provincial de Turismo, ha aumentado aún más la tensión. Los empresarios barilochenses esperaban al menos asegurar el puesto del director ejecutivo, pero ahora enfrentan la incertidumbre de un concurso público con reglas que perciben como desfavorables.

Mientras tanto, los cuatro ministros provinciales que integran el directorio observan el conflicto sin intervenir, prolongando una parálisis que ya lleva casi medio año y pone en riesgo la temporada turística invernal.