Según documentos oficiales obtenidos tras insistentes pedidos de acceso a la información pública liderados por el legislador José Luis Berros, el contrato firmado en julio de 2024 establece un pago anual de más de 3.500 millones de pesos de recursos públicos a esta consultora privada.

El acuerdo contempla un desembolso mensual inicial de 292 millones de pesos para auditar las licencias médicas de aproximadamente 52.000 empleados públicos, lo que representa un costo de 5.615,38 pesos mensuales por cada trabajador estatal controlado.

Lo más llamativo del contrato es la cláusula de actualización automática que protege los ingresos de la empresa privada: el canon se ajusta semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta disposición ya elevó el costo mensual por empleado a 6.508 pesos desde marzo, incrementando el pago mensual a casi 350 millones de pesos. Además, si la inflación supera el 15% en cualquier semestre, se activa una actualización inmediata, blindando completamente los ingresos reales de la consultora.

"Mientras ajustan salarios y recortan programas sociales, blindan ganancias para una empresa privada. El contrato demuestra un privilegio descarado que se quiso esconder bajo siete llaves", denunció el legislador Berros, quien debió enfrentar múltiples obstáculos para acceder a esta información, incluyendo un bloqueo inicial del Superior Tribunal de Justicia antes de que la administración provincial finalmente emitiera el informe tras las denuncias públicas.