Por: Bache3000

Una reciente encuesta realizada por Bache300 revela que la inmensa mayoría de los barilochenses considera que existió corrupción en el controversial caso de la estación de servicios Navtour, que le costará al municipio cerca de un millón de dólares sin que el proyecto haya funcionado jamás.

Con una muestra de 538 participantes, los resultados son contundentes: el 84% de los encuestados calificó el caso como un claro ejemplo de corrupción, mientras apenas un 2% lo consideró "un trámite más, normal".

El escándalo Navtour involucra el pago de 900.000 dólares más 90.000 dólares en honorarios a una empresa que nunca logró operar como estación de servicios en el kilómetro 12 de la avenida Bustillo, luego de un acuerdo extrajudicial firmado por la actual gestión municipal.

Lo que ha generado mayor indignación entre los vecinos es la red de vínculos entre los funcionarios municipales y los abogados representantes de la empresa. El actual intendente Walter Cortés mantiene estrechas relaciones con los letrados que representaron a Navtour, isobretodo con Martín "Mike" Domínguez (actual vocero del intendente y abogado personal), que es socio de Damián Vila (hoy vocal del Tribunal de Contralor), quien fuera el apoderado y testigo de la empresa contra el municipio.

Una "estación fantasma" que nunca funcionó

Documentos oficiales revelan que Navtour no contaba con habilitación vigente para operar como estación de servicios durante gran parte del período en disputa. Según la Dirección Nacional de Economía y Regulación, la sede barilochense de Navtour fue autorizada a operar recién el 18 de mayo de 2020 y se dio de baja en diciembre del mismo año.

A pesar de estos datos, el municipio decidió pagar la millonaria suma por supuestos "daños y perjuicios", aunque varios concejales han denunciado que no existe una sentencia judicial firme que obligue a semejante desembolso.

Concejales de distintos bloques políticos han expresado públicamente su rechazo al acuerdo. Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) calificó el acuerdo como "ilegal e ilegítimo" y advirtiendo que "hay muchas y serias irregularidades" en el proceso.

La edil Roxana Ferreyra calificó la situación como "un cachivache que no tiene ninguna explicación lógica" y manifestó su preocupación por la falta de transparencia.

El concejal Facundo Villalba se sumó a las críticas y firmó, junto a Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten, un proyecto de ordenanza para "abrogar" la resolución que el intendente Cortés se niega a revisar. Costa Brutten, por su parte, cuestionó duramente el procedimiento durante una sesión del Concejo, cuando interrogó a la asesora letrada del municipio sobre los fundamentos del acuerdo: "¿Por qué se fijó un millón de dólares? ¿En base a qué cálculo se definió semejante cifra, generando un honorario extraordinario para un abogado del entorno?"

Otros resultados de la encuesta

El sondeo de Bache300 también muestra que:

• Un 4% de los encuestados considera que hubo un "desvío de fondos"
• Otro 4% indicó que "no sabe, hay que investigar"
• Un 4% reconoció no saber qué es Navtour
• Apenas un 2% cree que "se logró pagar menos"

Mientras el debate político se intensifica, los pagos comprometidos por la municipalidad ya habrían comenzado a ejecutarse (excepto el abogado Luciano Stella, que todavia no presentó la factura para su corbro). La ciudadanía espera respuestas claras sobre un caso que, según la contundente opinión popular, representa un grave caso de corrupción que afecta las arcas municipales en tiempos de recursos escasos.

Llamado a la intervención judicial

Ante la magnitud del escándalo y las acusaciones cruzadas, voces ciudadanas y políticas coinciden en que el caso debe ser llevado a la justicia para determinar si existió corrupción y quiénes fueron los responsables.

Es particularmente preocupante la situación de "doble rol" que habrían jugado algunos actores claves, quienes aparentemente estuvieron "de los dos lados del mostrador" e influyeron en la Comisión de Transacciones (integrada por el intendente, el presidente del Concejo Deliberante y el presidente del Tribunal de Cuentas) para evitar que se forzara un juicio en favor de la municipalidad.

Una investigación judicial independiente podría determinar si hubo administración fraudulenta de fondos públicos y si existieron conflictos de interés que comprometieron la defensa de los recursos municipales.

La encuesta de Bache300 deja en evidencia que, más allá de las explicaciones oficiales, los barilochenses tienen un veredicto claro sobre este controversial acuerdo.