Por: Bache3000

Algunas telarañas comienzan así: invisible, fina, casi imperceptible. Y después: los hilos. Y después: el cruce de los hilos. Y después: la red que atrapa, sujeta, envuelve, domina.

Los Whpei tejieron bien.

Los Whpei entendieron que en Argentina el poder no es un sitio: es una red de vínculos que se estira y se contrae según convenga. Que enreda presidentes: Alberto, claro. Que captura jueces: Bailaque, obvio. Que atrapa a los funcionarios: Vaudagna, ese arrepentido. Y que teje, además, algo fundamental para quien quiere ser poderoso en provincias: compra portales digitales en Rosario, siembra emisoras en Santa Fe, extiende sus tentáculos hasta El Cordillerano en Bariloche —ese medio que mama del presupuesto municipal a través de una teta llamada pauta. El poder mediático, el dinero público, la capacidad de construir y demoler reputaciones: un cóctel perfecto.

Pero vayamos al principio, cuando todavía el presidente no era presidente sino un consultor que armaba informes de coyuntura supuestamente impecables —aunque nadie los recuerda— para cobrarle a sus clientes y armarse una vida lejos de los despachos oficiales que alguna vez había ocupado.

Alberto Fernández tenía una consultora y los números no mienten. Durante diez años —la década en que estuvo lejos del Estado— Fernández tuvo como cliente privilegiado al broker Héctor Martínez Sosa. Pero hay más: también facturaba a una empresa de los hermanos Fernando y Guillermo Whpei, esos hombres con "enorme poder económico en Santa Fe y en otras provincias", como dice el expediente.

Un dato: Fernando fue detenido esta semana por armar una causa junto a un juez federal y a un jefe regional de la AFIP. Sí, por "armar una causa": por fabricar un expediente para después extorsionar.

No importa tanto el monto que Fernández cobró del grupo financiero Union, de los hermanos Whpei. Los números registrados por la PROCELAC, según un informe exclusivo al que accedió el periodista Nicolás Pizzi, hablan de facturas emitidas en 2009, 2013 y 2019. En ese último año, la facturación fue de 660.000 pesos —unos 13.000 dólares de aquella época. No es mucho. Pero el poder no siempre se mide en cifras sino en contactos, en influencias, en esa capacidad para abrir o cerrar puertas.

Poder es lo que Guillermo Whpei exhibía en abril de 2019, cuando Fernández —todavía no era candidato a presidente— participó de la inauguración del Museo de la Democracia en Rosario y se fotografió junto a él. Una foto que ahora resulta incómoda. Una foto que ahora pesa.

Alguien cercano al entonces futuro presidente dijo que "su vínculo era con Guillermo a través de Rosario Lufrano". La misma Lufrano que después dirigiría RTA.

La madeja se extiende.

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El lado oscuro tiene nombres. Fernando Whpei y el juez federal Marcelo Bailaque son amigos. Más que amigos: son cómplices. La acusación formal contra el magistrado es demoledora: extorsión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Un menú completo de delitos para un juez federal.

Todo empezó con una comida, un asado, ese ritual argentino donde a veces se cocina algo más que carne. La reunión fue en el quincho del edificio de Bailaque. Estaban el juez, Whpei, un periodista que ya falleció y Carlos Vaudagna, el entonces titular de ARCA (ex AFIP) de Rosario y Santa Fe. Allí decidieron "armar" una causa contra los financistas Jorge Oneto y Claudio Iglesias. La excusa: supuestas maniobras para lavar dinero del narcotráfico. El objetivo real: extorsionarlos.

El primer paso fue una denuncia anónima en la AFIP el 14 de agosto de 2019. Vaudagna la presentó en el juzgado federal número 4 de Rosario. El timing fue perfecto: ese día Bailaque estaba de turno. Los engranajes comenzaban a girar.

Con la causa en marcha, había que cobrar. Whpei contactó a Iglesias mediante un amigo. El mensaje fue claro: "Hay una alternativa para que vos lo soluciones, yo soy amigo personal del juez que tiene tu causa". El precio inicial: 200.000 dólares. Una cifra que después se reduciría en las negociaciones.

El primer pago fue de 40.000 dólares en octubre de 2019, en las oficinas de Whpei. Los financistas pensaron que habían logrado frenar la investigación. Se equivocaron: el 1 de noviembre se realizaron varios allanamientos. El mensaje era claro: necesitaban pagar más. Y pagaron. Un segundo pago de 10.000 dólares en 2020. Dos pagos más en 2021. El último, en 2022. El total: 160.000 dólares para desactivar una causa fraguada.

La trama salió a la luz cuando Vaudagna se quebró y decidió declarar como arrepentido. Explicó que no podía negarse a los pedidos de Whpei porque era "muy poderoso". Y luego dejó caer nombres pesados: "En la inauguración del Museo de la Democracia estaba Alberto Fernández... él (por Whpei) tenían relaciones con la familia Kirchner... mucha relación con Macri. No eran gente a la cual uno le podía discutir cosas", se excusó.

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El Grupo Union, de los hermanos Whpei, no es cualquier empresa. Nació en Santa Fe y creció "de manera descomunal" a partir de créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias. Luego comenzó un proceso de desvinculación. En marzo de 2018, la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que formaba parte del Grupo, vendió su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company. Esa operación terminó también en los tribunales.

Un vocero de los Whpei asegura que "en la actualidad no son titulares ni directores del Grupo Unión". Pero los fiscales que investigan las causas contra el juez Bailaque sostienen que el Grupo Unión "siempre estuvo asociado a los Whpei".

La última arista del escándalo también involucra a Bailaque y a los Whpei: el juez autorizó el pedido de interventores para desbloquear fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín, y transferirlos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que pertenece al Grupo Unión, cuyo responsable es Fernando Whpei, su amigo.

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Mientras tanto, aquí en Bariloche, lejos de los escándalos judiciales de Rosario, el nombre Whpei también resuena. Son los dueños de El Cordillerano, uno de los medios digitales que más pauta publicitaria recibe del municipio local. La penetración mediática como otra forma de poder: controlar el relato, decidir qué se publica y qué no, construir agenda.

La investigación de Nicolás Pizzi deja al descubierto no solo los vínculos de los Whpei con Alberto Fernández, sino esta maraña donde se confunden negocios, política y Justicia. Un entramado donde las facturas a un presidente se cruzan con causas armadas en tribunales, donde los medios de comunicación sirven como herramienta de influencia y donde la pauta oficial es la savia que nutre todo el sistema.

La telaraña es perfecta: cada hilo está en su lugar. Pero resulta que ahora uno de sus tejedores está preso, un juez federal tiene prisión preventiva dictada y el viento de las investigaciones sopla cada vez más fuerte. Quizás sea como dijo alguna vez Ricardo Piglia: "En Argentina, los finales son siempre policiales". O al menos, judiciales.