Por: Bache3000

El triángulo de Las Chacras, ese rincón verde antes de doblar para AMEC donde los chicos juegan, tiene huellas frescas. No son de niños. Son de máquinas pesadas. La tierra removida cuenta una historia de viernes por la tarde, a las 18 horas, cuando los vecinos vieron lo que nunca debió ocurrir: retroexcavadoras y camiones municipales extrayendo áridos de un lugar declarado intangible.

Lo que ocurrió no es una simple infracción administrativa. Es un delito. El saqueo de una zona protegida por la Carta Orgánica. El Estado municipal violando sus propias normas.

La Carta Orgánica es clara. El papel es paciente. La burocracia, confusa. La justicia, ausente.

"No tengo conocimiento", dijo Jaime Brecca, el Delegado de El Cóndor cuando los vecinos, ingenuos, creyeron que bastaba con alertar a quien debería cuidar lo que es de todos. "Voy a averiguar", prometió, y la promesa quedó flotando en el aire como el polvo que levantan los camiones al marcharse.

Los vecinos son custodios viejos de este predio. Han visto antes cómo los particulares intentaban usurparlo. Nunca pensaron que sería el propio municipio quien vendría a vulnerar lo que la justicia había declarado como lugar para "no innovar". Palabras técnicas que significan algo simple: dejen esto como está.

No lo dejaron como estaba.

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La extracción ilegal de áridos es solo un eslabón en una cadena de irregularidades que debería ser investigada a fondo. La hormigonera municipal, comprada a una comunidad gitana con antecedentes penales al triple de su valor real y encima usada. Los camiones mixer, adquiridos sin respetar la consulta de precios que el propio gobierno de Cortés realizó antes de comprar. El hormigón que produce esta maquinaria de irregularidades, vendido a precios inexplicables.

La ironía perversa: aunque el ripio ahora lo extraen sin costo de una zona prohibida, los cien metros de cuadras pavimentadas le cuestan al erario público cien millones. El doble de lo que cobraría una empresa privada que ya tiene toda la infraestructura armada y paga por sus áridos legalmente.

La matemática del despilfarro no cierra. La del delito, sí.

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La Comisaría 80 tiene sus propias reglas. "Si no es in fraganti, no podemos hacer nada", les dijeron. Las fotos de las huellas de máquinas no alcanzaban. Los testimonios tampoco. "Alertá al barrio", sugirieron, como quien delega en civiles lo que corresponde a uniformados.

Parques Nacionales avisó a la guardia del Limay. Una nota quedó archivada. Una alarma silenciosa.

En la Secretaría de Obras Públicas, el absurdo se hizo explicación: "Es para que los vehículos no se escapen de los controles viales". Luego, como quien deja escapar un secreto, alguien preguntó inocente: "¿Ya empezaron a sacar?".

Los vecinos siguieron su peregrinación burocrática. En Minería confirmaron lo obvio con un acta: la municipalidad extrae sin autorización. El mismo Estado que exige permisos, no se los pide a sí mismo. Les dijeron además que ya estaban sacando de más en la cantera militar.

"Fue la junta vecinal quien autorizó", dijo alguien del municipio, como si una junta pudiera autorizar lo que está prohibido. Como si pudiera ceder lo que no es suyo.

El intendente había confesado días antes: "No tenemos ripio". La ecuación es simple. La hormigonera municipal necesita material y lo toma de donde sea, aunque sea delito.

El espacio intangible se volvió tangible bajo las ruedas.

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Por Las Chacras bajan tres caudales por gravedad desde tres puntos distintos. La naturaleza hace su trabajo desde hace milenios. Las máquinas municipales podrían interrumpirlo en cuestión de días.

"Llamen al 911 si vuelven", recomendó el fiscal de turno. Este lunes no aparecieron. Por ahora.

Los vecinos dejaron un escrito en Minería con todo su recorrido. Un documento que cuenta cómo intentaron evitar que el Estado hiciera lo que no habían logrado los particulares: vulnerar un espacio protegido.

La Carta Orgánica declaró intangible este rincón. Pero las palabras no detienen máquinas. Solo los vecinos parecen recordar lo que dicen esas palabras.

Y vigilan. Y denuncian. Y escriben. Y recorren oficinas.

Mientras tanto, la justicia debería investigar no sólo este episodio, sino todo el entramado: la hormigonera de procedencia dudosa, los áridos extraídos ilegalmente, el precio inflado del hormigón, la compra de los camiones mixer que ignoró la propia consulta de precios del gobierno. Una cadena de irregularidades que comienza en un triángulo de tierra removida y termina en millones de pesos de fondos públicos que se evaporan como el polvo en Las Chacras.