Por: Bache3000

El Proyecto de Ordenanza N° 318-25, ingresado con la firma del intendente Cortés, el vicejefe de gabinete Carlos Iglesias y con el respaldo del presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río, propone la eliminación de capítulos completos del Estatuto actual que garantizan derechos históricos de los trabajadores municipales.

La iniciativa oficial busca derogar íntegramente los capítulos XV y XXVI del Estatuto, eliminando el régimen que permite a los empleados municipales continuar sus estudios mediante licencias especiales. Esto significa que los trabajadores ya no dispondrían de días para rendir exámenes universitarios, terciarios o secundarios, ni de permisos para asistir a clases durante el horario laboral.

También se pretende suprimir las licencias para actividades culturales, deportivas y científicas, que actualmente permiten a los empleados municipales representar a la ciudad en eventos de interés público.

Además, el proyecto modifica drásticamente el artículo 68° que enumera las causales de licencias, reduciéndolas únicamente a tres: maternidad y atención del lactante, paternidad y hechos de violencia de género. Esto eliminaría otras licencias contempladas en el Estatuto actual.

El trasfondo gremial

Según los fundamentos del proyecto, uno de los principales objetivos es "suprimir el régimen actual de licencias gremiales con goce de haberes". El texto argumenta que la normativa vigente permite que "agentes municipales que ocupan cargos en entidades sindicales perciban haberes o diferencias salariales a cargo del erario municipal, aún sin prestar funciones en dependencias del Estado local".

La propuesta busca trasladar el costo salarial del personal en uso de licencias sindicales a la propia entidad gremial, argumentando que esto respeta "la autonomía del sindicato para administrar sus propios recursos".

El proyecto establece que los capítulos y artículos derogados serían reemplazados por lo dispuesto en la Ley Provincial L N° 811 (Estatuto Provincial), que según los impulsores constituye "un régimen integral, moderno y técnicamente más riguroso".

Oposición sindical y falta de consenso

Fuentes cercanas al ámbito municipal indican que el proyecto enfrentará una fuerte resistencia en el Concejo Deliberante, donde aparentemente no contaría con los votos necesarios para su aprobación. Representantes sindicales ya han manifestado su rechazo a la iniciativa, calificándola como "un ataque frontal a derechos históricos de los trabajadores".

La presentación de este proyecto ocurre en un contexto particularmente sensible, tras perder el municipio un juicio que significará un impacto presupuestario de 100 millones de pesos que deberán ser solventados por los contribuyentes.

Mientras el oficialismo argumenta que se trata de una medida para garantizar una "correcta administración de los recursos públicos", desde los sectores críticos señalan que resulta paradójico que quien llegó a la intendencia desde el ámbito sindical impulse ahora medidas que restringen derechos laborales.

El debate promete intensificarse en las próximas semanas, cuando el proyecto sea tratado en las comisiones del Concejo Deliberante y eventualmente llegue al recinto para su votación.