

Por: Bache3000
El proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Walter Cortés para modificar el Estatuto Municipal y eliminar derechos laborales de los empleados municipales sufrió un duro revés en la comisión legislativa del miércoles, cuando el concejal Leandro Costa Brutten adelantó su voto negativo y pidió formalmente la reconsideración y retiro de la iniciativa.
La sesión, que se desarrolló en un clima de máxima tensión, contó con la presencia de empleados del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM), quienes anunciaron que mañana concurrirán masivamente a la sesión del Concejo para impedir que se avance con el controvertido proyecto.
En una extensa intervención, Costa Brutten fue contundente en su rechazo al tratamiento sobre tablas del proyecto y adelantó su posición contraria a la iniciativa oficial.
"A mí no me votaron, señor presidente, para venir a quitarle derechos a los trabajadores municipales", expresó categóricamente el edil, quien agregó: "Yo tengo que adelantar mi voto negativo, porque creo que los derechos que se adquieren y se ganan en la lucha y en la responsabilidad sindical de ninguna manera se pueden perder de la noche a la mañana con el ajuste".
El concejal fue especialmente crítico sobre la metodología utilizada por el oficialismo: "De ninguna manera creo que esto puede ser tratado bajo otra modalidad que no sea en las comisiones y con la presencia de los responsables sindicales, que son quienes defienden este estatuto".
Costa Brutten inscribió el proyecto dentro de lo que consideró "una gran estructura que el ejecutivo intenta llevar adelante" para "condicionar a los dirigentes sindicales" y generar "persecución" contra quienes defienden los derechos de los trabajadores.
"Evidentemente esto se circunscribe dentro de esta gran estructura que está llevando adelante el Ejecutivo y es de persecución", manifestó, recordando que incluso "ha habido muchos hechos graves, incluso la intervención de la justicia" en el conflicto entre el municipio y el sindicato.
El edil mencionó específicamente las medidas judiciales que obligaron al Ejecutivo a contar con un veedor en las reuniones con representantes sindicales y el fallo que ordenó cesar la consignación judicial de los sueldos de dirigentes gremiales.
Durante su intervención, Costa Brutten alertó sobre "la existencia en distintos ámbitos del municipio de una situación grave entre el personal político y los trabajadores de las áreas".
"Está pasando en distintas áreas, pasó en zoonosis, ahora está pasando en la Delegación del Cóndor, sede en Tránsito y Transporte, donde nos enteramos que pasaron a disponibilidad a distintos trabajadores", denunció, agregando que también hay "quejas por los contratos y la situación en la que están sometiendo de precarización laboral".
El concejal pidió formalmente que se rechace el tratamiento sobre tablas y se convoque tanto al intendente como autor del proyecto como a los responsables del SOYEM para un debate "responsable".
"Si hay un debate, ese debate debe ser con todos los actores y debe ser serio", enfatizó Costa Brutten, quien rechazó que el Concejo funcione "como un teléfono descompuesto" sin la presencia de las partes involucradas.
El proyecto surge en un contexto particularmente complejo para la gestión municipal, tras perder un juicio que obligará a los contribuyentes a pagar aproximadamente 100 millones de pesos. Los concejales interpretaron que la medida carece de sentido y constituye una "venganza" del intendente Cortés, representando "otra confrontación más" a la que arrastra a la ciudad.
La iniciativa pretende eliminar capítulos completos del Estatuto Municipal, incluyendo las licencias por estudio y actividades culturales y deportivas, así como modificar sustancialmente el régimen de licencias gremiales.
Empleados del SOYEM que estuvieron presentes en la comisión confirmaron que mañana se movilizarán masivamente al Concejo Deliberante para rechazar el proyecto y exigir el respeto de sus derechos adquiridos.
La tensión promete intensificarse en las próximas horas, cuando el proyecto deba ser sometido a votación en el recinto, donde aparentemente no cuenta con los votos necesarios para su aprobación, lo que anticipa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Ejecutivo municipal y el sector sindical.