

Por: Bache3000
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves la extensión de la concesión del área hidrocarburífera "Agua Salada", operada por Tecpetrol S.A. e YPF S.A., cuyo vencimiento se pospone de septiembre de 2025 hasta 2035. La decisión se tomó por mayoría con el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición.
El yacimiento abarca 650 kilómetros cuadrados y constituye la segunda concesión más importante de la provincia, concentrando principalmente la producción de gas con 44 pozos activos. Su aporte representa el 18% de la producción gasífera total de Río Negro.
Inversión millonaria y nuevas perforaciones
La diputada Lorena Yensen (JSRN) fundamentó la iniciativa destacando que las empresas concesionarias proyectan invertir aproximadamente 22,5 millones de dólares. El plan contempla dos nuevas perforaciones, dos contingentes y el reacondicionamiento de ocho pozos existentes.
El acuerdo establece que las empresas aportarán mensualmente el 3% de la producción de gas y petróleo, suma que se adiciona al 12% que ya pagan por regalías, más un bono de 250.000 dólares destinable a Salud o Educación provincial.
Yensen enfatizó el "bono de prórroga" que se coparticipa con municipios y comisiones de fomento, contrastando la política provincial con otras jurisdicciones hidrocarburíferas como Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza. "Nuestro gobernador no cree en el centralismo", subrayó, destacando que Alberto Weretilneck "no se olvida que fue intendente".
Críticas por falta de transparencia
La oposición expresó reparos sobre el proceso. Magdalena Odarda (Vamos con Todos) cuestionó que la prórroga "vuelve a incumplir la legislación vigente porque no se garantiza la transparencia", señalando que este mecanismo evade audiencias públicas, consultas municipales e inspecciones ambientales previas.
Ana Marks (PJ-Nuevo Encuentro) consideró el convenio "mal negociado" y criticó que los montos equivalen apenas a "14 viviendas o 22 camionetas 4x4", sin generar cambios significativos para los rionegrinos.
Juan Martín (PRO) respaldó la medida por su "efecto directo sobre los municipios", instando a destinar los recursos a "temas de fondo" que impacten en futuras generaciones.
El oficialismo cerró argumentando que la prórroga permite "sostener puestos de trabajo" en áreas convencionales que las grandes petroleras desestiman, manteniendo activos pozos operados por pequeñas y medianas empresas locales.