Por: Bache3000

Son las 5:17 de la tarde del 22 de mayo y en el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche se está definiendo uno de esos casos que marcan épocas. Pero se está definiendo cuando ya nadie mira, cuando las cámaras dejaron de grabar, cuando la estrategia oficialista de una sesión maratónica repleta de temas menores logró su cometido: que el escándalo Navatour se trate en el horario del té. El proyecto 312 —que rechaza el acuerdo millonario con Navtour SA— acaba de ser aprobado por mayoría, con los votos en contra de Tomás Hercingonja y Gerardo Del Río. Es decir: el Concejo Deliberante le dice formalmente al Ejecutivo que no avaló, no avala ni avalará jamás ese pago de 900 mil dólares más 90 mil en honorarios a una empresa que nunca vendió un litro de nafta.

La concejal Julieta Wallace, autora del proyecto junto a Leandro Costa Brutten y Facundo Villalba, desenredó durante una hora y media el ovillo de irregularidades que rodean este caso. "El acuerdo no cuenta con homologación judicial, carece de la firma de la mediadora interviniente", disparó desde su banca. "Me llama la atención que los tres presidentes —el Intendente, el Presidente del Consejo y el Presidente del Tribunal de Contralor— no hayan advertido esta situación".

Wallace fue demoledora: el acuerdo presentado ante la Comisión de Transacciones adolece de vicios que lo tornan "nulo de nulidad absoluta". No existe el formulario cinco del CIMARC que certifica el cierre de la mediación. No hay prueba alguna de los daños que se pretenden resarcir. No hubo dictamen técnico del Consejo. Y el documento que sustenta todo esto solo tiene la firma de la asesora letrada municipal, no las tres firmas que debería tener.

"No se ha dictado sentencia firme que imponga al municipio el pago de suma alguna en concepto de daños y perjuicios a favor de Navtour", remarcó la concejal. "La única sentencia existente corresponde a un proceso contencioso administrativo donde se declaró la nulidad de ciertos actos administrativos, sin pronunciamiento sobre daño ni determinación de monto indemnizatorio".

El circo para tapar el escándalo

Facundo Villalba fue más directo: "Los quiero felicitar al oficialismo porque logró su cometido. Estaban haciendo un circo, generando un hecho político innecesario". Se refería a la extensa y maratónica sesión de toda la jornada, repleta de ordenanzas menores y debates intrascendentes, mientras el propio oficialismo frenaba sistemáticamente el llamado a sesión desde hacía meses.

"¿Yo me preguntaba para qué hacen esto? Para qué arman todo este despelote. Bueno, acá está tal vez la respuesta. Estaban generando todo ese circo para que no se hable del caso Navtour", siguió Villalba. "Como no sesionamos hace dos meses, había un millón de temas para tratar y este tema quedó para el final. Son las 5:17 de la tarde, cuando ya nadie mira. Si hubiera tratado el tema de la emergencia habitacional, seguramente hubiéramos tenido un montón de vecinos más. Pero el caso de corrupción más grande de los últimos tiempos en San Carlos de Bariloche se trata cuando las cámaras ya no graban a nadie".

El concejal recordó que el 14 de abril había pedido informes al Ejecutivo sobre todos los actos administrativos realizados y el expediente de habilitaciones. "Eso todavía no lo tenemos, pero ya parece que esto es completamente legal". Y cerró con una comparación histórica: "¿Saben quién hacía eso? ¿Quién era capaz de prender fuego su ciudad para que no se hable de los problemas que tenían? Nerón, señor presidente. Ustedes hoy están más cerca de Nerón que de un buen intendente".

Los tentáculos del caso

Leandro Costa Brutten aportó los detalles más escabrosos. En el expediente aparece "la firma de Damián Vila, un integrante del tribunal de contralor, que tiene un interés inmediato porque es apoderado de la empresa". Vila sigue siendo apoderado de Navtour. "Es increíble lo que está pasando. No tienen pruritos", dijo Costa Brutten.

Pero hay más: "Todo el armado es local, el interés por ese tema es local. Estos apoderados no solo evidentemente nos demuestran que no defienden al municipio, sino que tienen un interés en representar a su poderdante". Y el remate: "Es increíble que los barilochenses le hayamos entregado 90 mil dólares al abogado Estela por la nada, porque la verdad que él no hizo nada".

Costa Brutten desgranó las contradicciones: la empresa reclamaba por 65 meses de funcionamiento, pero el Ministerio de Energía de la Nación estableció que solo tuvo autorización para funcionar entre el 18 de mayo y el 23 de diciembre de 2020. Ocho meses, no 65. "Una empresa que no vendió un solo litro de nafta y que tampoco le cargó aceite a ningún auto", insistió.

La defensa del papelito

Gerardo Del Río, presidente del Concejo, intentó defender el acuerdo leyendo desde un machete preparado. Con papeles en mano, habló de pérdida de chance. Explicó que la empresa había tenido gastos, que había inversiones realizadas, que el Estado municipal había demorado los permisos. Pero sus argumentos, leídos desde las anotaciones, sonaron huecos frente a la artillería opositora que conocía el expediente de memoria.

"Su pobre defensa, la verdad, sinceramente, una defensa muy escueta, con mucha falta de precisión", le respondió Wallace. "La verdad que llamativo, realmente es llamativo su pobre defensa, señor presidente". Y antes de la votación, le aplicó el artículo 86 de la Carta Orgánica: "Los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones. Yo creo que está cometiendo claramente una falta grave".

Costa Brutten le explicó la diferencia legal: "La pérdida de chance legalmente es una posibilidad. Si sus asesores y usted tuviera un poco más de conocimiento del tema, lo que deberían alegar es lucro cesante. Pero no hay posibilidad de que esa empresa obtenga un beneficio seguro, porque nunca vendió nafta".

El voto que marca la diferencia

Natalia Almonacid fue tajante: "Hace más de un mes que salió esta resolución y la verdad que no han querido salvar esta situación. Han tenido más de una oportunidad". Y pidió la votación: "No hay nada más que defender. Si vamos a pagar un millón de dólares, nadie dice nada. Ya no es indefendible esto".

El proyecto se aprobó con mayoría agravada. Solo votaron en contra Tomás Hercingonja y Gerardo Del Río. El resto del Consejo —que representa la voluntad popular— le dice al intendente Walter Cortés que ese millón de dólares no sale de sus bolsillos.

Ahora el Ejecutivo municipal, el Tribunal de Contralor y la Comisión de Transacciones están notificados formalmente: el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche no brindó, no brinda ni brindará conformidad a este acuerdo. Y si alguien paga ese millón de dólares, será bajo su exclusiva responsabilidad personal.

Como dijo Wallace: "Nosotros no podemos mirar para otro lado". El Concejo, por ahora, esta cumpliendo. El resto, ya veremos.