Por: Bache3000

Hay algo en los basurales que nos dice quiénes somos, algo que preferimos no ver pero que está ahí, como esa verdad incómoda que se acumula en los rincones de nuestra conciencia colectiva. En Bariloche —esa postal de lagos y montañas que vendemos al mundo como paraíso patagónico— acaban de decidir que ya no pueden seguir fingiendo que sus desechos no existen.

El proyecto de ordenanza 274/25 llegó al Concejo Municipal con prosa técnica: "Afecta regalías ordenanza 3349-CM-22: Dispone cierre definitivo CRUM", dice el papel. Los fondos, habían sido anunciados por el intendente para poner el puente Wiederhold, pero ocurre que el puente ya tiene fondos aprobados por el concejo por 1600 millones de pesos. Y no se ha ejectudao ni un peso.

El CRUM —Centro de Residuos Urbanos Municipales, para los que no manejan la jerga burocrática— lleva años siendo el lugar donde Bariloche deposita todo lo que no quiere ver. Ubicado en algún rincón estratégicamente alejado de las postales turísticas, el centro procesaba los desechos de una ciudad que vive de mostrarse hermosa al mundo. Pero los basurales, como las contradicciones, terminan por desbordarse.

La decisión no llegó de la nada.

La iniciativa contó con los votos de Julieta Wallace (autora del proyecto), Leandro Costa Brutten, Facundo Blanco Villalba y Laura Totonelli. Tomás Guevara, integrante de Fadechs, cuestionó la ausencia de la concejala Roxana Ferreyra durante la votación. Pero la ausencia de Ferreyra no fue casual: la concejala se levantó y se retiró del recinto antes de que se votara.

Más allá de las ausencias y presencias, lo que se jugaba en esa sesión era mucho más que una ordenanza: era la disputa por el destino de 425 millones de pesos.

Porque ahí está el nudo de la cuestión: el dinero. Los 425 millones de pesos que ingresarán en 2025 a las arcas municipales por las regalías petroleras van a financiar este cierre y lo que venga después. La ordenanza 3349-CM-22 ya había establecido que para el 4 de diciembre de 2023 debían clausurarse los basurales a cielo abierto en toda la provincia. La fecha pasó, como pasan tantas fechas en la Argentina, pero la presión siguió. La ley provincial 5491 establece que las obras para cumplir con el cierre deben estar incluidas en el destino que prevé la ley, y ahí es donde entran las regalías petroleras, distribuidas según fórmulas tan complejas como políticamente negociadas.

El treinta por ciento de esos fondos va a los municipios productores de hidrocarburos, el sesenta por ciento se distribuye entre todos los municipios restantes según índices de coparticipación, y el diez por ciento va a las comisiones de fomento. Es la matemática del federalismo argentino: todos reciben algo, pero nunca es claro si es suficiente para lo que necesitan hacer.

La autora del proyecto, la concejala Wallace, incluye en sus fundamentos una reflexión que suena casi existencial: la necesidad de "remediación del CRUM y su utilización como centro de transferencia", junto con "la necesidad de construir un nuevo sitio de disposición final, de carácter regional". Traducido: cerrar este basural y encontrar otro lado donde poner la basura, preferiblemente compartido con otros municipios para dividir costos y responsabilidades.

Hay algo profundamente argentino en esta historia. Una ciudad que vive del turismo, que se vende como destino prístino, que debe resolver qué hacer con sus desechos usando dinero que viene de la explotación petrolera de otras regiones. El círculo se cierra —o se abre, según cómo se mire— en esa paradoja moderna donde lo limpio se sostiene con lo sucio, donde el paraíso necesita que alguien más pague por esconder sus residuos.

El artículo primero de la nueva ordenanza establece "la afectación de los fondos que ingresen al Estado municipal en concepto de prórroga de las concesiones hidrocarburíferas" para financiar el cierre. El segundo crea un "Fondo Específico denominado Remediación, Cierre y Regionalización de Sitio de Disposición Final".

El debate de los millones

El recinto del Concejo se transformó en un ring donde no se peleaba por ideologías sino por destinos concretos del dinero. Wallace defendió su proyecto con la urgencia de quien conoce el territorio: "Vivo en la zona del sur, padezco los incendios con mayor o menor frecuencia, dependiendo para donde sopla el viento". No era solo política, era biografía. Los vecinos de los barrios Pilar 1 y 2, del 645 Viviendas, de Villa Lago Gutiérrez, de Valle Azul, del Frutillar, todos conviviendo con un vertedero a cielo abierto que contamina napas, suelo y aire.

Laura Totonelli sumó su voz desde la experiencia cotidiana: "Días completos en mi hogar en el verano con las ventanas cerradas por no poder abrirlas para que entre el aire, porque entraba humo". El vertedero no era una abstracción técnica sino un problema que se respiraba, que se padecía en carne propia.

Facundo Blanco Villalba planteó una matemática simple pero demoledora: "425 millones versus 1.655 millones que tiene presupuestado el puente representa tan solo el 25% de lo que se necesita para poder llevarlo adelante". La cuenta era clara: los fondos petroleros no alcanzaban ni para un cuarto del puente Wiederhold, pero sí podían resolver definitivamente el problema del basural.

"Ya que estos 420 millones de pesos que vienen del bono petrolero se asignan para el puente Wiederhold, entonces que los 1.600 millones de pesos que estaban presupuestados para el puente vayan al desarrollo del vertedero". Era la propuesta del intercambio, del trueque presupuestario que dejaba contentos a todos.

Por su parte, Leandro Costa Brutten señaló que él mismo ha visto las secuelas en la salud de muchas personas, y que esta era una oportunidad para empezar a resolver un tema histórico. "Dejense ayudar, esta no es una ordenanza de Wallace, es una ordenanza de la gente", expresó.

Pero el debate de fondo era otro. Wallace lo dijo sin vueltas: "¿Por qué negar la situación? Me parece que asignar estos recursos a una deuda histórica que tiene Bariloche, que tiene normativa suficiente, cuando el destino que se le quiere dar ya tiene fondos específicos". El intendente Walter Cortés quería los 425 millones para el puente, pero el puente ya tenía 1.600 millones asignados sin ejecutar.

La sesión se convertía en una radiografía de las prioridades políticas: ¿qué era más urgente, un puente o clausurar un vertedero que envenenaba el agua y el aire? ¿Qué era más visible para el voto, una obra nueva o resolver un problema que la gente padecía todos los días pero que no aparecía en las fotos de campaña? La respuesta llegó con cuatro votos a favor y una silla vacía: la de Roxana Ferreyra, que se había retirado del recinto cuando la discusión se puso incómoda.

La ordenanza entrará en vigencia desde su promulgación, dice el artículo cuarto, con esa urgencia burocrática que caracteriza las decisiones que ya no se pueden postergar. Porque los basurales, como ciertas verdades, llegan a un punto en que es imposible seguir ignorándolos.

En Bariloche, mientras tanto, los turistas siguen llegando a fotografiar los lagos y las montañas, sin saber que parte de su paraíso se financia con petróleo de Vaca Muerta y se sostiene cerrando basurales que ya no pueden ocultarse. Es la Argentina en miniatura: hermosa, contradictoria, siempre buscando soluciones complicadas para problemas que parecen simples pero nunca lo son.

El CRUM está muerto, larga vida al próximo sitio de disposición final. Ahora sólo queda esperar que el intendente Walter Cortés no vete la ordenanza.