Por: Bache3000

El análisis de las declaraciones públicas de Gerardo del Río, presidente del Concejo Deliberante, y Estanislao Cazaux, presidente del Tribunal de Contralor con mandato vencido, revela coincidencias que van más allá de la casualidad. Ambos funcionarios, que formaron parte de la Comisión de Transacciones que aprobó el pago de un millón de dólares a la empresa Navtour, utilizaron argumentos prácticamente calcados para justificar la decisión más controvertida de la gestión municipal.

Lo llamativo es que en las primeras semanas posteriores al escándalo, tanto Del Río como Cazaux -quien también dio entrevistas en la misma radio- ofrecieron explicaciones distintas y contradictorias sobre el caso. Sin embargo, en sus declaraciones más recientes muestran una sincronización notable, como si hubieran coordinado una estrategia defensiva común.

Del Río defendió la medida durante el debate en el Concejo Deliberante, mientras que Cazaux lo hizo en una entrevista radial en Con Vos Patagonia. Sin embargo, sus declaraciones muestran una sincronización que sugiere coordinación previa, especialmente llamativa considerando que ambos cuentan con asesores legales distintos.

La defensa se centró en el concepto de "pérdida de chance", una figura jurídica que ambos explicaron con términos prácticamente idénticos. "Lo que se decidió indemnizar del aptur es la pérdida de chance como daño resarcible", declaró Del Río en el Concejo. Por su parte, Cazaux fue más explícito en Radio Con Vos Patagonia: "Se le reconoció la pérdida de chance. Quiero que quede claro porque en el proyecto de resolución de los concejales hablan de lucro cesante. Lucro cesante tiene que ver cuando la empresa estaba andando. Y acá no. Y acá no, esto es pérdida de chance".

Pero las coincidencias no terminan ahí. Ambos funcionarios justificaron el pago citando la misma ordenanza municipal y utilizando frases prácticamente calcadas. Del Río argumentó que "el considerando de la ordenanza 09 del '92 que regula la comisión general de transacciones, dice que en función de ello puede resultar conveniente una transacción o reconocimiento de algún derecho sin necesidad de una declaración judicial". Cazaux, por su parte, sostuvo que "la ordenanza de la comisión de transacciones dice que en muchas situaciones los reclamos parecen lógicos, legítimos o indudables. En función de ello resulta conveniente una transacción o un reconocimiento de un derecho sin necesidad de una declaración judicial".

Lo más llamativo surge en los cálculos de daños. Del Río afirmó que "solo en volumen de combustible promedio de los 4 años fue aproximadamente de 341 m3, es decir, el 341000 L. mensuales". Cazaux, independientemente, declaró que "la empresa de enfrente captura 350 L metro cúbico por mes". Que dos funcionarios con equipos técnicos distintos lleguen a cifras prácticamente idénticas (341 vs 350 metros cúbicos) resulta estadísticamente improbable sin coordinación previa.

Sin embargo, la defensa técnica del concepto de "pérdida de chance" fue demolida por el concejal Costa Brutten, quien explicó durante el debate que "la pérdida de chance legalmente es una posibilidad" y que "no hay posibilidad de que esa empresa obtenga un beneficio seguro, porque tal como usted me reconoce, nunca vendió nafta ni aceites". El concejal señaló que jurídicamente correspondería haber alegado "lucro cesante", que implica "que esa empresa iba a obtener un beneficio seguro", algo imposible de demostrar en el caso Navtour.

Durante el debate en el Concejo, los concejales de la oposición revelaron múltiples irregularidades que cuestionan la legitimidad del pago. La concejal Natalia Almonacid expuso una contradicción clave relacionada con el abogado Damián Vila, que es de su propio partido: "Nos juntamos con Vila porque preguntamos sobre este tema. Nos dijo que él no era más abogado de esa empresa desde el 2020. Para después enterarnos por otros concejales que el poder lo seguía teniendo". Vila, además de ser socio del estudio jurídico donde tenía domicilio la empresa, fue testigo a favor de Navtour, al igual que su socio, configurando un claro conflicto de intereses que no fue declarado.

Almonacid también denunció que la documentación presentada a la Comisión de Transacciones estaba desactualizada: "la constancia de AFIP figura de octubre del 2019, o sea que fuimos a una comisión de transacciones sin actualizar ni siquiera la constancia de AFIP". Además, reveló que una de las causales de la infracción era "porque no tiene final de obra", responsabilidad que recae sobre el contribuyente, no sobre el Estado.

Otro punto controvertido es que la empresa nunca facturó en Bariloche, pese a solicitar habilitación comercial. "No tienen declaraciones de haber una habilitación comercial en la ciudad de San Carlos de Bariloche tiene que facturar TIC", explicó Almonacid, quien agregó: "¿Por qué me da cero? O nos defraudaron al arca municipal por no pagar la tasa de inclusión, seguridad e higiene de la municipalidad".

La concejal Roxana Ferreira denunció la falta de transparencia sobre el financiamiento del pago: "todavía nos están debiendo. ¿De qué partidas presupuestarias va a salir el dinero para pagar este millón de dólares? No sabemos de dónde van a recortar, a dónde van a ajustar o qué van a subejecutar". Ferreira cuestionó que después de más de un mes de salida la resolución, el oficialismo no haya proporcionado esta información básica.

Uno de los aspectos más escandalosos del caso es el pago de honorarios profesionales sin que haya existido un juicio. Almonacid calculó que "le pagamos a un abogado por un trabajo que no hizo. Estela le pagamos 3 terrenos. 30.000 dólares vale más o menos un terreno hoy en un lugar que tenga servicios". La concejal remarcó que "nunca jamás la comisión de transacciones pagó honorarios por una transacción" y que "si hubiera sido una buena transacción, eso tendría que haber sido a costa de la empresa".

El caso Navtour involucra el pago de un millón de dólares a una empresa que solicitó habilitación para una estación de servicio que nunca llegó a funcionar. La Comisión de Transacciones, integrada por el intendente Walter Cortés, Del Río y Cazaux, aprobó el pago sin que mediara sentencia judicial firme, basándose en una decisión administrativa que establecía que el municipio había impedido a la empresa continuar con el trámite de habilitación.

La sincronización en las declaraciones de los dos funcionarios que defendieron la medida, sumada a los múltiples conflictos de intereses no declarados y las irregularidades documentales reveladas por la oposición, alimentan las sospechas sobre la transparencia de una decisión que comprometió un millón de dólares del erario público municipal para beneficiar a una empresa que, según todos los indicios, nunca estuvo en condiciones de operar.