Por: Bache3000

El edil de Incluyendo Bariloche fue categórico al señalar que el intendente "de ninguna manera tiene potestad o facultad alguna para vetar" la comunicación aprobada por mayoría especial del cuerpo legislativo local, que declara persona no grata al presidente por sus declaraciones del 2 de abril pasado donde propuso la autodeterminación de los ocupantes de las Islas Malvinas.

Costa Brutten acusó al intendente de "mentir y ahondar la crisis institucional existente en nuestra ciudad" al alegar que promoverá el veto de la comunicación institucional, cuando legalmente no tiene esa atribución. El concejal remarcó que Cortés "confunde y desconoce que el procedimiento de una ordenanza y su promulgación no se relaciona con el mecanismo de una comunicación de un cuerpo legislativo", a pesar de contar con 15 abogados contratados en la Municipalidad.

La controversia surge después de que el Concejo Deliberante aprobara una comunicación que repudia las manifestaciones presidenciales donde Milei propone lo que el documento califica como "desmalvinización de la República Argentina". El intendente había anunciado que vetaría esta decisión del cuerpo legislativo, pero según la normativa vigente, las comunicaciones del Concejo Deliberante no están sujetas a veto del Poder Ejecutivo municipal.

Costa Brutten también cuestionó la postura del gobierno municipal frente al nacional, recordando que "el año pasado este mismo gobierno nacional no asistió con un solo peso las actividades de la Fiesta de la Nieve". En ese contexto, consideró que "solo un miserable puede condicionar a los barilochenses a aceptar una dádiva o ayuda para una fiesta como condición de olvidar a nuestros 649 héroes de guerra fallecidos o a aquellos que regresaron del conflicto de 1982 por nuestras Islas Malvinas".

El conflicto expone una crisis institucional en la ciudad cordillerana, donde el Poder Ejecutivo y Legislativo municipal mantienen posiciones enfrentadas sobre la política nacional respecto a la soberanía argentina en las Islas Malvinas, con acusaciones cruzadas sobre el conocimiento de las facultades legales de cada poder del Estado municipal.