viernes 30 de mayo de 2025 - Edición Nº106

El Bardo de Siempre | 28 may 2025

VA A LLEGAR ANTES EL TRANVÍA

Ordenanza para regular aplicaciones de transporte sigue trabada en comisiones del Concejo

El proyecto 173/24 busca equiparar condiciones entre plataformas digitales y el servicio tradicional de taxis y remises.


Por: Bache3000

El proyecto de ordenanza que busca regular el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi continúa empantanado en el proceso interno de comisiones del Concejo Deliberante, sin poder avanzar hacia su tratamiento en sesión ordinaria.

La iniciativa, identificada como proyecto 173/24 e ingresada en septiembre del año pasado, actualmente se encuentra en análisis en la Comisión de Economía, donde ayer se realizó una nueva reunión para intentar destrabar las múltiples dudas que genera el texto propuesto.

En la reunión participó Sandra Pozas, directora de Habilitaciones Comerciales, quien fue convocada para aclarar los aspectos tributarios que deberían aplicarse a quienes trabajen con estas plataformas, con el objetivo de evitar una competencia desleal con los servicios tradicionales de taxis y remises.

Posadas explicó que las plataformas podrían encuadrarse bajo el artículo 5° de la ordenanza 3018, que permite desarrollar actividades comerciales sin contar con local físico, y sugirió que podrían incluirse dentro del código 08 del nomenclador municipal, correspondiente a "servicio de transporte y almacenamiento".

La propuesta establece que las plataformas pagarían 3.000 módulos fiscales por intermediación de servicios de transporte, mientras que los conductores individuales abonarían 1.245 módulos fiscales.

Tomás Hercingonja (autor del proyecto), defendió enérgicamente la iniciativa en medio de las críticas. "Nosotros no estamos regulando una aplicación. Se lo dije por segunda o tercera vez, nosotros estamos regulando el servicio de transporte a través de plataformas", aclaró el concejal.

Hercingonja argumentó que busca "equiparar la igualdad de condiciones" y explicó el procedimiento: "El que quiere ser usuario de Uber en forma particular, o siendo taxi o remís, se tiene que presentar en la municipalidad con los requisitos que requiere la normativa de taxis y remises".

Ante las críticas sobre la demora, se defendió: "Es lindo venir acá como vecino a tratar de darle una respuesta sin tener la gimnasia que obviamente no tengo. Soy un tipo que viene a tratar de ayudar y conozco las necesidades del vecino". El concejal se comprometió a presentar "un reformulado lo antes posible" y pidió colaboración: "Tratemos entre todos de llevarlo adelante lo antes posible".

Por su parte, Julieta Wallace, planteó dudas fundamentales sobre la implementación. "Yo me preguntaba a nombre de quién sale primero, a nombre de quién saldría una habilitación comercial de este estilo", consultó. También cuestionó si "se incorpora un código nuevo como actividad comercial" o "se toma el cero 8". La concejal advirtió sobre "un vacío importante que tiene que ver con la imposibilidad eventual de tener efectivamente la habilitación".

Natalia Almonacid, fue la más crítica del proceso. "Este proyecto entró el 10 de septiembre del 2024, ya es la tercera vez que está en economía y seguimos sin tener respuestas claras sobre cuál es el objetivo", señaló duramente.

Almonacid cuestionó las ambigüedades: "¿Generan una nueva metodología, un nuevo sistema de transporte, o están regulando una aplicación?". La concejal fue contundente: "El problema es que estamos en la Comisión de Economía hace tiempo y el oficialismo viene acá a traer un proyecto con poca claridad".

En este sentido, exigió definiciones claras: "Usted tiene que definir qué es lo que quiere. ¿Quiere hacer las dos cosas? Habilitar plataforma y habilitar un nuevo sistema de transporte. Bueno, divida en capítulos y clarifique qué tributa este sector, qué tributa el otro sector".

En una línea similar, Laura Totonelli expresó preocupación por el ordenamiento general del transporte. "¿Cómo se piensa articular el balance entre oferta y demanda?", consultó. Advirtió que "el sistema tiene una tendencia a la sobresaturación de la oferta y esto hace que sea dañino para la totalidad de los actores".

También cuestionó el rol municipal: "No me siento cómoda pensando en que Uber, por su lado, Cabify por el otro y DiDi por el otro van a estar balanceando su propia oferta y demanda. Sí pienso en las responsabilidades que tenemos desde el punto de vista municipal".

Roxana Ferreiya, por por su parte, consultó específicamente sobre fiscalización: "¿Cómo es el método? ¿Cómo las van a fiscalizar?" cuando el proyecto menciona el control de las aplicaciones, generando aclaraciones sobre qué aspectos pueden ser efectivamente controlados por el municipio.

Problemas de cumplimiento tributario

La asesora contable del Concejo, Lilián Baroni, informó sobre el estado tributario de las principales plataformas. Según su investigación, Uber Argentina y DiDi SRL presentan incumplimientos ante AFIP y no están registradas en la provincia de Río Negro. Solo Cabify aparece con inscripciones activas tanto en ARCA como en el ámbito nacional.

El proyecto aún debe superar varias etapas antes de llegar a sesión ordinaria. Tras la Comisión de Economía, deberá pasar por las comisiones de Tránsito y Transporte, y otras que se consideren pertinentes, antes de poder ser tratado en el recinto para buscar los votos necesarios para su aprobación.

La concejal Almonacid advirtió que sin un reformulado claro que resuelva las dudas planteadas, el proyecto continuará "empantanado" en la Comisión de Economía. Por su parte, Arcioni se comprometió a presentar modificaciones "lo antes posible" para acelerar el tratamiento.

El debate se enmarca en una situación de indefinición que se arrastra desde la gestión anterior, cuando se prohibió el funcionamiento de estas aplicaciones mediante resolución, que posteriormente fue suspendida hasta la sanción de una ordenanza regulatoria que nunca llegó.

Los representantes de taxistas y remiseros han insistido en la necesidad de una regulación que ponga fin a lo que consideran "competencia desleal", mientras que usuarios y potenciales conductores de plataformas reclaman certezas sobre el marco legal para operar en la ciudad.

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