Por: Bache3000

La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche emitió ayer un fallo contundente que obliga a la Municipalidad a pagar los salarios adeudados a 14 dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM) correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2025.

La decisión judicial representa una nueva derrota para el intendente Walter Cortés, quien ahora tiene 10 días para cumplir con el pago tras perder en todos los frentes donde intentó justificar la retención ilegal de salarios.

Cortés decidió retener de manera indebida los sueldos de los dirigentes sindicales desde enero de 2025, a pesar de las múltiples advertencias sobre la ilegalidad de su decisión. La secuencia de derrotas fue sistemática:

• Tribunal de Cuentas: Primer resolución adversA contra la decisión municipal
• Concejo Deliberante: Los concejales rechazaron la postura del intendente y la posibilidad de cambiar el estatuto.
• Justicia Laboral: La Cámara del Trabajo rechazó la consignación judicial (6 de mayo)
• Proceso Sumarísimo: Nueva derrota judicial (28 de mayo) con orden de pago inmediato
• Amparo pendiente: A días de ser rechazado según fuentes judiciales

Desde diversos sectores políticos, gremiales y jurídicos se le advirtió a Cortés que embarcaba a la municipalidad en juicios que inevitablemente perdería y que generarían costos adicionales para los contribuyentes. Sin embargo, el intendente desoyó todas las recomendaciones y persistió en su estrategia.

La deuda millonaria que crece

La obstinación de Cortés está generando una deuda cada vez más abultada para las arcas municipales. Lo que comenzó como una retención de salarios por $23.030.327,73 se ha transformado en una suma que supera los 30 millones de pesos (sólo en salarios).

Los costos que deberán pagar los contribuyentes incluyen:

• Monto base: $23.030.327,73 (salarios brutos de tres meses)
• Intereses acumulados: Desde cada fecha de mora hasta el pago efectivo
• Honorarios del abogado de los trabajadores: 20% del monto total adeudado
• Honorarios de los abogados municipales: 7% más 40% por labor procuratoria
• IVA sobre honorarios profesionales
• Costas procesales de múltiples juicios

A esto se suman los costos de otros procesos judiciales iniciados por la misma decisión, incluyendo el amparo sindical y la demanda por consignación, todos con sus respectivos honorarios profesionales a cargo del municipio.

Múltiples voces advirtieron desde el inicio que la medida era ilegal. Asesores legales alertaron sobre la vulnerabilidad jurídica, mientras concejales de diversos bloques cuestionaron la legalidad en sesiones públicas. El propio SOYEM denunció persecución sindical ilegal y especialistas en derecho laboral anticiparon el rechazo de los tribunales.

"Todo el mundo le dijo que era ilegal, que embarcaba a la municipalidad en juicios que iba a perder y pagar. No le importó", señalaron fuentes municipales bajo reserva de identidad.

Los trabajadores que no recibieron sus salarios durante tres meses son empleados municipales que ocupan diversos cargos en la comisión directiva del SOYEM, incluyendo secretarios gremiales, vocales titulares, tesoreros y revisores de cuentas. Todos ellos son representantes legítimos de los empleados municipales electos democráticamente por sus pares.

Discriminación sindical confirmada

El tribunal destacó que la falta de pago constituye una violación a derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La Dra. María de los Ángeles Pérez Pysny enfatizó que el salario está protegido por normativa constitucional y compromisos internacionales como el Convenio N° 95 de la OIT.

La sentencia es categórica: el municipio tiene 5 días para realizar la liquidación y 10 días para efectuar el pago una vez que quede firme. El incumplimiento podría generar nuevas sanciones y aumentar aún más los costos.

Con el amparo sindical próximo a ser rechazado, se cierra un capítulo de derrotas judiciales que podrían haberse evitado si Cortés hubiera atendido las advertencias sobre la ilegalidad de su proceder. Una decisión que, destinada al fracaso desde el primer día, terminará costando millones a los contribuyentes bariolchenses.