

Por: Bache3000
En una extensa sesión de comisión del Concejo Deliberante, se debatieron dos proyectos inmobiliarios que generaron profundas divisiones entre los concejales: "Brizas del Nahuel" defendido por el arquitecto Christian Almeida y "Terrazas del Este" de la empresaria Laura Fenoglio. El encuentro se desarrolló en un clima de tensión, con cuestionamientos que fueron desde el marco normativo hasta las garantías de provisión de servicios básicos.
El eje del conflicto se centró en si correspondía tratar estos proyectos considerando que la emergencia habitacional está vencida. Esta situación generó un intenso debate sobre la legalidad del procedimiento y las posibles consecuencias futuras para el municipio.
El arquitecto Christian Almeida defendió el proyecto "Brizas del Nahuel" haciendo hincapié en los estudios prospectivos de agua realizados en ambos loteos (privado y social). "Los estudios dan como resultado la existencia del acuífero en ambas fracciones", explicó Almeida, quien detalló que cada loteo tendrá su propia perforación y sistema de reservas a través de tanques.
Por su parte, Laura Fenoglio presentó "Terrazas del Este" desde una perspectiva empresarial y social. "Hoy hay miles de familias en Bariloche que no tienen posibilidad de acceder a un lote urbanizado. Esta herramienta les da esa posibilidad", argumentó la empresaria, quien defendió el proyecto como una herramienta de responsabilidad social empresaria, aunque reconoció que "puede ser hasta un castigo" por el elevado porcentaje destinado a loteo social.
Fenoglio también aclaró las ventas realizadas: "Hemos vendido el 21,5% del proyecto, con un adelanto del 20-30% del valor del lote, lo que representa apenas un 4% del total cobrado". Todos los boletos incluyen una cláusula que permite la devolución del dinero si el proyecto no prospera.
La concejal Julieta Wallace centró sus inquietudes en la provisión de agua, preguntando específicamente si "el acuífero existente abarca tanto al loteo privado como al loteo social" y si se puede "garantizar el abastecimiento de agua en ambos loteos". También cuestionó el destino de los lotes remanentes y si se aplicaría el 15% establecido por normativa.
Otros concejales plantearon dudas sobre la factibilidad técnica de los servicios y la necesidad de mayor claridad en las garantías ofrecidas a los futuros compradores.
El concejal Costa Brutten realizó la intervención más contundente, advirtiendo sobre las implicancias legales del tratamiento de estos proyectos sin el marco normativo adecuado. "Estamos generando expectativas que pueden traducirse en reclamos judiciales por pérdida de chance", alertó, haciendo referencia explícita al caso Navtour.
"Cualquiera de los privados puede entender que tiene un derecho adquirido y que en función del tratamiento puede obtener un beneficio. Después nos plantean pérdida de chance, nos plantean un montón de cosas, lo hemos vivido", manifestó Costa Brutten, quien solicitó la suspensión del tratamiento hasta que se resuelva la emergencia habitacional.
El concejal fundamentó su posición señalando que "el tratamiento no tiene marco normativo" ya que la emergencia habitacional está vencida y el proyecto de prórroga fue retirado por el Ejecutivo. "Es imposible subsanar la falta de estructura normativa porque eso es una nulidad absoluta", enfatizó.
La concejal Samantha Echenique defendió la continuidad del tratamiento argumentando que "tratar un proyecto no implica votarlo a favor, ni siquiera dictaminarlo implica votarlo a favor". Consideró que suspender el tratamiento por no estar de acuerdo con el proyecto "no está bien" y que deben respetarse las reglas de procedimiento.
La concejal Laura Tonelli se mostró en desacuerdo con que "cualquier expectativa pueda llegar a formular un derecho", argumentando que "nuestro voto es el que termina convalidando las expectativas".
El concejal Gerardo del Río defendió el acuerdo previo entre bloques para tratar estos proyectos, señalando que "se acordó de manera excepcional dar tratamiento a estos proyectos porque tienen ingreso el 28 de febrero", días antes del vencimiento de la emergencia habitacional.
La concejal Roxana Ferreyra insistió en respetar el acuerdo entre presidentes de bloques: "Tratemos los dos proyectos tal cual lo habíamos acordado. Los proyectos tienen estado parlamentario y nuestra obligación es tratarlos".
Ambos proyectos continuarán su tratamiento en las próximas sesiones. Los concejales acordaron realizar presentaciones adicionales para resolver las dudas pendientes sobre la factibilidad de los servicios, la cantidad de lotes sociales que podrían generar y otros aspectos técnicos.
El objetivo es garantizar que los ciudadanos no adquieran compromisos sobre desarrollos que luego no cumplan con lo acordado, evitando repetir problemas sociales generados por la falta de control en otros proyectos vigentes donde los reclamos vecinales se han traducido en conflictos con la administración municipal.
La sesión evidenció las tensiones existentes en torno a la política habitacional municipal y la necesidad de marcos normativos claros que protejan tanto a los desarrolladores como a los futuros adquirentes de lotes.