Por: Bache3000

La controversia se inició cuando el Concejo Municipal votó en su última sesión la Ordenanza 3501-CM-25, proyecto de la concejala Julieta Wallace, que fue aprobada por todos los bloques excepto el oficialismo para reasignar los fondos petroleros al proceso de cierre del vertedero, argumentando que el puente Wiederhold ya cuenta con 1.600 millones de pesos asignados en el presupuesto municipal y se encuentra en un 90% de avance, con todos los materiales ya adquiridos.

Ahora, el concejo podrá insistir con la ordenanza, pero deberá contar con 8 votos. De lo contrario, se considera vetada.

Sin embargo, el veto del Intendente se fundamenta en razones legales contundentes. La Ley Provincial 5733 y su reglamentación a través del Decreto 203/2025 ya establecen específicamente que estos fondos deben destinarse a obras de infraestructura, y el propio Cortés firmó un convenio con el Gobernador Alberto Weretilneck el 12 de mayo pasado comprometiéndose a usar el dinero para el puente sobre calle Wiederhold.

En su resolución, el Intendente argumenta que "una ordenanza municipal no puede vulnerar lo dispuesto por la Ley Provincial" y que la pretensa reasignación de fondos "constituiría un avasallamiento de las facultades que le competen al Intendente Municipal".

La situación se complica aún más por un fallo judicial del 22 de mayo que resolvió un amparo colectivo iniciado en 2019 por vecinos que reclamaban el cierre del vertedero por contaminación ambiental. El juez Cristian Tau Anzoátegui declaró "abstracta" la controversia principal porque la propia Municipalidad ya había dispuesto el cierre definitivo del CRUM mediante la Ordenanza 3349-CM-22 de diciembre de 2022.

Esa ordenanza estableció que el vertedero debía cerrarse el 4 de diciembre de 2023, en cumplimiento de la Ley Provincial 5491 que obliga a los municipios a clausurar basurales a cielo abierto en un plazo de tres años. Sin embargo, más de un año después de esa fecha límite, el vertedero sigue funcionando.

El fallo judicial reconoce que debe producirse el cierre, remediación y relocalización del vertedero, pero no ajusta las tuercas sobre los plazos de cumplimiento. En cambio, ordena una pericia técnica para determinar el estado actual del CRUM y las medidas necesarias para reducir la contaminación mientras siga operando. El perito designado, Domingo Lisandro Carrasco, deberá evaluar desde los procedimientos de tratamiento de residuos hasta la cantidad de incendios ocurridos desde 2019.

Significativamente, el juez abre una puerta para avanzar concretamente al señalar que "frente al incumplimiento de las disposiciones de la legislación referida, se deberá ocurrir por la vía administrativa" según el régimen sancionatorio previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley Provincial 5491. Esto significa que ante el evidente incumplimiento del Ejecutivo municipal, que no cerró el vertedero en la fecha comprometida, el reclamo puede canalizarse administrativamente con la imposición de multas y sanciones.

La paradoja es evidente: el Municipio dice pretender cerrar el vertedero, pero no asigna recursos específicos para hacerlo. Mientras, destina fondos disponibles a una obra que ya tenía financiamiento asegurado. El Concejo intentó corregir esta contradicción presupuestaria, pero el veto del Intendente mantiene el statu quo.

La resolución municipal también revela que en mayo pasado, desde Coordinación Legislativa se había informado al Concejo que "no puede modificarse el destino de esos fondos", advirtiendo sobre la imposibilidad legal de la reasignación que finalmente se votó.

Cortés sostiene además que cualquier reasignación "implica la inmovilización de fondos hasta tanto se encuentre una solución de continuidad" y "importa la arbitraria postergación en la realización de la necesaria obra del puente".

El conflicto deja ahora al Concejo Municipal ante la disyuntiva de insistir con los dos tercios de sus miembros para revertir el veto o buscar alternativas de financiamiento para el cierre del vertedero. Mientras tanto, el CRUM continúa operando más de un año después de la fecha límite establecida por la propia Municipalidad, en una situación que el propio fallo judicial reconoce como problemática desde el punto de vista ambiental.

El fallo judicial, aunque reconoce la existencia de la ordenanza de cierre, se queda en esa constatación y deriva la responsabilidad de cumplimiento al ámbito administrativo provincial, donde por el momento el reclamo solo puede traducirse en multas por incumplimiento. Esta situación deja a los vecinos que iniciaron el amparo en 2019 con un reconocimiento judicial de su reclamo, pero sin herramientas concretas para forzar el cierre inmediato del vertedero.

La decisión final sobre el destino de los 415 millones de pesos define no solo una cuestión presupuestaria, sino también el cumplimiento de compromisos ambientales asumidos por el Municipio y validados por la Justicia.