Por: Bache3000

En una conferencia de prensa realizada este miércoles, los gremios de salud ATP, ASSPUR y ATE confirmaron los cambios que se avecinan en el sistema de salud pública provincial, en lo que califican como un "desmantelamiento programático" del derecho a la salud.

Los representantes gremiales confirmaron que el gobierno provincial va hacia el cobro de consultas ambulatorias y estudios médicos, una medida que rompe con el principio de gratuidad que históricamente caracterizó al sistema de salud público. Las internaciones, por ahora, mantendrán su carácter gratuito, aunque los gremios advierten que esta situación podría cambiar.

"El mensaje del gobierno es claro: quien puede pagar, recibe atención. Quien no puede, se queda sin acceso a la salud", señalaron desde las organizaciones sindicales.

 

 

 

 

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Los gremios denunciaron que la provincia no está contratando personal nuevo para reemplazar a los trabajadores que se jubilan, generando una reducción progresiva de la planta de profesionales de la salud. Además, criticaron que no se aumenten los cargos en proporción al crecimiento poblacional, lo que agrava la situación de déficit de atención.

Esta política de "no reposición" de personal se suma a la falta de inversión en infraestructura, como quedó evidenciado en el Hospital Zonal de Bariloche, donde las filtraciones de agua en el techo ponen en riesgo tanto la atención médica como la seguridad de pacientes y trabajadores.

Un sistema en crisis

La combinación de cobro de prestaciones, reducción de personal y deterioro de la infraestructura configura un escenario de crisis para el sistema de salud pública provincial. Los gremios advierten que estas medidas profundizarán las desigualdades en el acceso a la salud, convirtiendo un derecho constitucional en un privilegio para quienes puedan pagarlo.

La situación del Hospital Zonal de Bariloche, con sus techos que se llueven, se convierte así en una metáfora del estado general del sistema de salud: mientras se deteriora la infraestructura pública, se pretende que los ciudadanos paguen por servicios que el Estado tiene la obligación de garantizar.

Los gremios anunciaron que continuarán con las medidas de protesta y llamaron a la comunidad a defender el derecho a la salud pública y gratuita.