

Por: Bache3000
El intendente de San Carlos de Bariloche, Walter Cortés, emitió este jueves la Resolución 00001136-I-2025 para declarar "improcedente" la decisión del Concejo Municipal que declaró "persona no grata" al presidente de la Nación en el ámbito de la ciudad patagónica.
La controversia se originó cuando el Concejo Municipal aprobó la Comunicación 1158-CM-2025, cuyo artículo 2° establecía esta declaración contra el primer mandatario nacional. Sin embargo, el jefe comunal respondió con una resolución que considera la medida como "un acto contrario al interés general".
Lo extraño de la situación, es que los concejales que responden al intendente, habían votado a favor de la declaración. Mientras que Facundo Villalba y Samanta Echenique se retiraron de la mesa de debate por considerar que "había debates sobre la ciudad más importantes".
En los considerandos del documento, Cortés argumenta que la declaración de "persona no grata" constituye un "desconocimiento jurídico-legislativo", dado que este recurso está contemplado únicamente en el derecho internacional y queda recogido en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El intendente fundamenta su posición recordando que la Constitución Nacional establece que el presidente es elegido democráticamente por el pueblo y constituye "el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país". En paralelo, destaca que su responsabilidad como intendente radica en ejecutar políticas públicas locales en concordancia con las leyes y normas nacionales, sin anteponer diferencias políticas.
La resolución también enfatiza el rol del intendente como representante legal de la municipalidad ante la Nación y responsable directo de las acciones legales e institucionales que pueden perjudicar al municipio. Por esta razón, Cortés expresa "su total desacuerdo" con lo establecido por el Concejo Municipal y hace responsables a los impulsores de la medida ante cualquier acción legal o institucional que pueda originarse.
El documento municipal señala que el intendente actúa como jefe del gobierno municipal y debe gestionar relaciones y negociaciones con organismos federales, lo que justificaría su decisión de anular una medida que considera jurídicamente improcedente y potencialmente perjudicial para los intereses de la ciudad.
La resolución, refrendada por la Secretaría Legal y Técnica, fue registrada oficialmente este 6 de junio y marca una clara división entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal respecto al tratamiento de las relaciones con el gobierno nacional.