Por: Bache3000

El oficialismo logró lo que quería: ir a una sesión extraordinaria sin que hubiera mayoría de la oposición, que necesitaba 8 votos para evitar que la ordenaza fuera vetada por el intendente. De esta forma, el pagó millonario queda firma, y la empresa  los abogados (vincualdos al intendendente Walter Cortés), seguirán cobrando las cuotas del millón de dólares.

El debate no estuvo exento de críticas de la opoción, que desnudaron todas las irregularidades "y mentiras" que se orquestaron desde el oficialimo para lograr pagar avanzar con el pago, y evitar que se conozca qué pasó. 

Natalia Almonacid: "Una estación que nunca funcionó"

La concejal Natalia Almonacid fue contundente en su exposición: "Acá hubo una opción. Nunca nuestra acción desde nuestro bloque fue impugnar la acción del intendente o impugnar la acción del Tribunal de Contralor que tendrá sus mecanismos para debatir o para dirimir un voto en la comisión de transacciones. Lo que sí sucedió fue que nosotros no pudimos tener acceso en tiempo y forma a ese expediente".

Sobre las irregularidades del caso, Almonacid detalló: "La empresa no tenía habilitación comercial porque no tenía final de obra. Y el final de obra no corresponde a la municipalidad, corresponde a quien quiera habilitar algo. Ha habido falta de pago, ahora se paga daños y perjuicios por alguien que no tiene el final de obra".

La edil fue especialmente crítica con el pago a los abogados: "Se van a llevar 90.000 dólares para honorarios por 90.000 dólares, que con eso 90.000 dólares que se van a llevar porque evidentemente, según ellos, le hemos generado un daño, le pague a su abogado si no fue a ninguna acción judicial".

Leandro Costa Brutten: "El veto de la impunidad"

El concejal Leandro Costa Brutten denunció mentiras del intendente: "El intendente, mintiendo a todos los barilochenses en conferencia de prensa, dice que perdimos un juicio por daños y perjuicios. Ese juicio nunca existió, nos mintió en conferencia de prensa".

El edil, puso los audios del intendente, al momento en que dijo que el municipio había perdido un juicio por daños y perjuicios, cosa que nunca existió.

Costa Brutten calificó al veto como "el veto de la impunidad": "Esto es muy grave, señor presidente, y usted, mire, cuando se abracen con el intendente, recuerden lo que hicieron hoy, porque el intendente les debe a ustedes con este voto protección. Ustedes están hoy generando algo que no corresponde".

Sobre las irregularidades técnicas, el edil reveló: "Resulta ser que en el expediente hay una serie de comodatos para acreditar por qué esta empresa estaba en el lugar. ¿Sabe quién firmó los comodatos? Una empresa quebrada para que después le terminan comprando ellos en remate ese inmueble. O sea, los comodatos presentados en el expediente son nulos de nulidad absoluta porque lo firmó una persona que estaba en quiebra".

Roxana Ferreyra: "Una empresa que nadie conoce"

La concejal Roxana Ferreyra fue directa en su crítica: "Podríamos aplicar el presupuesto participativo que hace más de 10 años que no se aplica porque dicen no hay plata. Podríamos incrementar los productos de los módulos alimentarios porque nos están diciendo los vecinos que de 11 productos que venían ahora vienen 5 o 6 productos. Pero nada de eso está pasando y estamos entregándole nuestros recursos a una empresa que nadie conoce, que no es de acá".

Ferreyra denunció conflictos de intereses: "En el medio de todo esto, mucho más grave, hay un conflicto de intereses porque aparecen funcionarios, abogados que son funcionarios del Gobierno municipal, los que van a cobrar, también son parte de los que demandan".

La edil también criticó la falta de respuesta del intendente: "Los vecinos que están esperando el puente... pero sin embargo, el intendente no solamente veta, son 3 vetos y como la verdad no tiene vergüenza. El intendente conoce nuestras facultades en hacer esta comunicación y la declara improcedente".

Los concejales coincidieron en señalar que la estación de servicio nunca funcionó comercialmente, que no vendió combustible, que la empresa carecía de habilitaciones necesarias y que el proceso estuvo plagado de irregularidades procedimentales.

También cuestionaron la urgencia del pago cuando hay obras prioritarias como el puente que no tienen financiamiento asegurado, y denunciaron la falta de transparencia en todo el proceso de negociación.