Por: Bache3000

En una jornada que combinó acusaciones cruzadas, referencias históricas y críticas al estado del transporte público, el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche confirmó el veto del intendente Walter Cortés a la ordenanza 502, que obligaba a realizar licitaciones para las concesiones públicas. La decisión le permite al Ejecutivo municipal extender de forma automática el contrato con la empresa Mi Bus (Amancay) sin necesidad de mejoras sustanciales al servicio.

La polémica se desarrolla en un marco donde el municipio destina actualmente unos 1.790 millones de pesos anuales en subsidios al transporte público, mientras que el boleto ha registrado aumentos superiores al 300% desde que asumió Cortés. Los números son contundentes: 130 millones de pesos todos los meses aporta el municipio, más mil millones que pone la provincia, según reveló el concejal Costa Brutten.

"Tenemos el boleto más caro de la Argentina: $1.895 las tres primeras secciones. Del centro al kilómetro 25 sale más de $5.000", denunció la concejal Roxana Ferreyra, quien además señaló que "los barilochenses pagan $1.420 por boleto, son $2.840 por día para poder ir a trabajar".

Uno de los momentos más impactantes del debate llegó cuando el concejal Costa Brutten exhibió actas de inspección municipal que describen un panorama desolador. "Falta manivela segunda ventanilla, tapizados rotos, matafuego vencido desde el 24 de octubre de 2023", leyó de una de las inspecciones, agregando: "Hay que ser un kamikaze para ser chofer de Mi Bus. Se sube el que maneja a una unidad que no le funciona el instrumental del tablero, no sabe ni a qué velocidad va".

Las actas revelan además que solo funcionan 58 unidades diarias en pésimas condiciones, cuando el contrato original estipulaba 100 unidades modelo 2017 que nunca se entregaron. "Hay unidades de 2012, otras modelo 2000, pero en el contrato no figura", denunció Ferreyra.

La defensa del oficialismo: "No le pongan trabas al intendente"

El concejal Tomás Hercongonja, del bloque oficialista, justificó su voto contrario a la ordenanza con un argumento pragmático: "No le quiero poner ahora trabas al intendente para que pueda negociar". Segovia trazó un recorrido histórico del transporte en Bariloche desde 1978 y defendió la necesidad de dar margen de maniobra al Ejecutivo.

"Si sale esta ordenanza, mañana la empresa dice 'me voy' porque no va a poder negociar. ¿Qué pasa con los empleados que quedan?", planteó Hercingonja, comparando la situación con Neuquén, donde "pagan 1.500 millones de pesos por mes de subsidio".

La oposición no escatimó en críticas al manejo del transporte público. El concejal Costa Brutten recurrió a la figura histórica del general Pirro para describir la situación: "Están generando una victoria pírrica porque la gente los está mirando. Ven que ustedes están en contra de la transparencia, ven que ustedes están en contra de una ordenanza que les impide acordar con un empresario".

Facundo Villalba fue aún más directo: "De los 3 vetos de hoy, este es por lejos el que más dinero afecta. Todo termina pareciendo un curro y nosotros los concejales tenemos la obligación de marcar estas cosas".

El subsidio al transporte urbano de pasajeros para este año está presupuestado en 1.700 millones de pesos. Eso es lo que estamos dándole al peor servicio del país, al más caro". El concejal comparó estas cifras con otros gastos municipales: "1.700 millones de pesos me hace acordar a lo que valía el puente Ñireco a principio de año, cuando votamos el presupuesto que le asignamos 1.600 y pico de millones de pesos. Le estamos dando a la empresa 1.700 millones en base a nadie sabe qué, porque los costos no los quieren discutir".

El concejal también denunció la degradación institucional: "Cada vez hay menos concejales presentes, también están degradando el debate político. Soy un concejal que ha recibido una carta documento por parte de funcionarios del gobierno municipal intimidándome a no decir ciertas cosas, intentando ponerme un bozal legal". Villalba cuestionó duramente los gastos en comunicación: "Les molesta muchísimo que salgamos en los medios, por eso pagan fortunas, 150 millones de pesos al año a los medios de comunicación para que den de baja notas, para que no hablen".

Una de las intervenciones más reveladoras fue la de la concejal Natalia Almonacid, quien reconoció haber sido parte del proceso que aprobó la ordenanza 502 cuando fue asesora técnica del Concejo. "Lamento haber iniciado el proceso por la 502 en la prórroga de Campanario. Hoy puedo ver que no, que podría haber tenido más", admitió.

Almonacid planteó que Bariloche cambió en la última década y que el contrato actual responde a una realidad diferente: "Seguimos teniendo exactamente los mismos recorridos de cuando yo tenía 5 años e iba a la escuela. Es un Bariloche que cambió, que se modificó".

La réplica de Almonacid: "Le están mintiendo"

Tras la intervención de Tomás Hercingonja, la concejal Natalia Almonacid respondió con dureza, acusando directamente al oficialismo de desinformación: "Es evidente que le han dado información errónea. Lo que está diciendo es una falacia, una mentira, y el que se lo haya dicho le mintió", declaró dirigiéndose a Hercongonja.

Almonacid explicó que la ordenanza 502 "lejos está de decir que vamos a tener una nueva licitación. La 502 dice que es la prórroga del contrato original", y que por esa razón "por más que quiera negociar, no va a poder incorporarle ninguna modificación si quiere poder pasarla por este Concejo Deliberante".

La concejal advirtió sobre las consecuencias de sentarse a negociar desde una posición de debilidad: "Si se sienta en esa mesa con ese rol de debilidad que acaba de decir el concejal, vamos a estar ante la peor situación. Nos van a sentenciar a años de mal transporte urbano".

Con el veto confirmado, el intendente Cortés podrá extender automáticamente el contrato con Mi Bus por el mecanismo de la ordenanza 502, que permite prórrogas "por acuerdo de las partes" cuando "el cumplimiento haya sido óptimo", según el artículo 16 del contrato vigente.

La decisión genera incertidumbre sobre las mejoras al servicio, especialmente considerando que la empresa no cumple con las especificaciones originales del contrato y mantiene múltiples sanciones pendientes. Como señaló Ferreyra: "No tienen una sola unidad adaptada a personas con discapacidad, pese a que hay un fallo de la justicia que tampoco cumplieron".

El debate de este viernes no solo selló la suerte de la ordenanza 502, sino que evidenció las profundas diferencias sobre cómo debe gestionarse el transporte público en una ciudad que, según todos los concejales coincidieron, merece un servicio mejor del que actualmente recibe.