Por: Bache3000

La manifestación, que contó con la participación de representantes de todas las organizaciones políticas afines al peronismo local, se inició en las primeras horas de la tarde en el emblemático espacio público barilochense. Los manifestantes portaban banderas argentinas, pancartas con consignas de apoyo a la exmandataria y corearon cánticos que denunciaban lo que consideran una "persecución judicial".

Tras varias horas de concentración, la columna de manifestantes se desplazó por las principales arterias de la ciudad en una marcha que culminó frente al juzgado federal de calle San Martín. El recorrido transcurrió de manera pacífica, con fuerte presencia policial que garantizó el orden público y el normal desarrollo de la protesta.

"Estamos aquí para defender la democracia y repudiar esta decisión que consideramos injusta", expresó uno de los dirigentes locales que participó de la movilización. "Cristina es víctima de lawfare, de una persecución política que busca proscribirla del juego electoral", agregó mientras la multitud aplaudía sus palabras.

La concentración barilochense mostró la capacidad de movilización que mantiene el kirchnerismo en la región patagónica, donde históricamente ha tenido un fuerte respaldo popular. Entre los dirigentes presentes se destacaron Leandro Costa Brutten, Osvaldo Nemirovsci, Ana Marks y Roxana Ferreyra, junto a militantes de Nuevo Encuentro y el Partido Comunista, quienes se hicieron presentes para expresar su solidaridad con la expresidenta y su rechazo al fallo judicial.

La manifestación en Bariloche se enmarcó dentro de una jornada de protestas que se extendió por todo el país. En Buenos Aires, militantes peronistas cortaron los principales accesos a la capital, mientras que en otras ciudades del interior se registraron concentraciones similares frente a tribunales y espacios públicos. La coordinación nacional de las protestas evidenció la estructura organizativa que mantiene el peronismo pese a la adversa situación judicial de su principal referente.

La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, relacionada con el otorgamiento de obras viales millonarias durante sus dos gobiernos entre 2007 y 2015. La expresidenta, de 72 años, podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria y tiene cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales. La condena también implica su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Desde la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires, donde recibió la notificación del fallo, Kirchner denunció que el "Partido Judicial" le había impuesto un "cepo al voto popular". La expresidenta reiteró que es víctima de una persecución política orquestada por sus rivales, comparándose con otros líderes latinoamericanos como Lula da Silva y Rafael Correa. El presidente Javier Milei, desde Israel, se limitó a tuitear: "Justicia. Fin".