Por: Bache3000

La cosa empezó como empiezan las cosas en los pueblos: con una foto. Una foto que alguien sacó, que alguien más compartió, que alguien después denunció. Una foto de un camión mixer municipal —de esos que costaron fortunas y generaron suspicacias el año pasado— volcando hormigón en un terreno que no es municipal.

Los vecinos de El Maitén vieron lo que vieron y dijeron lo que tenían que decir: que un vehículo pagado con sus impuestos estaba trabajando para un particular. Así de simple. Así de grave.

El terreno en cuestión pertenece a una mujer en situación de vulnerabilidad —algo que nadie discute, algo que incluso puede justificar la ayuda social—, pero lo que se discute, lo que realmente importa, es otra cosa: ¿dónde está la documentación que avala esta operación? ¿Qué papeles oficiales respaldan que recursos públicos sean destinados a propiedades privadas?

Porque una cosa es la solidaridad —que está bien, que es necesaria— y otra cosa es la discrecionalidad —que está mal, que es peligrosa—. Una cosa es ayudar a quien lo necesita siguiendo los protocolos correspondientes, y otra cosa es que un funcionario decida por su cuenta y riesgo a quién, cuándo y cómo se destinan los bienes que pagamos entre todos.

Los lotes de El Maitén tienen historia: fueron entregados durante la gestión de Gustavo Gennuso, llevan nombres de familias en sus accesos, forman parte de esa geografía social que se va armando entre promesas políticas y necesidades reales. Pero la geografía social no puede construirse al margen de la ley.

Bache3000 fue hasta el lugar —porque hay que ir, porque las cosas hay que verlas— y vio lo que había que ver: personas trabajando, personal municipal en terreno privado, operaciones que no figuran en ningún expediente oficial. Vio la realidad funcionando por fuera de los papeles, la administración pública convertida en administración privada.

El concejal Leandro Costa Brutten hizo lo que correspondía: pidió informes. Presentó las fotografías, exigió explicaciones, reclamó la documentación que debería existir si todo se hizo como corresponde. La respuesta fue la de siempre: promesas, dilaciones, silencio administrativo.

Pero el silencio tiene nombre y apellido. Yanina Sánchez, Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad, recibió el pedido de informes y contestó con una nota que dice todo sin decir nada. En su respuesta del 9 de junio —que llegó después de varias gestiones—, Sánchez reconoce que "no se ha realizado resolución, disposición y/o acto administrativo" que autorice el uso de recursos municipales en terrenos privados. Es decir: admite que se hizo lo que no se debía hacer, pero no dice qué va a pasar con eso.

La funcionaria indica que se desconoce "cualquier actitud que el edil manifiesta que se estaría llevando a cabo con utilización de fondos públicos". Una frase que es casi un trabalenguas burocrático para decir que no saben nada de nada. O que no quieren saber.

Después llegó la respuesta oficial del Presidente del Concejo Municipal, Gerardo Del Río, en una nota fechada el 5 de junio. Del Río, haciendo uso de las facultades que le confiere la ordenanza 1356-CM-04, se dirigió al Ejecutivo para solicitar informes sobre "el presunto uso de vehículos oficiales" en obras sobre terrenos privados. Una manera elegante de decir: expliquen qué carajo está pasando.

El Bloque Incluyendo Bariloche también metió su cuchara en este asunto. En una nota del 4 de junio dirigida al Departamento Ejecutivo, fundamentan su pedido de informes en la "responsabilidad del Estado Municipal de garantizar una administración transparente, eficaz y respetuosa del marco legal vigente". Palabras bonitas para decir algo muy simple: queremos saber si están choreando.

La nota del bloque es técnicamente impecable: cita ordenanzas, menciona resoluciones, habla de "significativo valor económico" y de la necesidad de "esclarecer los hechos". Pero entre tanta palabrería jurídica, lo que dicen es que sospechan que alguien está usando la planta hormigonera municipal como si fuera suya.

Y el silencio administrativo no es casual, nunca lo es. A pesar de todos estos pedidos formales, de todas estas notas con membrete oficial, las respuestas concretas siguen brillando por su ausencia. Porque cuando las cosas se hacen correctamente, los papeles existen, los protocolos se cumplen, las explicaciones sobran.

Fuentes oficiales prometieron el envío de documentación, pero las promesas en política son como las nubes: cambian de forma según el viento. Y mientras tanto, el tiempo pasa, los ciudadanos esperan, la transparencia se convierte en un espejismo.

La pregunta no es si había que ayudar a esa mujer —probablemente sí—. La pregunta es: ¿qué garantías tenemos de que mañana ese mismo criterio discrecional no beneficie a un funcionario, a un amigo, a un conocido de alguien que maneja la planta de hormigón? ¿Qué nos asegura que los recursos públicos no se conviertan en moneda de cambio político?

Porque de eso se trata la institucionalidad: de que las reglas sean para todos, de que los procedimientos se respeten, de que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda a la hora de acceder a los beneficios del Estado.

El mixer municipal sigue funcionando, el hormigón se sigue volcando, pero las explicaciones siguen faltando. Y mientras tanto, los contribuyentes de San Carlos de Bariloche se preguntan —se preguntamos— cuándo la solidaridad dejó de necesitar papeles, cuándo la ayuda social se convirtió en discrecionalidad administrativa.

Las fotos están, los testimonios también, la realidad es incuestionable. Lo único que falta son las respuestas. Esas respuestas que el poder público le debe al poder ciudadano, esas explicaciones que transforman la sospecha en certeza o la denuncia en malentendido.

Por ahora, solo hay silencio. Un silencio que pesa como el hormigón y que cuesta como los impuestos.