Por: Bache3000

El colegio Jean Piaget encabeza las denuncias de las familias, pero la situación se replica en múltiples instituciones privadas de la ciudad. La metodología es siempre la misma: no existe un rechazo explícito y por escrito, señalan algunos padres a Bache3000. En cambio, las familias reciben respuestas evasivas en reuniones donde se les comunica verbalmente que "no hay lugar" para su hijo, mientras paralelamente observan cómo otros estudiantes sin dificultades obtienen vacantes sin inconvenientes.

La situación se agrava por la ausencia total de intervención del estado provincial. Las instituciones educativas privadas operan sin inspecciones efectivas desde supervisión, no se aplican sanciones por incumplimiento de normativas y sistemáticamente violan tanto la ley nacional de inclusión como la ley provincial de educación.

"Las aulas funcionan con sobrecupo, excediendo los aforos establecidos y la cantidad máxima de alumnos por docente. Esta situación de hacinamiento genera un ambiente donde los estudiantes "se detonan" y las instituciones, en lugar de abordar las causas estructurales del problema, simplemente trasladan la responsabilidad a las familias", afirman a Bache3000 uno de los familiares.

Decenas de niños quedan cada año sin matrícula en un limbo educativo. La educación pública no logra absorber la demanda ni ofrecer soluciones adecuadas para casos de inclusión, mientras que el sector privado opera sin control, y para las familias ttodo termina en "prácticas discriminatorias".

Un caso reciente que ilustra esta problemática involucra a un niño con autismo al que ninguna institución privada de la ciudad le otorgó vacante. Su familia, como muchas otras, se encuentra sin alternativas viables para garantizar el derecho a la educación de su hijo.

Ante la inacción de las autoridades educativas, algunas familias han decidido judicializar sus casos. Sin embargo, el proceso es largo y costoso, y mientras tanto sus hijos permanecen fuera del sistema educativo.

"Las instituciones han desarrollado un sistema perverso para protegerse de las consecuencias de sus decisiones discriminatorias. Cuando se reúnen con las familias, labran actas unilaterales escritas a mano donde consignan únicamente la versión que les conviene", relatan, mientras las familias deben firmar sin tener voz ni voto en el contenido del documento. Por esa misma razón las familias deciden no dar su nombre.

Existe un entramado de intereses entre los propietarios de colegios privados que funciona como un verdadero lobby. Las familias que se quejan o "hacen quilombo" quedan marcadas y automáticamente se les niega el acceso a cualquier institución privada de la ciudad. Los directivos se comunican entre sí y comparten información sobre familias consideradas "problemáticas".

Esta red de protección mutua opera con total impunidad, sabiendo que supervisión escolar no intervendrá y que las familias tienen pocas herramientas legales para defenderse en el corto plazo.

"Lo que está ocurriendo en Bariloche es la consolidación de un sistema educativo de dos velocidades, donde los colegios privados seleccionan a su antojo qué estudiantes aceptar, violando principios básicos de inclusión y no discriminación", afirman las familias a este medio.

Mientras tanto, cientos de familias enfrentan cada año la angustia de no saber dónde podrán educar a sus hijos, en una ciudad donde el derecho a la educación parece estar condicionado por la capacidad económica y la ausencia de cualquier necesidad educativa especial.