"El nuevo mapeo estaba prácticamente hecho. La frenaron por motivos políticos primero en 2015-16 y después en 2019 otra vez", declaró Tomás Guevara, integrante de la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables (FADECHS), una de las entidades que junto a la Asociación Civil Árbol de Pie interpuso la demanda que prosperó en el tribunal.

Esta revelación expone que la demora de más de diez años en actualizar el ordenamiento no se debe a impedimentos técnicos sino a voluntad política, lo que refuerza los argumentos del fallo judicial que calificó la situación como un "rehusamiento" notorio del deber legal.

El impacto de la decisión judicial trasciende los futuros desarrollos inmobiliarios. Según explica Guevara, "lo que se va a plantear es que no se aprueben proyectos inmobiliarios en laderas boscosas, o que se frenen aquellos en curso hasta tanto el OTBN esté actualizado". Esta medida alcanzaría tanto a nuevos emprendimientos como a loteos ya existentes en las laderas boscosas del Cerro Otto, Carbón y Catedral.

La actualización del mapa podría reclasificar terrenos que actualmente tienen permisos de desarrollo, generando incertidumbre sobre proyectos que ya cuentan con loteos aprobados pero que podrían quedar en una categoría de mayor protección ambiental.

Las organizaciones demandantes pusieron como ejemplo concreto la aprobación de la Ordenanza 3483-CM-2024 que autorizó el proyecto urbanístico PHE Nuevo Bariloche en la ladera sur del Cerro Otto, precisamente en una zona que podría verse afectada por la nueva cartografía.

De hecho, ambas entidades mantienen una demanda específica contra este proyecto del Cerro Otto y anunciaron que van a solicitar su paralización utilizando precisamente este mandamus como fundamento legal.

El Superior Tribunal de Justicia ordenó al gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales, presentar un plan de trabajo en 30 días hábiles que incluya cronograma y medidas temporales para prevenir daños ambientales hasta que la Legislatura apruebe la actualización definitiva.

Los demandantes fueron enfáticos al señalar que, con esta sentencia, tanto la Subsecretaría de Recursos Forestales como las autoridades municipales deben abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones de apeos y desmontes hasta que el mapa sea actualizado.

La situación expone un conflicto entre el desarrollo inmobiliario y la protección ambiental que se mantuvo en suspenso durante más de una década por decisiones políticas, y que ahora deberá resolverse bajo el escrutinio judicial y con potenciales consecuencias para loteos ya establecidos en zonas que podrían recategorizarse como áreas de mayor protección.