Por: Bache3000

Una confusión legal sobre la normativa gremial está generando millonarias pérdidas al erario público municipal. La controversia surgió cuando el intendente Walter Cortés justificó la retención de sueldos de empleados municipales amparándose en el artículo 9° de la ley 23551. Sin embargo, una revisión detallada de la normativa revela una interpretación completamente errónea que ha derivado en costosos procesos judiciales.

El artículo 9° de la ley 23551 establece claramente que "Las asociaciones sindicales no podrán recibir ayuda económica de empleadores, ni de organismos políticos nacionales o extranjeros. Esta prohibición no alcanza a los aportes que los empleadores efectúen en virtud de normas legales o convencionales." La norma apunta específicamente a prohibir el financiamiento directo de sindicatos por parte de empleadores, no a regular los salarios de trabajadores con actividad gremial.

La diferencia es sustancial: una cosa son los "aportes" como ayuda económica al sindicato, y otra muy distinta son los sueldos que corresponden a empleados por su trabajo. Esta distinción fundamental parece haber sido pasada por alto en la interpretación municipal, generando una cascada de decisiones administrativas sin respaldo legal sólido.

"¿Quién lo paga? El pueblo lo paga eso", señaló el intendente. Y efectivamente, la factura la están pagando los contribuyentes: hasta el momento, los juicios perdidos por esta interpretación errónea suman más de 150 millones de pesos. Los tribunales han sido contundentes al fallar en contra del municipio, reconociendo que la normativa nacional y local ampara la actividad de los representantes gremiales. Lo llamativo, es que desde el Ejecutivo pretenden seguir judicializando la situación.

La serie de derrotas judiciales pone en evidencia problemas graves en el manejo jurídico municipal. Equiparar ayuda económica a sindicatos con salarios de empleados demuestra una comprensión superficial de la legislación laboral. Los 150 millones de pesos en juicios perdidos representan recursos que podrían haberse destinado a obras públicas, servicios esenciales o mejoras para la comunidad.

La legislación sindical argentina protege específicamente el derecho a la actividad gremial de los trabajadores, la percepción de salarios independientemente de la participación sindical, y la representación de los intereses laborales sin represalias económicas. Estos principios han sido ratificados consistentemente por los fallos judiciales que han favorecido a los empleados municipales.

La persistencia en una interpretación errónea no solo genera más demandas y mayores costos futuros, sino que establece un precedente peligroso. Mientras los funcionarios insisten en una lectura incorrecta de la ley, son los contribuyentes quienes terminan pagando el precio de esta obstinación legal.

Este caso ilustra cómo las decisiones administrativas basadas en interpretaciones jurídicas erróneas pueden tener consecuencias millonarias para el erario público. La pregunta que queda flotando es si el municipio continuará acumulando derrotas judiciales o si finalmente reconocerá que la ley 23551 no avala las retenciones salariales que tanto han defendido. Los 150 millones de pesos perdidos en juicios son apenas el comienzo de una cuenta que seguirá creciendo mientras persista esta interpretación sin fundamento legal.