

Por: Bache3000
La presentación, que critica duramente la "inacción" del intendente Cortés, busca el apartamiento provisorio de Gustavo Gaminao, subsecretario de Cultura, y Guido Tripolatti, subsecretario de Tránsito y Transporte, hasta que la justicia resuelva definitivamente sus situaciones procesales.
El caso de Gaminao, como se informó anteriormente, involucra una denuncia por presunto acoso sexual a una menor de edad. Costa Brutten señala en su presentación que fuentes judiciales confirmaron que el funcionario está imputado por abuso sexual simple y que la audiencia de control de acusación se realizó en mayo, con el debate programado para marzo de 2026. Tras la cámara Gesell con la víctima, la situación procesal del subsecretario de Cultura "se complicó considerablemente", según consigna el concejal citando medios periodísticos.
El edil destaca la gravedad de que un funcionario bajo investigación judicial por hechos que involucran menores de edad haya participado en actos oficiales, haciendo referencia a la actuación de Gaminao como bailarín en las celebraciones del 20 de junio, cuando ya circulaban las denuncias en su contra.
Respecto a Tripolatti, la situación es igualmente compleja. El subsecretario de Tránsito y Transporte fue imputado por el fiscal Marcos Sosa Lukman por abuso de autoridad y amenazas, en un hecho ocurrido el 12 de noviembre de 2024 en pleno centro de Bariloche. Según la denuncia, Tripolatti intervino para impedir que un trabajador municipal labrara un acta de infracción a un conductor de Uber.
Lo más grave de este caso es que el propio Tripolatti habría declarado ante la justicia que recibió la orden de intervenir directamente del intendente Walter Cortés. "Esa noche recibí un llamado del intendente Walter Cortés. En ese contacto se le dijo que tenía que dejar ir al conductor del Uber porque era un tema pendiente de resolución, ya que se estaba trabajando en una ordenanza para regular a las aplicaciones móviles", confesó el funcionario según consigna Costa Brutten en su presentación.
La declaración de Tripolatti, realizada con asistencia letrada, implicaría directamente al intendente Cortés en la causa, ya que el funcionario alegó haber recibido la orden expresa del jefe comunal para "dejar sin efecto el trabajo de los inspectores de tránsito y transporte".
Costa Brutten fundamenta su pedido en la "extraordinariamente preocupante inacción" del intendente Cortés, quien designó a ambos funcionarios mediante sendas resoluciones pero no ha tomado medidas respecto a sus situaciones judiciales. El concejal argumenta que resulta "imprescindible el accionar del Tribunal de Contralor" para que se proceda al "inicio de investigación sumaria" de manera urgente.
La presentación formal solicita específicamente que el Tribunal de Contralor dé inicio a una investigación sumaria contra ambos funcionarios y determine su suspensión preventiva hasta que exista "sentencia penal firme y resolutoria" en sus respectivos casos.
El pedido de Costa Brutten pone en evidencia una crisis institucional en el ejecutivo municipal, donde dos subsecretarios enfrentan graves imputaciones penales y el propio intendente aparece mencionado en una de las causas. La situación genera interrogantes sobre los mecanismos de control interno del municipio y la responsabilidad política del jefe comunal en el manejo de estos escándalos.
El Tribunal de Contralor deberá ahora analizar la solicitud y determinar si procede con las medidas preventivas solicitadas, en un contexto donde la gestión de Cortés enfrenta uno de sus momentos más críticos desde el inicio de su mandato.