Por: Bache3000

El intendente había dicho que "no voy a pagar los sueldos", y hoy tuvo que reconocer su derrota legal después de una semana negra: incendios, denuncias penales y ahora la humillación de firmar lo que había negado durante meses.

En San Carlos de Bariloche, donde el poder se mide en gestos y las derrotas se firman con tinta azul, Walter Cortés vivió ayer su momento más amargo: tuvo que estampar la firma de sus funcinarios en el documento que durante meses había jurado no firmar jamás. El Acuerdo de Cumplimiento de Sentencia que regulariza los sueldos de los empleados municipales nucleados en SOYEM no es solo un papel: es la confesión pública de que se equivocó, de que las leyes estaban del otro lado, de que su batalla épica contra los empleados municipales terminó como terminan todas las batallas contra la realidad: con una derrota total.

El documento, firmado este 24 de junio en el Tribunal de Contralor Municipal, lleva las rúbricas de quienes ayer eran enemigos irreconciliables: por el municipio, el presidente del Tribunal Dr. Estanislao Cazaux y la letrada apoderada Dra. Yanina Andrea Sánchez; por SOYEM, Juan Ignacio Ivanissevich como secretario adjunto, con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalo N. Ojeda. Nombres que quedarán en la historia de esta claudicación como testigos de que hasta los intendentes más tercos terminan doblegándose ante la ley.

Cortés llegó a esta firma después de lo que bien podría llamarse su semana negra: primero el incendio que sacudió la ciudad, después las denuncias penales que se hicieron públicas sobre funcionarios de su gestión, y finalmente esto, lo que más dolía: reconocer públicamente que no tenía razón. Él, que había dicho "no voy a pagar los sueldos" con la solemnidad de quien declara la guerra, tuvo que sentarse en una mesa a negociar la paz.

La deuda que se reconoce en el acuerdo supera los 108 millones de pesos, una cifra que habla de meses de obstinación, de empleados que cobraron tarde o no cobraron, de familias que esperaron mientras el intendente jugaba al póker con cartas marcadas. En el anexo del acuerdo aparecen los nombres de los 14 empleados cuyos sueldos se regularizarán. Números que traducidos significan: Cortés se equivocó y los empleados tenían razón.

¿Qué lleva a un intendente a sostener durante meses una posición que todos —concejales, jueces, ministros, secretarios, el propio Tribunal de Cuentas— le decían que era insostenible? ¿Qué mecanismo mental permite que alguien siga negando lo evidente hasta el último minuto? El caso Cortés es un manual de cómo el poder puede volver sordo a quien lo ejerce. Durante meses había repetido que pagar esos sueldos era "ilegal", que podía ser "una coima", que se iba a "mantener firme". La justicia lo contradijo varias veces, el Tribunal de Cuentas le explicó que estaba equivocado, pero Cortés siguió en su trinchera hasta que la realidad lo obligó a salir con bandera blanca.

"Primero agradecer a todos, otros sindicatos, ministerio de trabajo de la provincia, juntas vecinales, que desde el día uno nos acompañaron, y fundamentalmente a los empleados del municipio que apoyaron. Esto queda de experiencia para los diferentes actores del estado que deben estar atentos a hacer cumplir la normativa, que en este caso es muy clara", dijo Brenda Morales, de SOYEM, con la elegancia de quien gana sin necesidad de humillar al derrotado.

Porque esto es también una lección: los empleados municipales no pidieron nada extraordinario, solo que se cumpliera la ley. No hicieron una revolución, hicieron algo más poderoso: esperaron a que la justicia hiciera su trabajo. Y la justicia, lenta pero inexorable, terminó dándoles la razón. El acuerdo establece que la municipalidad pagará a cada trabajador 5,6 sueldos correspondientes a la liquidación de mayo 2025, reconocerá la tutela sindical de todos los miembros de SOYEM y formalizará las licencias gremiales. También prevé multas en caso de incumplimiento y determina que será la Cámara del Trabajo la que intervendrá si hace falta ejecutar el acuerdo.

Cortés terminó pagando mucho más que dinero: pagó con su credibilidad. Un intendente que no puede sostener sus promesas, que dice una cosa y hace otra, que convierte una cuestión administrativa en una guerra personal que termina perdiendo, es un intendente debilitado. Y en política, la debilidad se paga cara. Los empleados municipales vuelven hoy a sus trabajos sabiendo que ganaron algo más que un juicio: ganaron la certeza de que las instituciones funcionan, de que la ley puede más que la voluntad de un intendente, de que la paciencia y la razón terminan venciendo a la soberbia y la obstinación.

Cortés, mientras tanto, deberá explicar por qué generó una deuda de más de 100 millones de pesos para terminar pagando exactamente lo que habría tenido que pagar desde el principio. Deberá explicar por qué convirtió un problema administrativo en un conflicto político que terminó perdiéndolo todo: el dinero, el tiempo, y algo más difícil de recuperar: la confianza. En Bariloche, donde las montañas enseñan sobre la permanencia y los lagos sobre la paciencia, ayer se escribió una lección que trasciende lo local: hasta los más poderosos terminan aprendiendo que hay fuerzas más grandes que su voluntad. Se llaman ley, justicia, derecho. Y siempre, siempre, terminan ganando.