Por: Bache3000

Los hechos, en principio, son simples. Catedral Alta Patagonia presentó un recurso en la justicia para modificar las condiciones de acceso de los residentes. Obtuvo una sentencia que estableció que pueden acceder al cerro desde las 11 de la mañana, no antes. Pero entonces hizo algo curioso: anunció que abriría una inscripción online para que los residentes pudieran subir desde las 9. "Sabemos que según el contrato actual el acceso comienza a las 11 hs. ¡Pero pensamos en vos y queremos más!", dijeron.

En pocas horas, más de 700 vecinos se organizaron por WhatsApp. Salieron a juntar firmas en 13 puntos de la ciudad. Convocaron a una movilización. Y la empresa, ante la presión, retrocedió: volvería a las condiciones anteriores.

Uno podría pensar que acá termina la historia, pero en realidad acá empieza la pregunta interesante: ¿para qué?

Porque la empresa no tenía ninguna obligación de ir a la justicia a modificar condiciones que funcionaban. Los residentes estaban, por usar una expresión local, mansos. Iban tranquilos al cerro a esquiar, a laburar, a mirar la nieve. No había conflicto visible, no había reclamos masivos, no había crisis que resolver. Y sin embargo, alguien decidió que era necesario presentar un recurso judicial para cambiar algo que no pedía ser cambiado.

Es una historia argentina, claro, pero de las raras: la de la solución que busca su problema, la del conflicto que se inventa a sí mismo.

Los residentes, organizados después en el movimiento Residentes Unidos Bariloche, no estaban inventando un problema porque el problema se los habían inventado. Sus reclamos, una vez que se vieron obligados a reclamar, tenían fundamento: el acceso tardío complica la vida de quienes quieren subir al cerro antes de ir a trabajar o mientras los chicos están en la escuela. La eliminación de pases gratuitos para mayores de 70 años toca una fibra sensible en una comunidad que envejece. La restricción a medios de acceso modernos cuando el cerro se ha modernizado parece, cuanto menos, contradictoria.

Pero uno se pregunta: ¿todo esto para qué? ¿Cuál era el objetivo de generar un conflicto donde no lo había? Porque el resultado más visible de la maniobra judicial fue despertar y organizar a una comunidad que estaba dispersa, que no tenía agenda común, que vivía su relación con el cerro de manera individual y pacífica.

Lo que falló no fue la lectura de contexto. Lo que falló fue la lógica misma de la operación. En un momento de calma comunitaria, alguien decidió que era necesario sacudir el avispero. Y lo sacudió. ¿Para qué? para nada. La empresa obtuvo su sentencia judicial, pero a cambio despertó algo que antes no existía: una organización vecinal articulada, con capacidad de respuesta, con agenda propia.

Y acá aparece algo que no es menor: la velocidad. Todo ocurrió en pocas horas. El anuncio empresarial, la organización vecinal, la movilización, la marcha atrás. Es el tiempo de WhatsApp, el tiempo de las redes, el tiempo en el que una decisión empresarial puede generar una crisis de comunicación en una tarde.

Uno se pregunta qué habría pasado si la empresa simplemente hubiera mantenido las condiciones que funcionaban. O si alguien, en algún momento, se hubiera preguntado cuál era el problema que se quería resolver con el recurso judicial.

Pero la realidad es que a veces las instituciones generan movimientos por el solo hecho de generar movimientos. Donde no hay conflicto, se crea conflicto. Donde hay paz, se siembra inquietud. Es una lógica que no responde a necesidades concretas sino a la pura inercia del poder que necesita ejercerse para justificar su existencia.

El resultado de toda esta danza fue, paradójicamente, que todos quedaron en el mismo lugar donde estaban antes, pero habiendo gastado una cantidad considerable de energía y construción de desconfianza. Los residentes reafirmaron que están organizados y que no van a aceptar pasivamente decisiones que los afecten. El problema de fondo - cómo compatibilizar las necesidades empresariales con los derechos de los residentes - sigue sin resolverse.

Porque al final, de eso se trata: de encontrar un equilibrio entre una empresa que necesita ser rentable y una comunidad que no quiere ser expulsada de su propio paisaje. Es un problema que tienen muchas ciudades turísticas del mundo, no solo Bariloche. Y es un problema que no se resuelve con gestos unilaterales, sino con diálogo genuino.

La modernización del cerro es una realidad positiva que beneficia a todos. La inversión que realizó CAPSA -sin dudas -ha hech un mjeor servicio. Pero las mejoras técnicas no resuelven automáticamente las tensiones sociales. Al contrario: a veces las magnifican, porque crean expectativas que luego pueden frustrarse.

Lo que quedó claro esta semana es que tanto la empresa como la comunidad tienen capacidad de reacción. La empresa puede modificar decisiones. Los residentes pueden organizarse y movilizarse. Son capacidades valiosas, pero que funcionan mejor cuando se ejercen en diálogo que cuando se ejercen en oposición.

Tal vez la lección de esta pequeña crisis sea que en una ciudad como Bariloche, donde el cerro es parte del paisaje cotidiano y del imaginario colectivo, las decisiones sobre su acceso no pueden tomarse como si fueran decisiones puramente técnicas o comerciales. Son decisiones que tocan identidades, rutinas, modos de vida.

Y tal vez, también, que en los tiempos que corren, donde todo se acelera y se amplifica, hace falta construir espacios y tiempos para la conversación previa, para el malentendido evitable, para el gesto que se entiende como se quiso decir y no como se interpretó.

Porque al final, tanto la empresa como los residentes quieren lo mismo: que el cerro funcione bien, que sea accesible, que siga siendo parte de la vida de Bariloche. Es un objetivo común que debería hacer más fácil el diálogo, no más difícil.

La danza de los horarios terminó, por ahora. Pero la música sigue sonando.