

Por: Bache3000
La promesa surgió durante una reunión cerrada con conductores de la plataforma, donde Cortés les aseguró que la consulta será "por sí o por no" al uso de Uber en la ciudad. Sin embargo, esta modalidad no garantiza la resolución del verdadero conflicto: la falta de regulación profesional del servicio.
Los concejales que responden al intendente presentaron hace más de un año un proyecto de regulación que nunca lograron hacer avanzar, pese a que existe consenso mayoritario sobre la necesidad de reglamentar las plataformas digitales. El proyecto contempla exigencias básicas como carnet profesional para conductores, revisión técnica obligatoria (RTO) para vehículos, seguros que cubran a los pasajeros ante accidentes y habilitación municipal.
Durante el encuentro con los conductores, según se desprende de la grabación, Cortés reconoció las dificultades del tema: "Hay muchos intereses, para mí es muy difícil. Del otro lado hay muchos intereses, como toda cosa nueva se sienten perjudicados". El intendente también admitió que no encontraron la forma de que la aplicación tribute al municipio, como hacen el resto de las actividades comerciales de la ciudad.
"La cuestión de transporte en Bariloche la regimos nosotros, el intendente", les dijo Cortés a los conductores, mientras que uno de sus funcionarios planteaba la posibilidad de crear una aplicación local que permita que "la plata se quede en San Carlos de Bariloche".
El problema de fondo persiste: una consulta popular no resuelve la cuestión reglamentaria. Aunque la ciudadanía vote favorablemente, los vehículos de Uber seguirán circulando sin las garantías profesionales que exige cualquier servicio de transporte, manteniendo a los pasajeros desprotegidos ante eventuales accidentes.
La situación genera un círculo vicioso costoso: se gastará una suma millonaria en una consulta que no solucionará el problema real, mientras el proyecto de regulación que podría ordenar la actividad sigue empantanado por falta de impulso político del propio oficialismo.
La decisión de Cortés de prometer la consulta durante una reunión privada con conductores de Uber también genera interrogantes sobre la transparencia del proceso, especialmente cuando existe una herramienta legislativa disponible que podría resolver definitivamente el conflicto sin gastos adicionales para el municipio.