Por: Bache3000

El proyecto de loteo del sindicato de Luz y Fuerza volvió a estar en el centro de la controversia, principalmente por cuestionamientos del oficialismo, relacionados con una adjudicación realizada en 2022. Sin embargo, según reveló la concejal Natalia Almonacid tras analizar exhaustivamente la auditoría al instituto, estas objeciones resultaron ser infundadas.

"En ninguna de las notas o informes se nombra el loteo de Luz y Fuerza", explicó Almonacid, desmintiendo las acusaciones que habían circulado. El conflicto adquirió un tinte político particular cuando se descubrió que funcionarios del bloque oficialista habían hecho circular rumores falsos sobre supuestos familiares del sindicato beneficiados por el proyecto, en lo que parece ser una maniobra dirigida contra una organización gremial no afín al intendente Walter Cortés.

El proyecto original de 2022 contemplaba una primera etapa donde se asignaba una parte de los lotes mientras el sindicato desarrollaba la infraestructura completa del loteo. Esta iniciativa se vio interrumpida en 2023 con el cambio de gobierno, dejando en el limbo tanto el proyecto como las expectativas de los trabajadores del sector.

Tras la explicación detallada de Almonacid, el oficialismo reconoció que no pondría trabas al proyecto, considerándolo beneficioso para descomprimir la situación habitacional de los trabajadores del sector.

El segundo gran tema de debate fue el loteo "Brisas del Nahuel", un desarrollo que ingresó por emergencia habitacional y presenta una estructura dual: una parte privada y otra social. Mientras la primera no generó controversias, la segunda se convirtió en el epicentro de intensas discusiones.

El proyecto contempla la compra de un lote contiguo al desarrollo social de O'Keefe, cercano también al emprendimiento de Laura Fenoglio. La particularidad radica en que este terreno es más extenso de lo que la normativa exige ceder por emergencia habitacional.

Según la ordenanza de emergencia, los desarrolladores deben ceder el 15% en plusvalía para emergencia habitacional, lo que equivale a 103 lotes. Sin embargo, el desarrollo social proyectado supera ampliamente esta cantidad, lo que llevó a los desarrolladores a solicitar inicialmente parámetros urbanísticos para todos los lotes, manteniendo los excedentes en reserva para futuros proyectos.

Esta propuesta generó controversias adicionales al incluir dentro del loteo social una zona destinada a desarrollo comercial, que quedaría en manos del desarrollador privado. Como alternativa, la empresa propuso tributar el 15% reglamentario con los lotes correspondientes, elevando el número de 103 a 111 unidades para obtener la aprobación de los parámetros urbanísticos.

Las discusiones en comisión fueron tan intensas que el tema, originalmente programado para tratarse al inicio, fue postergado para el final de la sesión. En este nuevo abordaje, los desarrolladores modificaron su propuesta, solicitando parámetros únicamente para los 103 lotes requeridos por ley.

Una propuesta del concejal Facundo Villalba, que fue incorporada al proyecto, establece que además de los 103 lotes sociales, se ceda un terreno adicional para la futura junta vecinal. Asimismo, el desarrollador se comprometió a equipar completamente la plaza del espacio verde que funcionará como centro recreativo del barrio.

El proyecto finalmente obtuvo dictamen favorable con los votos del oficialismo, mientras que las concejalas Laura Totonelli, Roxana Ferreyra, Julieta Wallace y Natalia Almonacid votaron en reserva. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de que los desarrolladores presenten un nuevo reformulado antes del jueves, que incorpore y ordene todos los aspectos discutidos en la mesa.

El manejo del expediente evidenció cierta improvisación por parte del oficialismo. Las múltiples modificaciones realizadas durante la sesión dejaron el proyecto en un estado que varios concejales calificaron como "desprolijo", con agregados y supresiones que dificultaron su comprensión integral.

La urgencia por aprobar el proyecto antes del receso legislativo fue evidente, ya que de no hacerlo, el tratamiento se postergaría hasta agosto. Esta premura generó dudas sobre la calidad del proceso legislativo y la posibilidad de que el texto final que se vote corresponda efectivamente a lo acordado en comisión.

Los concejales que votaron en reserva manifestaron la necesidad de contar con el proyecto completo y ordenado antes de la votación definitiva, para garantizar que la decisión se tome sobre bases sólidas y con pleno conocimiento del alcance de la normativa que se pretende aprobar.

Los ribetes políticos del proyecto se profundizan al conocerse los tiempos de ejecución. Según el arquitecto Almeyda, representante del desarrollador, las obras de infraestructura para ambos loteos comenzarían en septiembre y demandarían entre 15 y 25 meses para su finalización. Esto significa que los lotes sociales estarían disponibles recién dentro de dos años.

La urgencia del oficialismo por aprobar el proyecto cobra otro sentido en este contexto temporal. "Esos son los apuros de esta gestión: poder entregarlos dentro de su gestión y hasta para negociar y comprar votos en 2027", señala una fuente del gobierno municipal, evidenciando cómo los ciclos electorales condicionan las decisiones urbanísticas.

Esta situación también explica la actitud permisiva del desarrollador ante las exigencias sociales del proyecto. Para la empresa, lo verdaderamente importante es la aprobación de la parte privada del loteo, que representa el negocio rentable, mientras que la parte social funciona como una concesión necesaria para obtener los permisos correspondientes.