jueves 03 de julio de 2025 - Edición Nº140

El Bardo de Siempre | 1 jul 2025

BIEN AHÍ

La Justicia ordena restituir a inspectoras de tránsito que pasaron que irregularmente a disponibilidad

La Cámara del Trabajo de Bariloche dictó una medida cautelar que obliga a la Municipalidad a restituir inmediatamente las funciones, jornada laboral y salario completo a seis inspectoras de tránsito que habían sido pasadas irregularmente a disponibilidad tras una intervención del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM).


Por: Bache3000

Las agentes beneficiadas por la resolución judicial son Lorena Arias, Mirna Arteaga Catalán, Walter Ledesma, Silvia Napal, Alicia Rivas y Cristina Rivas, quienes se vieron afectadas por una decisión municipal que careció de fundamento legal y acto administrativo válido.

La Justicia fue contundente al calificar la medida municipal como arbitraria, destacando que se implementó sin seguir el procedimiento legal correspondiente y sin exponer motivos claros que la justificaran. Esta situación afectó derechos laborales esenciales de las trabajadoras, vulnerando principios básicos del empleo público.

El fallo judicial representa un respaldo importante a la estabilidad laboral de los empleados municipales y reafirma que el debido proceso administrativo constituye un pilar fundamental que debe respetarse en todas las decisiones que involucren al personal público.

La medida cautelar fue promovida por el SOYEM, que actuó en defensa de los derechos de sus afiliadas. La intervención sindical resultó clave para que las inspectoras pudieran acceder a la protección judicial y recuperar sus condiciones laborales. Desde el gremio consideran que cada sentencia favorable constituye un mensaje claro dirigido al Intendente municipal para que "empiece a escuchar a los trabajadores" y respete los procedimientos establecidos en las relaciones laborales del sector público.

La medida cautelar tendrá una vigencia de 30 días y busca evitar perjuicios irreparables a las trabajadoras mientras se resuelve definitivamente la situación de fondo en el expediente judicial. Durante este período, la Municipalidad deberá garantizar el pleno ejercicio de las funciones de las inspectoras, el cumplimiento de su jornada laboral habitual y el pago íntegro de sus salarios, tal como se encontraban antes de la controvertida decisión administrativa.

El caso pone nuevamente en evidencia la importancia del control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo municipal y ratifica que la estabilidad laboral y el debido proceso son derechos irrenunciables, incluso en el ámbito del empleo público.

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