Por: Bache3000

En 2024, Nación debió haber enviado a las provincias un total de $55.000 millones solo en concepto de subsidio al transporte, y tampoco ha repartido los $29.000 millones que lleva recaudados este año. Nada de lo recaudado llega a Río Negro ni a otras provincias, salvo al AMBA.

Actualmente, los únicos usuarios de transporte público que cuentan con el beneficio del subsidio nacional al transporte son los del AMBA, región que recibe $74.000 millones mensuales para sostener el servicio. Esto hace posible que un usuario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pague un pasaje de $546 para recorrer entre 12 y 27 kilómetros, frente a lo que paga un usuario de colectivo en Río Negro: alrededor de $2.000 (incluso con subsidio provincial) para distancias menores.

En 2024, Río Negro destinó más de $3.581 millones para sostener el servicio. Este año tiene comprometido destinar $4.115 millones para mitigar el costo de las tarifas, que se elevan por las distancias y el costo de los insumos. A diferencia de Nación, Río Negro nunca dejó de asistir con fondos al transporte público, superando incluso los aportes que hasta 2023 realizaba Nación. Desde ese año, a Río Negro no llegó nada.

Actualmente, Río Negro subsidia a empresas de corta y larga distancia que realizan recorridos provinciales por más de $2.535 millones anuales, priorizando las de mayor demanda en las zonas Andina y Alto Valle. Y, pese a que no es competencia de la Provincia, también subsidia el transporte urbano en Cipolletti, General Roca, San Antonio Oeste, San Carlos de Bariloche, Sierra Grande, Viedma y El Bolsón por un total de $1.580 millones anuales.

Río Negro lleva adelante toda la infraestructura vial que se ejecuta en la provincia y sostiene con sus propios recursos el servicio de transporte público. Por esta razón, días atrás el Gobernador, Alberto Weretilneck, junto a otros 22 gobernadores, acordó un proyecto de ley para reclamar al Gobierno Nacional el reparto equitativo a las provincias de los fondos del impuesto al combustible.

La iniciativa propone derogar el Fondo para el Sistema de Infraestructura del Transporte, que actualmente se financia con el impuesto al combustible, y establecer un nuevo esquema de distribución: el 43% de lo recaudado quedaría para Nación y el 57% sería distribuido entre las provincias.