Por: Bache3000

Acompañado por el Presidente del Tribunal de Cuentas Estanislao Cazaux y la Asesora Letrada Yanina Sánchez —quienes parecían más bien notarios de una confesión de impotencia—, Cortés presentó diez preguntas que son, en realidad, diez formas distintas de preguntar lo mismo: ¿queremos ser felices? ¿queremos que se acabe la pobreza? ¿queremos calles de oro y unicornios para todos?

El listado es revelador en su obviedad: habilitar Uber y aplicaciones de transporte, extender la emergencia habitacional hasta 2027, ceder el puerto a ex combatientes de Malvinas, aprobar el plan vial, implementar la contribución del turismo, reactivar el paseo Huemul, cortar los sueldos de la comisión directiva del SOEM, construir el natatorio municipal, terminar el centro de convenciones y reemplazar los pinos de la costanera por árboles autóctonos.

¿Quién va a votar en contra de cualquiera de estos puntos? Es como preguntar si queremos que termine la guerra en el mundo o si preferimos la paz universal. El resultado está cantado, pero el costo —varios millones de pesos que Cortés prefiere no precisar— es muy real. Y para asegurarse la participación, anunció que cobrará una multa equivalente a "una bolsa de cemento" a quien no vaya a votar. Democracia a la fuerza: el oxímoron perfecto del cortesismo.

La consulta incluye la extensión de la emergencia habitacional hasta 2027, herramienta que el propio gobierno de Cortés tuvo durante un año completo y con la cual generó exactamente cero lotes. Cero. Ahora quiere que los vecinos voten para dársela de nuevo, como si la voluntad popular pudiera transformar mágicamente la incompetencia en eficiencia.

El tema de Uber es particularmente revelador de la superficialidad del ejercicio. Votar "sí" a las aplicaciones de transporte no garantiza absolutamente nada sobre los requisitos que deberán cumplir los vehículos: carnet profesional, seguros para usuarios, pago de tasas municipales. Esos detalles, esas minucias molestas de la gestión real, quedan para después. La consulta pregunta si queremos el resultado, no cómo llegamos a él.

Lo más patético es que gran parte de estos proyectos ya habían sido presentados por concejales del propio oficialismo y nunca prosperaron. El plan vial, el natatorio, el centro de convenciones, la contribución del turismo: todo estaba en carpetas municipales esperando gestión real. Ahora Cortés los rescata del cajón de los fracasos legislativos y los viste de democracia participativa, como si el problema hubiera sido la falta de consulta popular y no la incapacidad de construir consensos políticos.

"Desde este momento ningún proyecto que esté en estado parlamentario puede seguir", declaró Cortés con la solemnidad de quien anuncia una tragedia griega. Tranquilos: según sus propias palabras, no se pierde mucho. Confesión involuntaria de la vacuidad de su agenda legislativa.

La operación es políticamente hábil pero éticamente cuestionable. Cortés arrastra a toda la ciudad a las urnas para que vote lo que él mismo no pudo o no supo hacer. Es la tercerización de la responsabilidad política: si algo sale mal, será culpa del pueblo que votó a favor. Si no se implementa, será por obstáculos burocráticos o judiciales que "el pueblo" no previó.

El caso de los pinos de la costanera es emblemático: existe un amparo judicial de más de diez años, pero Cortés sostiene que si la gente vota a favor, "el amparo queda sin efecto". Parece desconocer que la justicia no se maneja por referéndum y que "el único que lo puede levantar es el mismo que lo dictó, que es el Poder Judicial", como él mismo admitió.

Ante las críticas de concejales como Roxana Ferreyra, Cortés responde con el argumento más gastado del populismo: "¿Por qué le tienen miedo a la democracia?" Como si cuestionar la utilidad de gastar millones en preguntas obvias fuera antidemocrático, y no exactamente lo contrario: defender el uso responsable de los recursos públicos.

La fecha elegida,semanas de las elecciones nacionales, tampoco es casual. Cortés necesita mostrarse como el adalid de la participación ciudadana en un momento en que su gestión está bajo escrutinio. La consulta popular se convierte así en una costosa operación de marketing político, financiada con recursos que podrían destinarse a resolver los problemas reales de la ciudad.

El intendente cerró su discurso hablando de estar "del lado de la gente", pero lo que propone es exactamente lo contrario: trasladar a los vecinos la responsabilidad de decidir sobre temas que él debería resolver con eficiencia y sin espectáculo. Porque gobernar no es hacer preguntas; es dar respuestas. Y Cortés, al parecer, se quedó sin ellas.

Así las cosas, el 9 de noviembre Bariloche tendrá su circo democrático. Los vecinos irán a votar por la felicidad universal, bajo amenaza de multa (una bolsa de cemento, real chicos), y Cortés podrá decir que cumplió con la voluntad popular. Mientras tanto, los problemas reales seguirán esperando a alguien que sepa gobernar de verdad.

 

(Producción: Martín Pargade)