Por: Bache3000

Durante su intervención en el Concejo Deliberante, Almonacid, quien se define como politóloga y militante política, fue categórica: "Como politóloga y militante política jamás estaría en contra de un mecanismo de participación ciudadana, pero no puedo dejar de señalar el desconocimiento y la liviandad con la que el señor intendente, su asesora letrada y el presidente del Tribunal de contralor han tratado este tema".

La concejal explicó que, si bien el artículo 163 de la Carta Orgánica establece que el gobierno municipal puede llamar a referéndum cuando lo considere oportuno, esto debe articularse con el artículo 38 inciso 14, que establece claramente como atribución del Concejo Deliberante "someter los casos que considere a referéndum popular". "La conferencia de prensa demuestra que no han leído la carta orgánica íntegramente o que si la leyeron solo leyeron lo que le convenía", señaló.

Almonacid también cuestionó la presencia del presidente del Tribunal de Contralor en la conferencia de prensa, argumentando que dicho organismo no tiene competencia alguna en procesos de referéndum según los artículos 58 y 59 de la Carta Orgánica. "En ninguno de ellos se menciona participación alguna en referéndum popular. En cambio, sí lo hace el 38 inciso 14 como atribuciones del concejo deliberante", precisó.

La legisladora calificó las preguntas propuestas como "tribuneras" y que responden "más a una necesidad política que a un verdadero interés democrático". Utilizó una metáfora para ilustrar su posición: "Es como que yo le preguntara a la ciudadanía si quiere ir de viaje a un crucero. Yo creo que el sí ganaría ampliamente. Pero si después le digo que cuando vuelva yo le vendí la casa y va a tener que vivir en la calle, creo que más de uno lo pensaría. Así quieren manipular al electorado".

Uno de los puntos más críticos fue el desconocimiento del costo que tendría el referéndum. Según cálculos de Almonacid, basándose en datos de la elección municipal de 2019, el proceso costaría aproximadamente 61 millones de pesos actualizados a mayo de 2025. "Con esos 61 millones se podrían refaccionar de forma íntegra de 6 a 7 cuadras, comprar de 1 a 2 colectivos usados o mini buses nuevos para las colonias municipales, o renovar más de 3 a 4 plazas completas con juegos nuevos y luminarias LED", detalló.

La concejal recordó que había propuesto alternativas para algunos de los temas incluidos en el referéndum, como la implementación de una contribución al turismo similar a la aplicada en Capital Federal, que solo abonan los turistas extranjeros. "No solo no avanzaron en ese proyecto, sino que ni siquiera investigaron la experiencia que les aporté", lamentó.

Durante su intervención, Almonacid citó información proporcionada por el concejal Hugo Cejas, según la cual desde el inicio de la gestión de Walter Cortés, solo el 15% de los proyectos ingresados en el Concejo fueron presentados por el Ejecutivo o el oficialismo. "Eso deja una evidencia que el problema no es el Concejo y sus debates, sino la incapacidad del Ejecutivo de concretar una idea en una norma y obviamente de conseguir consensos", concluyó.

La concejal también se refirió a ataques personales que habría recibido por parte de choferes de Uber, quienes la acusaron de defender intereses particulares alegando que su padre era taxista. Almonacid desmintió categóricamente esta información, explicando que su padre trabajó 38 años en hotelería y gastronomía y se jubiló hace dos meses.

La legisladora concluyó su intervención señalando: "Este referéndum demuestra la incapacidad del intendente de resolver los conflictos sociales. Lo que planteó ayer es sumamente irresponsable". Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de participar si se cumple con la normativa: "Si desean ir adelante con un referéndum, que lo hagan conforme a la normativa vigente, de lo contrario, claramente no pienso participar de un referéndum inconstitucional".

La posición de Almonacid refleja las tensiones existentes entre el Ejecutivo y sectores del Concejo Deliberante respecto al correcto procedimiento para implementar mecanismos de participación ciudadana en San Carlos de Bariloche.