Por: Bache3000

La concejal Laura Totonelli presentó un análisis estadístico que reveló el bajo rendimiento legislativo del oficialismo. Según los datos expuestos, el bloque del intendente Cortés y el PUL, que representa el 27% de los concejales, solo presentó el 13% del total de proyectos en el período analizado. "En 18 meses presentaron 1,83 proyectos de ordenanza por mes, es decir, dos proyectos por mes", señaló Totonelli, quien agregó que 29 de los 48 proyectos presentados por el oficialismo siguen sin tratamiento.

La edil criticó duramente la falta de diálogo político del Ejecutivo. "Cero veces vinieron los miembros del oficialismo a visitar mi oficina para ver qué opino de tal tema, qué me parece, cómo lo podemos resolver", expresó, denunciando la ausencia de construcción de consenso. También cuestionó que muchos proyectos dictaminados por asesoría letrada no reciben los reformulados necesarios para avanzar en su tratamiento.

Respecto al referéndum propuesto, Totonelli lo calificó como una estrategia política que mezcla "temas complejos con cuestiones de bajo conflicto" y consideró que desnaturaliza este instrumento democrático. "La carta orgánica prevé este referéndum como un mecanismo excepcional de democracia directa para casos de trascendencia colectiva, no para resolver cuestiones operativas administrativas del día a día", argumentó. Además, criticó la propuesta de multar con dinero y una bolsa de cemento a quienes no voten, calificándola de "coercitiva".

Por su parte, la concejal Roxana Ferreyra expresó estar "entre la sorpresa y la vergüenza" por el anuncio del intendente. Denunció contradicciones en el discurso sobre democracia participativa, recordando que Cortés no convoca al Consejo de Presupuesto Participativo pero ahora quiere realizar un referéndum. "Cuando hubo aumento de colectivo, le importó un pito lo que opinaban los vecinos", señaló, contrastando esta actitud con la actual propuesta de consulta.

Ferreyra rechazó categóricamente la afirmación del intendente sobre que el Concejo "pone palos en la rueda", citando múltiples aprobaciones por unanimidad. "Hoy estamos por aprobar un loteo social, este Concejo por unanimidad le votó el presupuesto para el natatorio olímpico, que ya lleva ejecutado 27.8 millones de pesos", ejemplificó. También mencionó la aprobación del presupuesto municipal, la emergencia vial y el plan de asfalto.

La concejal denunció graves problemas de gestión, incluyendo el pago de un millón de dólares a una empresa inexistente y funcionarios que "no funcionan". Citó el caso de la directora de discapacidad, quien "está desaparecida, no contesta el teléfono, no manda correos" en un momento crítico donde las personas con discapacidad deben renovar sus certificados.

El concejal Costa Brutten fue aún más contundente en sus críticas, calificando al intendente de realizar "todo tipo de agravios" y "mentir sistemáticamente". Señaló que no existe resolución administrativa ni proyecto de ordenanza que respalde el referéndum anunciado, y acusó al mandatario de buscar "impunidad" para evitar los procedimientos institucionales normales.

Brutten argumentó que varios de los temas propuestos para el referéndum pueden resolverse por vía administrativa. "La prohibición de Uber está en el Ejecutivo a través de una resolución, si realmente quiere que Uber funcione, lo único que tiene que hacer es dejar sin efecto una resolución", explicó. También recordó que la ecotasa fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, cuestionando su inclusión en la consulta.

El edil anunció que el Concejo presentará un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia por conflicto de poderes, argumentando que el intendente pretende arrogarse facultades del Deliberante. "A mí me eligieron para ser concejal por cuatro años y mi facultad me la dieron a mí, al intendente le dieron otras facultades", declaró.

Brutten también cuestionó la presencia del presidente del Tribunal de Contralor en la conferencia de prensa junto al intendente, considerándolo un "hecho extraordinariamente grave" que genera un conflicto institucional. "Ahora va a tener que determinar administrativamente su intervención", advirtió.

Las críticas de los concejales reflejan una profunda crisis en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, con acusaciones cruzadas sobre la efectividad de la gestión y el respeto a las instituciones democráticas. El debate sobre el referéndum propuesto parece haber profundizado las diferencias políticas en el Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche.